Ciudad de México.- Ayer por la noche concluyeron los eventos de apertura con «la nueva era» de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde ministras y ministros tomaron protesta en la Cámara de Senadores, pero más allá de los actos representativos, lo cierto es que las y los nuevos integrantes del máximo tribunal del país tienen retos fundamentales, los cuales van más allá de desprenderse de sus vínculos con el partido oficialista por la operación electoral «acordeones» que les sigue como estigma, sino de construir el máximo del Poder Judicial que permita sentencias en favor de la vida de las mujeres.
Cabe recordar que, tras la elección judicial en junio de 2025, la Corte quedó conformada por Hugo Aguilar Ortiz quien presidirá la misma, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
De acuerdo con los datos del informe “Sin diversidad en la toga. Propuestas para una justicia paritaria y plural” realizado por Equis Justicia para las Mujeres, en México 7 de cada 10 mexicanas sufrió algún tipo de violencia, pero solo 2 de ellas acudió a alguna autoridad en busca de justicia. Pese a este panorama, la organización concluyó que la reforma judicial se construyó “dándole la espalda a las mujeres”, ya que no corrige fallas, sino que amenaza con profundizarlas.
Una de las principales deficiencias fue la ausencia de una metodología rigurosa que garantizara la idoneidad de los perfiles seleccionados con conocimientos técnicos, independencia e integridad. A esto se suma su aptitud para juzgar con perspectiva de derechos humanos, de género e intercultural. Como resultado, la organización señaló que se abre la puerta a personas juzgadoras incapaces de garantizar justicia para las mujeres.
“Un proceso de elección que no verificó la capacidad para juzgar con perspectiva de género es, en sí mismo, una vía para perpetuar la injusticia” -Equis Justicia para las Mujeres.
Respecto a las ministras y ministros de la nueva Corte, solo Sara Irene Herrerías Guerra trabajó de cerca con mujeres víctimas de violencia y de trata, mientras que Giovanni Azael Figueroa Mejía y Arístides Rodrigo Guerrero García centraron sus carreras en el ámbito académico; Lenia Batres Guadarrama, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa (quienes ya habían estado en el cargo) no emitieron muchas sentencias en favor de las mujeres; y perfiles como Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González, Irving Espinosa Betanzo tampoco se destacan por trabajar directamente por la vida de las mujeres.
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Sin embargo, el principal factor resaltado por Equis Justicia para las Mujeres es la falta de independencia judicial que provoca la nula garantía para los derechos humanos. Este señalamiento deriva de lo que sucedió con los acordeones en las campañas y en el día de la elección judicial donde no solo aparecieron todos los perfiles de las ministras y ministros que ganaron los cargos a la SCJN, sino los de todas las ganadoras y ganadores de los comicios que se diputaban 881 puestos del Poder Judicial.
Aunque el pasado 20 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el uso de acordeones fungió como guía para aleccionar el voto en la ciudadanía, se decidió no anular la elección judicial, una propuesta que habían planteado el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora para frenar los resultados.
La forma en la que se propusieron las candidaturas de la SCJN desde el Poder Ejecutivo, el que aparecieran sus nombres en los acordeones y resultaran electos, así como su cercanía con el partido oficialista y personajes reconocidos de MORENA, evidencia a una Corte sin independencia judicial que, de acuerdo con la organización, podría generar espacio para actos de corrupción que afecten las resoluciones, prioricen asuntos o se dé una regresión de derechos humanos.
«La Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han advertido que los nombramientos judiciales de carácter político comprometen la protección de derechos humanos frente al poder del Estado» -Equis Justicia para las Mujeres.
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No sobra decir que la labor de la SCJN juega una labor fundamental no solo dentro del Poder Judicial, sino en la defensa de los derechos humanos. Debido al incremento de la violencia, la creación de instrumentos jurídicos para erradicarla se constituye una respuesta efectiva. De esta manera, con ayuda de sus sentencias y fallos se pueden colocar parámetros y medidas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos, en este caso: de las mujeres.
