Ciudad de México. – En el marco de los 10 años de la primera emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), declarada en julio de 2015 por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el estado de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) se pronunció tras la innegable prevalencia de violencia de género en contra de las mujeres en esa entidad y en la República.
“El país está colapsado en violencia contra las mujeres y hablamos de violencia que se sale de los ámbitos domésticos, hay estados en los que no se ha decretado alerta porque las organizaciones dijeron “no nos vamos a poner en riesgo” porque el mecanismo no nos protege”. – Ma. De la Luz Estrada
Las cifras avalan la declaración de Luz Estrada, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de 2025 se registraron al menos 33 casos de feminicidio en el estado de México, representando el 10 por ciento de los 338 casos de feminicidio registrados a nivel nacional.
Aunado a las cifras de Prevalencia de violencia contra las mujeres de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares que estima que en el estado de México el 78.7 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia.
En el foro realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, ilustró el camino recorrido para que existiera la AVGM, aunado a las deficiencias del mecanismo por una mala práctica en la metodología por parte de los Estados
Una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de respuesta en contra de la violencia feminicida (la forma más extrema de violencia contra las mujeres). Se trata de un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, en el que se implementan una serie de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno para enfrentar esta violencia en un territorio determinado.
México, es el único país en el mundo con un mecanismo de protección específico para mujeres, esto como una medida sustantiva ante la constante de violencia que viven las mujeres en el país; pero para que fuera una realidad tuvieron que pasar 8 años, es decir, desde 2007 se solicitó un mecanismo que atendiera los casos de violencia de género en contra de las mujeres, pero fue en 2010 cuando el estado de México lo solicitó y finalmente en 2015 se materializó.
“Nos tuvimos que amparar, y eso es importante recordarlo, porque cuando se hace un recuento de la alerta no se acuerdan de los obstáculos; que las propias autoridades impedían que se investigaran a los estados, con eso nació la alerta (AVGM), de no querer investigar qué es lo que estaba poniendo en riesgo la vida y la integridad de las mujeres”. – Ma. De la Luz Estrada
El estado de México fue el primer estado imputado con la AVGM por violencia feminicida abarcando 11 municipios: Chimalhuacán, Chalco, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco. La entidad tiene dos alertas decretadas; en octubre de 2019 se declaró la segunda por desaparición en 7 municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco.
Luego de una década de la primer AVGM, el estado de México sólo se ha evaluado con tres informes, mientras que lo óptimo sería rendir dos reportes al año, según la directora del OCNF, por ello la violencia en contra de las mujeres persiste.
Así lo demuestran las cifras, en 2024, el estado de México ocupó el primer lugar en feminicidios con 54 casos registrados, en relevancia de actualidad, iniciando el 2025, en dos meses ya se habían registrado 102 casos de feminicidio en el país, de los cuales 11 habían ocurrido en Edomex.
Panorama de la AVGM en México
De acuerdo con el informe sombra Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación, entre 2013 y 2025 se han presentado 56 solicitudes de AVGM, de las cuales se admitieron 41 solicitudes y solo se han emitido 26 declaratorias de alerta de género, para 24 estados:
Dos en el estado de México (una por violencia feminicida y otra pos desaparición), Nuevo León, Morelos Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California, Estado de México (por desaparición) y Ciudad de México (declarada por el Gobierno Local).
En contraste, en 10 estados se determinó la improcedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, siendo en Tabasco denegada por segunda ocasión: Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Sonora, Yucatán, Coahuila, Ciudad de México y Tabasco.
En 5 estados se encuentran en alguna etapa del proceso de AVGM, Sonora (segunda solicitud violencia feminicida), Chihuahua (violencia feminicida), Ciudad de México (con la segunda solicitud por violencia feminicida), Tlaxcala (violencia feminicida) y Baja California (segunda solicitud violencia feminicida).
En 4 entidades están en proceso de determinación para la declaratoria de Alerta siendo Puebla (desaparición), Veracruz (desaparición), Sonora (AC) y Coahuila (VF).
En cuanto a las solicitudes de ampliación de la AVGM, solo hay un procedimiento, que es el caso de Nuevo León y acerca de los estados que no han tenido algún proceso activo de solicitud de AVGM están Aguascalientes, Hidalgo, Tamaulipas y Baja California Sur.
