Ciudad de México.– En la mesa “Lineamientos para políticas de cuidado desde una perspectiva de género, territorial e interseccional”, realizada en el marco de la XVI Conferencia Regional, se subrayó que la crisis climática tiene un impacto desigual, afectando con mayor dureza a las mujeres en comunidades indígenas, donde el despojo territorial y el desplazamiento forzado se suman a los riesgos que enfrentan quienes defienden la tierra y los recursos naturales.
Tarcila Rivera Zea, defensora en el reconocimiento de las culturas y los pueblos indígenas de Perú, señaló que son principalmente las mujeres indígenas quienes asumen las labores de cuidado y la defensa de la madre tierra, aplicando tanto sus conocimientos y prácticas ancestrales como sus innovaciones, a pesar de las múltiples amenazas que enfrentan.
Cabe destacar que las mujeres defensoras de la tierra enfrentan un triple riesgo: por ser mujeres, por pertenecer a comunidades indígenas y por su labor como defensoras. De acuerdo con IM-Defensoras, entre 2012 y 2024 se documentaron 9 mil 629 agresiones contra defensoras y organizaciones que protegen la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica, periodo en el que fueron asesinadas 35 mujeres defensoras ambientales.
Esto se da ante un escenario de crisis climática que genera impactos devastadores en todo el planeta, afectando especialmente a los territorios y pueblos indígenas, donde las mujeres y niñas son las más vulnerables. Explicó que esta crisis es consecuencia de un modelo económico basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, que se ve agravado por amenazas como la invasión de industrias extractivas, los agronegocios sustentados en monocultivos, el uso de agrotóxicos, semillas transgénicas y variedades resistentes artificiales, así como la deforestación, la contaminación, el narcotráfico y el tráfico de tierras.
Al hablar de cuidados, explicó Rivera, no solo se debe pensar en los que se brindan a las familias y comunidades, sino también en aquellos orientados a la defensa, protección, gestión y recuperación del territorio: los ecosistemas terrestres y marinos, los ríos, los nacimientos de agua, las semillas y la biodiversidad.
Esta situación, sumada a la pobreza ambiental, acelera la pérdida de la diversidad biológica y cultural, afectando negativamente la economía, la seguridad y la soberanía alimentaria, así como el acceso al agua y a tierras cultivables. También repercute gravemente en la salud física y mental de las mujeres campesinas e indígenas, tanto en zonas urbanas como rurales.
Pese a este panorama y a las supuestas medidas contra la crisis climática, se denunció que algunos Estados imponen o permiten acciones que limitan el acceso a áreas de conservación, negocian proyectos de créditos de carbono y energías renovables en territorios indígenas sin el consentimiento de las comunidades.
¿Qué se está haciendo en la región?
Los países de América Latina y el Caribe han desarrollado una herramienta pionera en el ámbito de la protección ambiental y los derechos humanos, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de la región. El Acuerdo de Escazú constituye un avance fundamental para garantizar el derecho de todas las personas a acceder a la información y participar en políticas, proyectos y decisiones en asuntos ambientales que afectan directamente a la población, con un énfasis especial en las mujeres.
No obstante, la crisis climática continúa impactando de manera devastadora a múltiples territorios de la región. La Delegación de Colombia señaló que actualmente enfrenta una policrisis que combina cambio climático, pérdida de biodiversidad, contaminación y precarización de los trabajos de cuidado.
Frente a este escenario, enfatizaron que las cuidadoras ambientales también deben ser consideradas sujetos y beneficiarias de las políticas de cuidado, mientras que el ambiente debe ser reconocido como un sujeto de cuidado. Por ello, las políticas de cuidado deben incluir dimensiones como el cuidado rural, ambiental, comunitario, del territorio, espiritual y ancestral, especialmente relevante para los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En este contexto, la Delegación de Colombia destacó que la semana pasada se logró acordar con los pueblos indígenas la realización de la consulta previa, conforme al Convenio 169 de la OIT, para el Sistema Nacional de Cuidados. Este sistema será el primero en someterse a consulta previa con pueblos indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de garantizar que incorpore de manera efectiva sus visiones, saberes y necesidades.
A la par, la Delegación de México coincidió en que las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y jóvenes han sido históricamente guardianas de la vida y la naturaleza, pero enfrentan una doble carga: realizan hasta tres veces más trabajo no remunerado que los hombres y, al mismo tiempo, lideran la defensa de territorios, la gestión del agua, la agricultura sostenible y la transmisión de saberes ancestrales frente a los efectos del cambio climático.
Además, subrayó que la crisis climática no es neutral, ya que profundiza las desigualdades, agrava la pobreza y multiplica las tareas de cuidado, especialmente en comunidades vulnerables. Por ello, México afirmó que construir sistemas de cuidado resilientes al cambio climático es clave para garantizar derechos y fortalecer comunidades, lo que requiere inversión suficiente, datos desagregados, participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y cooperación regional para compartir conocimientos y buenas prácticas.
Asimismo, la Delegación de Guatemala, junto con autoridades y liderazgos sociales, destacó que dos derechos fundamentales, el derecho al cuidado y el cuidado de la tierra, no pueden separarse, ya que existe una sinergia entre ambos. Señalaron que, si no se protege el planeta, será imposible cuidar de las personas; y que, sin garantizar el derecho al cuidado, el tejido social que sostiene a las comunidades continuará debilitándose.
Para que este cambio sea real y sostenible, Guatemala considera indispensables ciertos aceleradores: marcos legales inclusivos, educación equitativa, políticas integradas que unan lo social y lo ambiental, innovación y, sobre todo, una movilización social que valore el cuidado en todas sus formas.