De acuerdo con Equis Justicia para las Mujeres, a este cumulo de retos, se suma el fracaso que fue el filtro de la mecanismo “8 de 8 contra la violencia” establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) el cual se encargaría de verificar que las personas candidatas a la nueva era del Poder Judicial no tuvieran historial de violencia contras mujeres con estos 8 delitos: contra la vida, la integridad corporal, la libertad, la seguridad sexuales, violencia familiar, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género y ser deudor alimentario moroso.
Las organizaciones y colectivas feministas ya habían advertido la insuficiencia de esta medida, ya que la institución electoral sólo podía anular la candidatura sí se encontraba una sentencia condenatoria, la cual es difícil de concretar tomando en cuenta que muchas denuncias por violencia de género son desechadas. Por su parte, el INE únicamente solicitó a las personas candidatas firmar una carta bajo protesta en donde afirmaban no tener una acusación de este tipo, para después revisar la información con ayuda de un formulario público en el que la ciudadanía y organizaciones pudieron denunciar.
Como resultado, el INE emitió 26 órdenes de investigación, de las cuales 11 estuvieron relacionadas con denuncias por violencia de género. Sin embargo, ninguna llegó a concretarse debido a cuatro factores: la falta de coordinación entre autoridades para proporcionar información que dejó investigaciones inconclusas, la restricción del análisis a solo sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales excluyendo a otros como administrativos, la impunidad en delitos de violencia de género y una carga probatoria excesiva sobre las mujeres denunciantes.
De esta manera, la medida 8 de 8 fue incapaz de impedir que perfiles con acusación por violencia de género tomaran cargos públicos. Además, se debe tomar en cuenta que la violencia de género no solo se perpetúa desde quien la ejerce, sino desde quien la encubre formando así un pacto patriarcal que proviene del poder.
Uno de los ministros de la nueva Corte quien es el actual presidente de esta instancia, Hugo Aguilar Ortiz, fue acusado por el defensor ayuuk de los derechos humanos de personas indígenas, Joaquín Galván, de intentar sobornar a la defensora Sandra Domínguez para que guardara silencio, esto luego de que la defensora hizo público el grupo de WhatsApp Sierra XXX donde funcionarios, entre los que se encontraban algunos trabajadores del INPI, intercambiaban fotografías de índole sexual de mujeres indígenas. Para ese momento Aguilar fungía como asesor jurídico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Además, se le acusó por su cercanía con Adelfo Regino Montes, director general del INPI, cuyo hermano Francisco, fue denunciado por acoso sexual y hostigamiento laboral hacía Adriana Hernández, promotora comunitaria indígena del INPI. El caso fue tomado por la organización Consorcio Oaxaca junto con el de Aracely Cruz Jiménez, víctima de violencia de género por parte de Donato Vargas, también involucrado en los señalamientos del grupo de WhatsApp.
Desde que los señalamientos se hicieron públicos, el ministro Ortiz no se ha pronunciado al respecto para rendir cuentas o proporcionar mayor información. Sin embargo, la falta de respuesta ante la denuncia de violencia digital contra mujeres mixes y el mantener relación con un hombre que fue señalado de proteger a su hermano, acusado de acoso sexual, pone en relieve al presidente de la SCJN.
De momento en su discurso de apertura y planteamiento, no incluyó a las mujeres. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia, sostuvo que:
«Es tiempo de que todas las personas, sin importar su origen o condición, puedan mirar a la Suprema Corte y reconocer que ‘aquí está su casa, aquí está su voz y aquí está su justicia’. Como parte de esta nueva etapa, adelanto que se impulsará una justicia pluricultural, humanista, ambiental, comprometida con los derechos económicos, sociales y culturales; cercana al pueblo; con perspectiva de género e inclusión social; de calidad y orientada a la austeridad».
De acuerdo con Equis Justicia para las Mujeres, otro reto es que la reforma judicial no contempló el periodo de transición para garantizar que las nuevas personas juzgadoras entren en funciones, ya que hace falta que se definan sus adscripciones, es decir, el lugar donde ejercerán.
Esta decisión depende del nuevo Órgano de Administración Judicial, que será designado por el Pleno de la Corte y el Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario. Lo que significa que al menos en dos semanas el sistema de justicia estará paralizado, ya que la normativa establece que las adscripciones se definirán 15 días después de entrar en funciones.
