Ciudad de México.- Este pasado fin de semana se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Bolivia cuyos resultados favorecieron a dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga, quienes se disputarán el triunfo el próximo 19 de octubre de este año, lo que marca un momento histórico para el país latinoamericano, puesto que da fin a 20 años de gobernanza de la izquierda.
Ambos candidatos se perfilan a una siguiente vuelta pero no han presentado ninguna agenda enfocada en derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en Bolivia quienes representan la mitad de la población alcanzando los seis millones, por el contrario, sus propuestas han endurecido la agenda conservadora.
Por ejemplo, Rodrigo Paz tiene un proyecto llamado ‘Capitalismo para Todos’, un establecimiento que tendrá complejidad de adaptar en un país cuya población indígena es del 40% y donde existen 36 pueblos reconocidos siendo el Quechua y el Aymara en los Andes occidentales quienes tienen una cosmovisión ajena al sistema capitalista.
Además, Paz, ha reiterado en constantes apariciones pública su prioridad de retomar la relación con Argentina, es decir, de ganar la presidencia estrecharía lazos con Javier Milei tras años de una relación que estuvo rota por la izquierda boliviana de Evo Morales.
Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, este hombre conservador y considerado neoliberal ha planteado en su campaña que implementará un recorte del gasto público no visto antes en ese país y ha mencionado que sería al estilo de Milei.
Este giro político ha despertado una alerta sobre posibles retrocesos en materia de derechos humanos en favor de las mujeres bolivianas, ya que históricamente han enfrentado barreras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y en estas elecciones denunciaron que durante las campañas electorales los candidatos se centraron en la crisis económica y política que atraviesa el país y evitaron dar agenda para erradicar la violencia que viven las mujeres, niñas y adolescentes, pese a la alza de casos de feminicidio que enfrentan.
Según datos de la Fiscalía General de Estado de Bolivia, el primer trimestre de este 2025, reportó que tenían registrados 19 casos de feminicidio y seis infanticidios, siendo el departamento de La Paz el que más casos acumula. Aunque ese país tiene la Ley 348 el cual castiga este tipo de violencia contra mujeres, no es suficiente para erradicarla.
Otro tema de relevancia son los derechos sexuales y reproductivos, en Bolivia, porque el aborto sigue restringido, solo es legal en casos de violencia sexual, incesto y riesgo inmediato para la salud o la vida de la mujer, dispuesto en el articulo 266, capitulo 2 del Código Penal, modificado por última vez en el año 2014.
Por lo que estas restricciones han mantenido consecuencias graves, hoy en Bolivia, el aborto es la tercera causa principal de muerte materna, aproximadamente de 30 a 40 mil mujeres abortan cada año, la mayoría lo hacen de manera clandestina y en condiciones inseguras para su salud, además se tiene un registro de 538 defunciones de mujeres a consecuencia de complicaciones durante el embarazo, parto y post parto, según el Estudio de Mortalidad Materna de Bolivia del 2011.
Las mujeres que se encuentren bajo las causas señaladas tienen el derecho de acudir a establecimientos de salud públicos y solicitar el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pero con documentos que acredite su situación, por ejemplo: una copia de la denuncia realizada ante algunas de las fiscalías o autoridad, o bien, un diagnóstico médico que indique la situación de riesgo del embarazo.
Si no es el caso, el aborto es castigado de seis meses a dos años de prisión, indica el artículo 265 del Código Penal de Bolivia.
«Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con consentimiento de aquella, se impondrá reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte.
ARTICULO 265
Por otra parte, la agenda país «por una Bolivia con igualdad» desde las miradas de las mujeres, documento elaborado por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, que se enfoca en cinco pilares: justicia económica y sociedad del cuidado; justicia ambiental con justicia de género; justicia social y una sociedad sin violencias; autonomía del cuerpo: derechos sexuales y derechos reproductivos y democracia paritaria e intercultural; manifestaron que aún persisten grandes problemáticas que afectan la salud y vida de las mujeres, como las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna derivadas del embarazo infantil o adolescente y el aborto inseguro.
