Ciudad de México.- En México persiste una crisis de desapariciones forzadas que no solo golpea a la población en general, sino que impacta de manera particular a mujeres defensoras y periodistas, quienes enfrentan riesgos diferenciados que incluyen amenazas, violencia sexual y hostigamiento por su labor. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado cada 30 de agosto, resulta fundamental nombrarlas y recordarlas.
De acuerdo con el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), desde el 1 de enero de 2016 han sido asesinadas o desaparecidas 63 personas defensoras, periodistas y colaboradores de medios vinculados a esta labor: 15 mujeres y 48 hombres. De ellos, 17 eran personas indígenas; en cuanto a su profesión, 37 se dedicaban a la defensa de derechos humanos, 25 al periodismo y una persona era colaboradora.
El Espacio OSC está conformado por ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (RedTDT); Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados (SMR); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI) Proyecto México.
El organismo también documentó el asesinato de 25 personas buscadoras y la desaparición de otras siete, de las cuales tres permanecen sin ser localizadas. Por su parte, Amnistía Internacional reportó en julio de 2025 el homicidio de 15 mujeres buscadoras entre 2014 y 2025. Los estados de Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Michoacán, Sonora, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas concentran los mayores índices de violencia, criminalización e impunidad en torno a la desaparición forzada.
Las desapariciones de defensoras, periodistas y buscadoras no son hechos aislados. Se relacionan con su labor de acompañamiento a víctimas, así como con las denuncias de corrupción e impunidad del Estado, lo que las convierte en blanco de múltiples riesgos. Una vez reportada la ausencia, las familias suelen enfrentar hostigamiento y respuestas institucionales insuficientes para localizar a sus seres queridos y garantizar justicia, verdad y no repetición, señaló el Espacio OSC.
El panorama es devastador: de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), al 29 de agosto de 2025 sumaban 133 mil 61 personas desaparecidas, de las cuales 30 mil 259 son mujeres de todas las edades.
Las desapariciones de mujeres ocurren en un contexto diferenciado por razones de género. Aunque en términos numéricos desaparecen menos mujeres que hombres, ellas tienen menos probabilidades de ser localizadas. La mayoría son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
En diez entidades del país desaparecen más mujeres que hombres: Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
| Estado | Mujeres | Hombres |
| estado de México | 32 mil 814 | 30 mil 881 |
| Tabasco | 2 mil 955 | 2 mil 222 |
| Aguascalientes | 3 mil 598 | 3 mil 274 |
| Campeche | mil 21 | 828 |
| Chiapas | 4 mil 499 | 4 mil 310 |
| Oaxaca | 2 mil 418 | mil 917 |
| Hidalgo | 3 mil 374 | 3 mil 363 |
| Yucatán | 4 mil 318 | 2 mil 789 |
| Puebla | 9 mil 392 | 8 mil 883 |
| Tlaxcala | 980 | 849 |
La crisis de mujeres desaparecidas se agrava cada día, pues las capacidades técnicas, recursos humanos, materiales e infraestructura del Estado en materia forense son insuficientes. Esto ha derivado en una crisis forense, con 72 mil 100 cuerpos sin identificar, según Amnistía Internacional.
En mayo de 2019, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció esta situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que un grupo de buscadoras denunciara la existencia de un gran número de restos humanos sin identificar y la falta de instituciones capaces de atender lo que denominaron “crisis forense”.
Sandra Domínguez e Irma Galindo, desaparecidas por su labor como defensoras
El primer caso que ejemplifica la desaparición de mujeres defensoras y periodistas es el de la abogada feminista de la comunidad mixe en Oaxaca, Sandra Estefanía Domínguez, quien desapareció el pasado 4 de octubre de 2024 y fue encontrada sin vida el pasado 24 de abril de 2025. Anteriormente a su desaparición, evidenció al coordinador de Delegados de Paz Social, Donato Vargas Jiménez por estar relacionado en grupos de corte sexual donde se compartían fotografías y videos de mujeres mixes. Además de pedir la destitución de Donato Vargas, solicitó a Salomón Jara tomar acciones sobre el caso.
