Ciudad.- Las mujeres con discapacidad tienen derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles, como reconoce la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en su artículo 27, pero de acuerdo con el artículo «La inclusión laboral de mujeres con discapacidad en México, un reto persistente», las empresas asumen que las personas con discapacidad, y en particular las mujeres, carecen de habilidades necesarias para desempeñar ciertos trabajos.
Algunos de los prejuicios laborales que las alejan del mercado formal y las estigmatizan podrían estar: que no producen lo mismo que sus otras trabajadoras, que no cumplirían con sus obligaciones, que necesitarían condiciones especiales para atender su horario laboral cuando ellas se valen por si mismas, que no recibieron el mismo tipo de educación y preparación formal, que alentarían cadenas de producción, que incrementaría cuotas patronales de seguro médico, etc.
Estos prejuicios no solo refuerzan su exclusión, sino que limitan sus oportunidades desde las fases iniciales de los procesos de selección, aun cuando cumplen con los requisitos del puesto. En lugar de valorar sus competencias, las empresas suelen enfocarse en la discapacidad, reforzando así la discriminación y perpetuando la falta de oportunidades.
A ello se suma la falta de infraestructura accesible en muchos centros de trabajo. La ausencia de rampas, elevadores, señalización en braille o servicios de interpretación para personas con discapacidad auditiva impide que las mujeres puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada. Esta situación se agrava por la carencia de transporte público adaptado, lo que representa una barrera adicional para su incorporación plena al mercado laboral.
Las mujeres con discapacidad también enfrentan una doble discriminación, por su género y por su condición de discapacidad. En comparación con los hombres en la misma situación, presentan menores tasas de empleo y mayores dificultades para acceder a trabajos formales y bien remunerados. Además, muchas son víctimas de violencia, acoso y falta de reconocimiento de sus derechos, lo que limita su desarrollo profesional y perpetúa su vulnerabilidad económica.
El acceso a la educación y la capacitación constituye otro de los grandes desafíos. Mujeres con discapacidad no logran integrarse a programas educativos adecuados debido a la falta de instituciones inclusivas, materiales adaptados y docentes capacitados. Como consecuencia, su nivel de escolaridad suele ser menor en comparación con la población general. A esta situación se suma la escasa capacitación en habilidades digitales y en competencias específicas para el mercado moderno, lo cual reduce de manera considerable sus posibilidades de acceder a empleos mejor remunerados.
Aunque en México existen leyes y programas que buscan fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, su aplicación es deficiente. Las inspecciones laborales resultan insuficientes, muchas empresas evaden las cuotas de inclusión establecidas y no existen sanciones efectivas contra las organizaciones que discriminan a las mujeres con discapacidad en el acceso al empleo. Esta situación las deja en una posición de vulnerabilidad y sin garantías de condiciones laborales justas.
Cuando logran obtener un empleo, suelen hacerlo en condiciones precarias, pues los salarios son bajos, la mayoría de los puestos carecen de prestaciones de seguridad social y gran parte de estas mujeres termina empleándose en la economía informal, donde la inestabilidad y la falta de protección laboral aumentan su vulnerabilidad. A esto se suma la ausencia de oportunidades de crecimiento, ya que las empresas rara vez ofrecen capacitación o promoción para las mujeres con discapacidad.
En los espacios donde sí logran insertarse, muchas veces enfrentan ambientes hostiles ya que hay numerosas empresas desconocen cómo integrar a personas con discapacidad en sus equipos de trabajo y carecen de programas de sensibilización que promuevan la inclusión. Esto genera entornos poco favorables, donde predominan actitudes discriminatorias, falta de apoyo y obstáculos para el desempeño de sus funciones. La carencia de una cultura inclusiva también impide que se implementen ajustes razonables que garanticen su plena participación en el ámbito laboral.
En conclusión, las mujeres con discapacidad en México enfrentan múltiples problemáticas que limitan de manera grave su inclusión en el mercado laboral. Por ello, resulta indispensable que el gobierno, las empresas, las instituciones educativas y la sociedad en su conjunto reconozcan esta realidad y trabajen coordinadamente para transformar un sistema que hasta ahora se ha mostrado indiferente a sus necesidades y derechos.
En cuanto a acceso al empleo, ONU mujeres advierte que en comparación con los hombres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen una probabilidad dos veces menor de tener un empleo.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (ENDIREH), la tasa de actividad de las personas con discapacidad es 43 puntos porcentuales menor en comparación con la población sin discapacidad (35.5 % frente a 78.5 %). En este panorama, las mujeres con discapacidad presentan una tasa de participación ligeramente menor que los hombres con discapacidad (35.1 % frente a 35.8 %), situación que también se refleja en la tasa de empleo (28.3 % frente a 28.6 %).
Estos indicadores reflejan que las mujeres con discapacidad enfrentan obstáculos significativos para integrarse al ámbito laboral, barreras que responden a factores estructurales, sociales y culturales que restringen sus posibilidades de acceder a un empleo digno y equitativo.
Gaby Brimmer
El 12 de septiembre, México conmemora el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, una fecha emblemática para reconocer la lucha por la igualdad sustantiva de millones de mujeres que viven en condiciones de exclusión múltiple. Esta conmemoración fue establecida por el Senado de la República en el año 2020, como un acto de justicia simbólica y política, en memoria del nacimiento de Gabriela Brimmer, destacada escritora y defensora de derechos humanos que, a través de su activismo, visibilizó los obstáculos estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad mexicana.
Gaby Brimmer, quien vivió con parálisis cerebral tetrapléjica, logró construir una voz propia y colectiva valiéndose del movimiento de su pie izquierdo, con el que escribió libros, cartas, peticiones e intervenciones públicas. Su legado continúa inspirando a generaciones de mujeres con discapacidad a exigir espacios de participación, autonomía y dignidad.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen más de 6.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 53% son mujeres. Por su parte, la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 revela que una de cada tres mujeres con discapacidad de 12 años o más reportó haber sido víctima de discriminación en los últimos doce meses. Estas cifras reflejan la persistencia de estigmas sociales, prácticas excluyentes e ineficiencias institucionales que perpetúan su invisibilización.
Por su condición de género y discapacidad, las mujeres enfrentan una doble discriminación que limita su acceso en igualdad de condiciones a la educación, el empleo y la seguridad social. A ello se suman las restricciones en el ejercicio de derechos básicos como los derechos sexuales y reproductivos, la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados, y el derecho a una vida libre de violencias.
De acuerdo con ONU Mujeres, las mujeres con discapacidad tienen dos o tres veces más probabilidades que otras mujeres de sufrir violencia, ejercida tanto por familiares, parejas y cuidadores, como por instituciones.
En México, los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 revelan que las mujeres con discapacidad mayores de 15 años enfrentan diversas formas de violencia a lo largo de su vida. La más recurrente es la psicológica (56%), seguida de la sexual (64.4%), la física (51.7%) y la económica (39.7%).
ONU Mujeres también advierte que estas mujeres permanecen invisibilizadas en los espacios políticos. Un ejemplo de ello es que, en 2017, en 14 de los 18 países de Asia y el Pacífico no hubo ninguna parlamentaria con discapacidad en los órganos legislativos nacionales. En los cuatro países restantes, el porcentaje osciló apenas entre 0.3% y 6.3%.
La situación es igualmente crítica en materia de educación y salud. En comparación con los hombres sin discapacidad, las mujeres con discapacidad tienen tres veces más probabilidades de ser analfabetas. En el ámbito sanitario, la brecha es similar, pues tienen tres veces más probabilidades de que sus necesidades de atención médica no sean satisfechas.
