Ayutla de los Libres, Guerrero.- En un mar de adversidades, hoy el Centro Comunitario Gúwa Kúma: la casa de los saberes cumple cuatro años en la defensa por los derechos de las mujeres indígenas. En un mundo desigual donde la pobreza, la discriminanción y el olvido lo combaten con la esperanza, las mujeres no sucumben a las violencias que las oprime. Con 23 años de lucha Inés Fernández Ortega, víctima de tortura sexual, ha tejido los hilos de la organización para que terminen los ciclos de violencia.
Por eso Inés Fernández encabezó una marcha para denunciar las infamias a las mujeres indígenas. La caminata fue por la vida, la dignidad y la justicia. El recorrido comenzó a las 9 de la mañana en la unidad deportiva de Ayutla en un contexto de alta violencia. Al mismo tiempo un convoy de guardia nacional y del ejército se formaban en caravana en la calle principal. Una señora que daba los primeros pasos en la marcha dijo: “esos militares solo ven con un ojo y el otro lo tapan”.
Las embajadoras, sabias de diferentes comunidades, especialistas que atienden el centro comunitario, estudiantes que viven en el albergue, las viudas de El Charco y personas solidarias avanzaron en el asfalto. Desde el inicio explicaron la lucha que dio Inés, después de que fue agredida por elementos del ejército en la comunidad de Barranca Tecoani en el 2002.
El camino por la justicia fue un suplicio porque las autoridades mexicanas no creyeron en su testimonio. Al ver que en México la justicia desprecia a las mujeres indígenas tuvo que acudir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
En la caminata Noemí Prisciliano Fernández, abogada e hija de Inés, relató que “el 30 de agosto de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra el Estado mexicano del ‘caso Fernández Ortega y otros vs. México’, donde determinó que había sido víctima de graves violaciones a los derechos humanos, tortura sexual y violencia institucional castrense”. El Tribunal Interamericano ordenó medidas de reparación integral. Así la Casa de los Saberes es una de las medidas de reparación comunitaria que los gobiernos deben dar cumplimiento a cabalidad.
Sin embargo, ha tenido falencias desde que empezó el funcionamiento. Inés y las embajadoras han estado insistiendo para que las autoridades atiendan los vacíos, principalmente los recursos económicos necesarios para seguir. El 1 de octubre de 2020 la Corte IDH celebró una audiencia de seguimiento por el abandono en que se encontraba el Centro Comunitario. La presión ayudó para que se inaugurara el 17 de septiembre de 2021.
A pesar de atender este llamado el Estado mexicano a cuenta gotas ha respondido con algunas necesidades para el funcionamiento. “Hemos tenido reuniones con las autoridades, pero no ha habido resultados, ni siquiera le toman importancia a una reparación recomendada por la Corte IDH. El gobierno cree que es un espacio más.
Desde que inició el proyecto, Inés lo ha echado a andar con sus propios recursos porque no hay un fondo específico destinado al centro comunitario para cubrir el acompañamiento de las víctimas, ni para el salario de las profesionistas que desde el año pasado a julio no se ha cubierto. Hace como tres días terminaron de arreglar el techo y otros servicios, pero estuvimos tres años batallando para que nos dieran el recurso. Ha sido un viacrucis para que suelten el dinero para mantenimiento. Lo peor de todo es que no se ha cubierto el salario de las profesionistas, embajadoras, ni del conductor para darle acompañamiento a las víctimas”, denunció Noemí.
En los cuatro años de existencia de la Casa de los Saberes la violencia contra las mujeres ha incrementado, sobre todo, violencia sexual y desaparición de mujeres. Más de 500 mujeres han sido atendidas de manera integral, con enfoque intercultural y perspectiva de género. Noemí Prisciliano comentó que hay muchos casos que les llegan, pero “este año hubo uno sobre violencia sexual del que se inició una carpeta de investigación, pero se judicializó en Ometepec porque allá está el juzgado. Nosotras le hemos dado asesoría y acompañamiento a las mujeres”.
En la estructura del Centro Comunitario, aun cuando es presidida por Inés hay una dirección colegiada con un grupo de seis mujeres que le denominaron embajadoras. Las profesionistas tienen diferentes especialidades, desde abogadas hasta una psicóloga para la atención integral de las mujeres que quieren justicia.
Inés y las embajadoras no sólo tienen que batallar contra la pobreza secular, la violencia y la discriminanción, sino que tienen que enfrentarse a las carencias prevalecientes en el centro comunitario para la atención digna de las mujeres de los municipios de Ayutla, Ñu’u Savi y Acatepec, así como de Tlacoapa, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal y Tecoanapa.
No cuentan con recursos económicos suficientes para un mejor seguimiento a las asesorías y acompañamientos de mujeres Me’phaa, Na Savi, afromexicanas y mestizas. Tienen que acudir a las escarpadas montañas para dar pláticas de prevención de la violencia en las comunidades. Se prioriza el acompañamiento comunitario, con alguna intervención en las asambleas comunitarias. La casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la comunidad Na Savi de El Paraíso ha invitado a las embajadoras y profesionistas. “Hemos ido a más de 30 asambleas por diferentes casos, en diferentes municipios y comunidades. Hemos solicitado apoyo a las organizaciones civiles, pero la responsabilidad es de los tres niveles de gobierno”, señaló Noemí .
Con sus pancartas en la mano las manifestantes hicieron una parada frente a la Casa de los Pueblos para recordar la tenaz lucha que emprendió Inés hace 23 años. Explicaron la dinámica de atención que hay en el centro comunitario para que las mujeres que padecen violencia acudan, y las niñas, niños y jóvenes tengan un espacio para seguir estudiando.
La marcha culminó en las instalaciones de la Casa de los Saberes. Ahí, Eustolia, viuda de El Charco, abrazó la lucha que sigue dando Inés. La esperanza está en su organización para seguir las batallas contra el poder militar, pero también contra la violencia sistemática que viven las mujeres indígenas.