Según sus datos en el año 2023 se registraron 35 mil 508 embarazos en adolescentes, es decir, aproximadamente 91 menores de 19 años resultan embarazas por día en Bolivia, muchos de estos casos como consecuencia de violencia sexual.
En cuanto a matrimonios adolescentes, el informe defensorial “Sueños Interrumpidos», publicado en el 2024 reportó la prevalencia del matrimonio infantil o unión forzada temprana y estimó que 2 mil 344 adolescentes se casaron o unieron antes de los 15 años, lo que sugiere una posible conexión entre el embarazo adolescente y el delito de violación sexual, puesto que la violencia sexual es el segundo delito que mayor prevale en Bolivia, y sus principales víctimas son niñas, niños y adolescentes, según la Coordinadora de la Mujer.
Por ello, más de 50 colectivas feministas exigen eliminar barreras legales y administrativas para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, además, aplicar las recomendaciones de la Sentencia de 18 de noviembre de 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde pide al Estado boliviano modificar el código penal en lo relacionado a estupro, incesto y falta de consentimiento en casos de violencia sexual.
Ante estas crisis que afectan directamente a las mujeres, feministas de Bolivia denunciaron que durante las campañas electorales que se llevaron a cabo en este año, los candidatos se centraron en propuestas sobre la crisis económica y política que atraviesa el país y no propusieron de manera íntegra soluciones para atender las problemáticas que afectan a las mujeres, pese a la alza de feminicidios, embarazos adolescentes y violencia de género.
Hay que recordar que Cimacnoticias ya había documentado la violencia contra mujeres periodistas al documentar en Bolivia que en 2022, se registraron 202 vulneraciones a la libertad de prensa, tres veces más que en 2021. El 37% de los casos fue por agresión a periodistas, el 12% por estigmatización, el 9% por amenazas, el 6% por criminalización. 35 denuncias fueron reportadas por mujeres periodistas. Los casos van en aumento y la impunidad también.
Bolivia. Violencia e impunidad amenazan con silenciar voces de mujeres periodistas
Violencia Política
El observatorio de género de la Coordinadora de la Mujer en Bolivia, señaló que durante la jornada electoral 2025 existieron cinco casos de acoso y violencia contra candidatas a la presidencia, los cuales fueron expresados a través de discursos de odio y ataques mediante redes sociales y medios de comunicación, lo cual mantuvo en riesgos dos candidaturas de mujeres.
Tal es el caso de Eva Copa Murga, actual alcaldesa de El Alto, y quien fue candidata a la presidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), durante su candidatura fue víctima de violencia digital, donde atacaban directamente su vida íntima y cosificando su cuerpo, según el monitoreo de la Coordinadora de la Mujer se identificaron expresiones que trascendieron el discurso violento y ejerciendo violencia política extrema, lo que constituyen delitos graves, mencionaron.
Además, enfrentó ridiculización constante y dudas sobre su capacidad para gobernar asociadas a su vida personal, a su género, edad, clase y etnicidad, con el uso de términos como “imilla” o “campesina” en el marco de discursos discriminatorios, misóginos, racistas y de odio.
Según ONU Mujeres, Bolivia fue uno de los primeros países de la región en contar con la Ley Contra el Acoso y Violencia Política, que fue elaborada con el objetivo de garantizar el ejercicio de derechos políticos a través de la eliminación de los actos de acoso y violencia política que experimentan las mujeres. A pesar de que es un avance importante, aún persisten obstáculos para su implementación que dificultan la consolidación de una democracia paritaria, mencionó.
En este escenario, la llegada de un gobierno de derecha genera incertidumbre sobre la continuidad de políticas públicas con enfoque de género, considerando que durante estos años de gobierno de izquierda ha sido difícil obtener garantías para el libre acceso a una vida sin violencias de las mujeres, en esta ocasión con gobiernos conservadores se pone en alta vulnerabilidad los derechos de las mujeres, en especial los de las indígenas, migrantes y empobrecida.
