Ciudad de México- Hoy en México, ocho de cada diez personas respaldan leyes que permitan el aborto en algunos o en todos los casos, y tres de cada cuatro reconocen que su legalidad genera impactos positivos, según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE, 2025) y este respaldo social es el resultado de un cambio sostenido en la percepción pública, que evidencia que la lucha feminista no solo ha abierto camino en el marco legal, sino que también ha debilitado los prejuicios sociales que históricamente han criminalizado a las mujeres.
Hoy, con 24 entidades federativas que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, México se ha consolidado como un referente en la región en la defensa de los derechos reproductivos, no por representar el escenario ideal, sino por el fuerte contraste con gobiernos de corte ultraderechista —como el de Donald Trump en Estados Unidos— que han restringido este derecho y han ganado terreno, representando un fuerte retroceso.
Ante ello las organizaciones y colectivas que sostienen iniciativas como “Vivas y Libres” forman parte de la resistencia que ha logrado disminuir un 40 por ciento la oposición del aborto desde que se pintó por primera vez de verde el mapa de la República mexicana, con la despenalización del aborto en el código penal de la ciudad de México en el 2007.
Sin embargo, de acuerdo con el informe semanal de muertes maternas, el aborto continúa siendo en 2025 la cuarta causa de muerte, representando el 11.8 por ciento del total. Desde Cimacnoticias hemos documentado que estas muertes persisten a pesar de que 24 estados han avanzado en la despenalización.
Por este motivo, rumbo a la marcha del 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, la exigencia central es avanzar hacia la despenalización plena del aborto a nivel federal. Esto significa cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Amparo en Revisión 267/2023, que fija estándares de derechos humanos para eliminar la tipificación del aborto voluntario en el Código Penal.
Asimismo, se demanda que el Congreso de la Unión saque el aborto del Código Penal Federal, ya que el debate se ha limitado al ámbito local y ahora debe retomarse en lo nacional. También se enfatiza la urgencia de reformar el Código Penal de la Ciudad de México, cuyo marco legal ha quedado rezagado frente a otras entidades. Así lo expresó Liz Mejorada, integrante de la iniciativa Vivas y Libres.
Un nuevo panorama judicial frente al aborto
La reciente configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre un escenario de incertidumbre respecto al rumbo que tomará el derecho al aborto en México. No se puede perder de vista que el máximo tribunal ha sido clave para los avances en la vía judicial, al sentar precedentes que han permitido la despenalización en varios estados y a nivel federal.
«El mayor reto no está únicamente en la Corte, sino en los congresos locales, donde la resistencia es más fuerte y las iniciativas enfrentan un mayor bloqueo, a diferencia del Congreso federal, en el que suelen llegar propuestas más específicas y trabajadas».
Liz Mejorada, defensora
En este nuevo escenario judicial destacan también los nombramientos de mujeres indígenas en puestos clave de la SCJN, lo que representa una oportunidad histórica para ampliar la perspectiva de género y diversidad dentro de las instituciones. Camelia Gaspar Martínez, mujer zapoteca, asumirá la Dirección General de Asuntos Jurídicos; Karina Regalado, también zapoteca originaria del Istmo, encabezará la Dirección General de Participación Social; y Cristina Solano Díaz, mixteca Ñuu savi, estará al frente de la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento de Violencia de Género.
Su presencia en el máximo tribunal abre la posibilidad de que la justicia no solo se fortalezca en el plano legal, sino también en el reconocimiento de la pluralidad de voces y realidades que atraviesan la lucha por los derechos reproductivos en el país.
De acuerdo al informe Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México (2025), hacer del aborto una prohibición absoluta vulnera el derecho a la autonomía de las mujeres, consagrado en los artículos 1 y 4 de la Constitución. En respuesta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido el derecho constitucional de las mujeres a decidir, protegiendo así su dignidad humana. Sin embargo, como advierte Liz Mejorada, la realidad muestra un panorama contradictorio: aunque en 2021 la Suprema Corte, determinó que ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar en México, las fiscalías han buscado otros mecanismos para justificar la persecución penal, como acusarlas de homicidio parental, lo cual constituye un claro ejemplo de acción inconstitucional.
Para ilustrar esta situación, basta con recordar cómo la criminalización del aborto sigue afectando a las mujeres, incluso cuando se trata de casos claros de violencia. Desde 2018, la Norma Oficial Mexicana 046 establece que el aborto por violación es legal sin necesidad de denuncia previa, pero la realidad es distinta. Un ejemplo reciente es el de Esmeralda, una adolescente de 14 años en Querétaro que, tras ser víctima de violación, quedó embarazada y sufrió un aborto espontáneo.
Lejos de recibir protección, la Fiscalía estatal la acusaron de homicidio calificado, le impusieron tres años de prisión y le solicitaron pagar 518 pesos como “reparación del daño” a su agresor. Este caso evidencia cómo, pese a los avances legales, las instituciones continúan revictimizando a las mujeres y criminalizando su cuerpo, perpetuando la violencia estructural que buscaba prevenir la norma.
La mayoría de los códigos penales de México aún lo consideran un delito, ya sea para las personas que acceden al aborto o para las personas que facilitan su atención. Las sanciones impuestas a las mujeres en México por abortar suelen implicar penas privativas de la libertad (la pena máxima es de seis años, en Sonora), multas económicas (con un monto máximo de 300 UMA, en San Luis Potosí), trabajo comunitario (máximo de un año, en el caso de Michoacán) y medidas alternativas de tratamiento, que por lo general implican tratamiento psicológico y médico, denunció GIRE.
Aunado a ello en el 2023 la Suprema Corte exigió al sistema federal de salud, proveer el servicio a quien lo necesite, sin embargo, el mismo personal se niega a realizar estos procedimientos, además de disuadir a quien recurre a ellos, develando la poca inversión en la capacitación y sensibilización del personal de salud, “Si vas con una amiga y está a punto de pasar el tiempo límite de las 12 semanas, aun cuando estas dentro del marco del tiempo, te señalan como si estuvieras cometiendo un delito y te niegan el acceso” afirmó Liz Mejorada.
Esta situación empeora para las mujeres habitantes de Aguascalientes, debido a que el 28 de agosto del 2024, hubo un retroceso en este estado, ya que el tiempo límite de 12 semanas se redujo a tan solo 6 semanas, es decir un mes y medio. En caso de sufrir un aborto espontáneo, las mujeres son sometidas a revisiones exhaustivas por mínimo dos integrantes del personal de salud, quienes deben asegurar que el aborto no fue provocado y reportarlo ya que el personal que accede a hacer los abortos suele ser también criminalizado, explica el artículo “Abortar en Aguascalientes. Marco legal del aborto en Aguascalientes”.
Es evidente la responsabilidad ineludible del sistema de salud y del Estado frente a la muerte materna, la cual —como señala GIRE— constituye una violación a los derechos humanos por su carácter estructural y prevenible, lo que demuestra que la garantía del derecho a decidir no puede quedarse en el plano normativo: requiere políticas públicas efectivas, servicios de salud accesibles y un compromiso real del Estado para que ninguna mujer muera por falta de garantía a sus derechos.