Para la Ciudad de México, el 7 de junio de 2019 la SEGOB a través de la CONAVIM emitió improcedencia de la AVGM; sin embargo, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, declaró la alerta el 21 de noviembre de 2019, siendo esta una decisión del ejecutivo de la capital.
Resulta importante que recordar que la AVGM sufrió de cambios estructurales ante el lanzamiento de la Secretaria de las Mujeres (Semujeres), pues ahora este organismo asumió la responsabilidad de gestionar las Alertas a través de la Dirección General de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencia (Art. 15 del Reglamento Interior de la Secretaría, DOF 15/11/2024) poniendo en relieve que, «la continuidad y eficacia de las AVGM dependen de la capacidad de la nueva Secretaría para coordinar acciones con otras dependencias y niveles de gobierno, así como de la asignación adecuada de recursos para su implementación», según apuntó un informe sombra.
Con la eliminación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) para dar lugar a la Semujeres, la nueva reestructura vulneró el enfoque garantista de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) «al debilitar objetivos clave como la protección de la vida, integridad y acceso a justicia para mujeres, niñas y adolescentes», así como la omisión de disposiciones presupuestarias para implementar la AVGM, limitando su efectividad.
“Hasta el día de hoy, les puedo decir la CONAVIM, la llamada Secretaría de la Mujer no tienen un equipo experto el cual requieren para 26 declaratorias en 24 estados. Se requiere dar acompañamientos técnicos, son temas graves”. – Ma. De la Luz Estrada
Deficiencias en la articulación y coordinación de la AVGM
Aunque la legislación nacional establece un marco normativo que regula la AVGM para agilizar su proceso, los esfuerzos entre los niveles de gobiernos son desiguales. Uno de los principales obstáculos es la coordinación efectiva entre la federación, los estados y los municipios que fragmentan la implementación de medidas recomendadas.
Estados como Colima, Guerrero y Durango, los programas estatales y municipales no se alinean con las acciones establecidas en la declaratoria de AVGMA debido a la escasa articulación institucional como la limitada capacidad operativa de los municipios quienes no cuentan con personal capacitado, recursos o presupuesto suficiente.
A esto se suma la falta de voluntad política en gobiernos locales que impide a los programas trascender más allá de lo discursivo. La alternancia política y los cambios administrativos interrumpen los esfuerzos iniciados, así como la falta de coordinación con mecanismos estatales en municipios. Como resultado, muchas acciones quedan sin ejecutar o aplicarse de manera ineficiente.
La falta de conocimiento de los decretos de AVGM por parte de las autoridades locales y la carencia de formación en perspectiva de género, refuerzan la ineficacia de las políticas diseñadas para prevenir la violencia feminicida.
“Sigue fallando la metodología de la investigación, se tiene que seguir afinando esa metodología, que tienen que participar expertas que no sólo son académicas, sino también defensoras que estén en territorio y que conozcan la problemática”. – Ma. De la Luz Estrada
Algunos estados como Zacatecas han logrado avances importantes, pero se trata de logros parciales que no están acompañados por el respaldo presupuestal o estrategias de implementación, mientras que algunos otros estados han destacado de forma negativa tras panoramas poco favorecedores como es el caso de Chihuahua donde hay precariedad en los servicios de justicia, falta de programas municipales y violencia generalizada marcada por el crimen organizado, la impunidad y revictimización institucional hacia las mujeres.
En Coahuila identificaron problemáticas específicas como la alta tasa de maternidad infantil y adolescente y la falta de bancos de datos estatales que centralice la información sobre violencia de género.En Edomex está ineficiencia en el sistema de justicia ante falta de diligencias en las investigaciones, uso indebido de figuras como la conciliación entre víctimas y agresores.
En Veracruz, hay una situación mixta en donde hay reapertura de expedientes y fortalecimiento de registros de violencia, así como deficiencia en investigaciones de feminicidios y homicidios dolosos.
Recordemos que una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un mecanismo de respuesta en contra de la violencia feminicida (la forma más extrema de violencia contra las mujeres). Se trata de un compromiso con los derechos humanos de las mujeres, en el que se implementan una serie de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno para enfrentar esta violencia en un territorio determinado y esta denuncia del OCNF pone el foco la situación que está presentándose en el país, así como en las autoridades de la Secretaría de las Mujeres quienes tienen la responsabilidad de hacerlas valer.
