Ciudad de México.- Han pasado 11 años desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada en el estado del sur de México, Guerrero, a manos del Ejército mexicano y desde entonces, la exigencia de sus madres y padres por encontrar a sus hijos ha llegado a tres presidencias incluida la de Sheinbaum Pardo. Hasta el momento nadie ha hecho la diferencia en este caso, por eso es que la digna rabia por recuperar a los jóvenes continúa por la verdad y justicia.
Como cada año desde hace once, se escuchará esta tarde «¡Ayotzi vive, la lucha sigue y sigue!» Seguirá porque sus madres y padres continúan buscándolos, pero solo han encontrado falta de voluntad política en los tres gobiernos que les tocaron atender el caso: Enrique Peña Nieto (2012-2018), Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Claudia Sheinbaum Pardo (2024-actualidad).
Durante sus administraciones, las investigaciones han enfrentado obstáculos, ocultamientos y contradicciones que profundizaron la desconfianza hacia el Estado, incluso optaron por un Estado militarizado y en los Programas de Presupuestos de Egresos de la Federación las instituciones castrenses mexicanas son de las más beneficiadas y alejadas de cualquier señalamiento por este caso.
«En su último informe, la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (COVAJ) advirtió el posible involucramiento del crimen organizado, policías, militares y otras autoridades estatales en la desaparición de los normalistas. Pese a lo anterior, 11 años después, el Estado no termina de esclarecer las circunstancias de la desaparición y las familias continúan sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos.» -Comisión Interamericana de Derechos Humanos
En los últimos años las víctimas y sus representantes mostraron preocupación por la falta de efectividad de los espacios de diálogo; la percepción de obstáculos en el acceso a la justicia, manifestada en el otorgamiento presuntamente irregular de beneficios procesales a militares; y la persistencia de la negativa de entregar documentación que se encontraría bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Hoy, desde muy temprano familias de los jóvenes desaparecidos iniciaron su jornada de memoria con la conmemoración de un acto religioso en el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La digna rabia estará en la protesta anual que convoca a la sociedad y a los gobiernos desde hace once años para encontrar a los jóvenes normalistas. En punto de las 4 de la tarde partirán desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo para exigir verdad sobre los hechos ocurridos en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. No obstante, la respuesta gubernamental de Sheinbaum fue tapizar los edificios del centro de la capital con vallas metálicas que amurallan y evitan un diálogo directo con las y los familiares.
Como cada año, las protestas que ya forman parte de una jornada de lucha por Ayotzinapa, permiten mirar cómo la digna rabia se ha hecho presente en los diversos actos de protesta, ejemplo de ello fue el día de ayer en la Puerta 1 del Campo Militar Número 1 ubicado en la colonia Lomas de Sotelo, alcaldía Miguel Hidalgo, familiares de los 43 normalistas, así como estudiantes y personas intervinieron la fachada con imágenes, fotografías, consignas y más tarde derribaron la reja de la entrada la cual incendiaron junto con un camión.
Esta manifestación refleja la digna rabia de la sociedad mexicana ante uno de los episodios más tristes y violentos en la historia de México que evidenció el panorama sobre la crisis de desapariciones forzadas en el país que hasta el día de hoy acumula 133 mil 710 personas desaparecidas y no localizada entre 1952 y 2025, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO).
El enojo, ira y furia de la digna rabia funcionan como una emoción con capacidad movilizadora en la lucha de las madres, padres y comunidades que salen a manifestarse en las calles por los 43 normalistas de Ayotzinapa. Es la transformación de un duelo incompleto y prolongado, de una pérdida a secas y de un lamento que empuja a las familias a crear acciones en la esfera pública. Históricamente, la rabia ha sido controlada mediante mecanismos de silenciamiento, domesticación, devaluación y no es reconocida como una emoción política con valor propio.
Las investigaciones en tres sexenios
En 2014, las investigaciones comenzaron a cargo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Tras varias irregularidades y la presión internacional, la Procuraduría General de la República (PGR) asumió la responsabilidad. El 27 de enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Karam anunció la llamada «verdad histórica»: los policías municipales, ordenados por el alcalde José Luis Abarca, habían entregado a los estudiantes a la banda criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y calcinaron a medianoche, para después llevar sus restos y pertenencias al basurero de Cocula.
Esta versión fue desmentida cuando los familiares aseguraron que, para esa hora, las llamadas a los celulares de los normalistas seguían entrando. La incertidumbre se confirmó cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encontró que toda la investigación había sido manipulada: no había evidencia suficiente para respaldar la quema de 43 cuerpos y los testimonios utilizados habían sido obtenidos mediante tortura. No obstante, el gobierno impulsó una campaña de desprestigio hacia el equipo legal, las organizaciones de investigación y los propios padres.