La Red de Mariposas de Mujeres Mixes también señalaron al gobernador de Oaxaca por incumplir sus promesas sobre el caso, puesto que cuando Sandra Domínguez hizo público los grupos de corte sexuales, él no dio seguimiento sobre la responsabilidad de Donato Vargas. En 2022, la organización acusó a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, por haber incumplido sus promesas, pues al momento de que la abogada expuso los grupos de corte sexual, dio su palabra de investigar el caso y dar el seguimiento pertinente sobre el funcionario.
El cuerpo sin vida de Sandra Domínguez fue hallado en el rancho La Ceiba, un espacio de 20 hectáreas, ubicado en Unión Progreso Tatabari, Carpa, Veracruz, a 34 kilómetros donde fue vista por última vez. Su identidad se confirmó gracias a que una de sus hermanas era su odontóloga, por lo que conocía las características de la parte maxilofacial de su boca, además identificó las prendas y accesorios que traía consigo.
De acuerdo con el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, la línea de investigación que se siguió fue el del enfrentamiento entre dos grupos criminales, en el que presuntamente participaba Alexander, la pareja de la abogada. De esta manera, en octubre de 2024 ambos fueron vistos por última vez con vida en María Lombardo de Casa Cotzocón; sin embargo, desaparecieron en San Felipe de Sinaloa, Tepic, lugar donde fue encontrada su camioneta.
Reportaje Especial. Sandra Domínguez, la defensora indígena oaxaqueña – cimacnoticias.com.mx
Por otro lado, Irma Galindo -quien denunció la tala ilegal en el municipio de San Esteban Atatlahuaca, Oaxaca, y desapareció cuatro días después del hecho- es otra de las mujeres defensoras a quien desaparecieron por su labor. La última vez que fue vista con vida fue cuando pensaba viajar a la Ciudad de México para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del que era beneficiaría; sin embargo, nunca llegó a la reunión.
El 27 de octubre de 2021, mismo día en que desapareció, se conectó a sus redes sociales para denunciar el conflicto que vive el pueblo de Ñuu Savi y señaló que el gobierno del estado de Oaxaca efectuaba desplazamientos de las comunidades vulnerando así a los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji, quienes a su vez habían enfrentado ataques armados, quemas de sus casas y asesinatos.
No obstante, desde 2018 la defensora estaba enfrentando intimidación por parte de servidores públicos, junto con hostigamientos, persecuciones, campañas de difamación, amenazas de muerte relacionados con su labor como defensora de los bosques en el municipio de San Esteban Atatlahuca, por ello también había denunciado la tala ilegal ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La desaparición de Irma Galindo coincide con los ataques armados en los pueblos de San Esteban Atatlahuca que obligaron a cientos de personas a abandonar sus hogares, y decenas de niñas, niños, mujeres y personas de la tercera edad, a permanecer en un campamento improvisado en la comunidad de Mier Terán y Ndoyonuyuji. Desde entonces se desconoce el paradero de la defensora.
Por ello, el Espacio OSC demandaron la a presentación inmediata con vida de todas las personas desaparecidas; mantener las mesas de diálogo con las familias y colectivas que buscan a sus familiares desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil; reconocer la labor que realizan las personas buscadoras como defensa de los derechos humanos y atención urgente a las solicitudes de incorporación al Mecanismo de personas buscadoras, garantizando medidas de protección efectivas; y el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas, con protocolos claros para prevenir agresiones y reaccionar ante situaciones de riesgo y de desaparición forzada.
También solicitaron la aprobación e implementación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos; acciones coordinadas interinstitucionales, incluyendo acompañamiento psicosocial, acceso a medidas de protección y reparación integral a víctimas directas e indirectas; la atención urgente a la crisis forense y de investigación, para garantizar que los cuerpos de las personas desaparecidas sean localizados, identificados y entregados a sus familias con respeto y dignidad.
«Expresamos nuestra solidaridad con las familias, colectivos y organizaciones que, día a día, buscan a las personas desaparecidas en distintos ámbitos y de diversas maneras. Cada persona que regresa a casa o es identificada representa un pequeño pero significativo avance en el camino hacia la justicia y la reparación que tanto las familias como nuestro país necesitan» -Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC).