En 2018, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador prometió encontrar a los normalistas. Tras ganar las elecciones, firmó el decreto presidencial para crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Asimismo, expresó que, si el Ejército Mexicano era responsable, los involucrados serían entregados a la justicia.
Durante su sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró restos humanos en la barranca de la Carnicería, un lugar distinto al basurero de Cocula. Gracias a este hallazgo se pudo confirmar la identidad de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, convirtiéndolo en el tercer normalista encontrado hasta el momento, precedido por Jhosivani Guerrero de la Cruz en 2019 y Alexander Mora Venancio en 2014.
Sin embargo, López Obrador concluyó su mandato sin entregar 800 folios de los archivos del Ejército Mexicano ni las grabaciones de las cámaras de C4 para continuar con la investigación. Además, las cuatro líneas de investigación de la Comisión no fueron profundizadas. Una de ellas indicaba que los 43 normalistas habían sido llevados al Batallón 27 y, en 2022, se giraron 20 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 eran contra elementos del Ejército; todas fueron desestimadas.
Las familias no solo se han enfrentado a la falta de verdad, sino también a comentarios como los del ex presidnete López Obrador defendiendo al Ejército: “porque no hay ninguna prueba que los vincule y que, si fuera así, sería por omisión”, y desprestigiando a su defensa legal al decir que “obstaculizan la investigación”. Además, durante su sexenio se militarizó el país, medida que asigna a las fuerzas armadas funciones civiles y facilita violaciones de derechos humanos.
Esta política continuó con Sheinbaum, quien impulsó en 2025 la nueva «Ley de la Guardia Nacional», en la que se profundizó su carácter militar y se le otorgó el poder de involucrarse en tareas de inteligencia por motivos de seguridad nacional. Asimismo, durante su toma de protesta, se comprometió a continuar la búsqueda y a no dejar el caso en el olvido.
Como parte de sus acciones, la presidenta solicitó a Marco Rubio, secretario de Estados Unidos, la extradición de dos personas relacionadas con el caso, durante un encuentro que sostuvieron el pasado 3 de septiembre. Además, Mauricio Pazarán Álvarez asumió la dirección del caso Ayotzinapa tras la renuncia de Rosendo Gómez Piedra. Estos esfuerzos fueron calificados como insuficientes por las familias de los 43 normalistas, luego de salir de una reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum.
Esta mañana, durante la conferencia matutina Mañanera, Sheinbaum apuntó que el compromiso de su sexenio es «verdad y justicia» y «encontrar a los jóvenes»; sin embargo, señaló que no está de acuerdo con acciones violentas refiriéndose a la que se vivió en el Campo Militar Número 1, el cual calificó como un acto de provocación.
La desaparición de los normalistas
Al igual que en años anteriores, el 26 de septiembre de 2014 los normalistas de Ayotzinapa realizaron actividades de boteo y toma de camiones para su traslado a la Ciudad de México con el fin de participar en las protestas del 2 de octubre. Acciones que hasta ese momento habían transcurrido sin represalias, incidentes o consecuencias legales. En esta ocasión se llevaron 5 camiones que salieron de la central de autobuses en este orden: Estrella de Oro 1531, Costa Line 2012, Costa Line 2510, Estrella de Oro 1568 y Estrella Roja 3278.
Hubo varios intentos de captura por parte de la policía local, pero lograron entrar a Iguala, una ciudad gobernada por el entonces presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes ya eran acusados de corrupción, nepotismo y autoritarismo desde su llegada al ayuntamiento en 2012. Aquel día, Pineda presentó su segundo informe como presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en un evento político.
Esa noche ocurrieron varios ataques. El primero sucedió entre la calle Juan Álvarez y Periférico Norte donde la policía municipal dispararó a tres autobuses y se llevó a 30 detenidos. El segundo atentado tuvo lugar debajo del puente del Palacio de Justicia donde se interceptó al Estrella de Oro 1531 de donde también sustrajeron a varios estudiantes. El Estrella Roja 3278 fue alertado, pero nada impidió que los encontraran y los bajaron del autobús encañonados dejándolos ir a pie para luego dispararles.
A medianoche ocurrió el cuarto ataque durante una conferencia de prensa por parte de los normalistas, los sobrevivientes tuvieron que huir a los cerros y casas aledañas. Finalmente, las víctimas del quinto ataque fueron el equipo de fútbol Avispones sobre la autopista de Chilpancingo a quienes confundieron con los normalistas y que terminó con la muerte de tres jugadores. La madrugada del 27 de septiembre dio como resultado nueve personas asesinadas, 27 heridos, 43 desaparecidos y un hecho detonante que terminaría en una movilización simultanea durante más de una década.
Te invitamos a leer la entrevista realizada a Cristina, Nicanora y Macedonia, madres de tres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes coinciden en que los gobiernos no han buscado a sus hijos, solo ha sido una simulación pero ellas seguirán hasta encontrarlos.
