Ciudad de México.- En el marco de Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la red de profesionales de la salud Salvemos Miles de Vidas México, solicitaron que el aborto se trate como un tema de salud y no un delito, por lo que exigieron la derogación del delito de aborto voluntario, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.
La Ciudad de México es un caso emblemático en materia de derechos reproductivos. Aunque fue pionera en 2007 en despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, aún lo mantiene tipificado como delito en su Código Penal. Este desfase entre la legislación sanitaria y la penal tiene consecuencias concretas: en 2025 la capital ocupa el primer lugar nacional con 146 investigaciones penales por aborto, afirmaron. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2024 el número de carpetas de investigación creció 42.7%.
Aunque hace 18 años el movimiento feminista logró despenalizar el aborto en la capital del país hasta las 12 semanas, este sigue regulado por el Código Penal. Esto significa que las mujeres aún pueden ser criminalizadas si no cumplen con el plazo o con las reglas establecidas.
“Incluir la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Código Penal fue un error histórico. Las y los legisladores deben comprender que los servicios de salud no pueden ser regulados como crímenes”, comentó Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y en el Estado de México. “A pesar de que ya se despenalizó el aborto en algunos lugares, continúan existiendo barreras por el miedo que enfrentamos tanto el personal médico como las personas que requieren el procedimiento, a ser investigadas y criminalizadas”.
En conferencia de prensa, señalaron que esta situación ha tenido consecuencias devastadoras para las mujeres, para Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, advirtió que prohibir el aborto solo conduce a procedimientos peligrosos que obligan a las mujeres a arriesgar su vida porque muchas veces llegan a los hospitales con hemorragias y daños irreversibles.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Pública, a través de sus Informes Semanales de Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas, hasta la semana epidemiológica 38 de septiembre de 2025, la Ciudad de México se ubica como el cuarto estado con más casos de muerte materna y se detalló que las principales causas de defunción son: enfermedad hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (15.5%); hemorragia obstétrica (13.4%); aborto (11.4%); y embolia obstétrica (5.2%).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la criminalización no reduce el número de abortos; al contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna, además de limitar la capacitación del personal de salud para que los procedimientos se realicen de forma segura, oportuna y con un trato digno y libre de estigma.
En este sentido, la médica Joselyn Rivera subrayó que criminalizar el aborto es ignorar lo que viven las mujeres, recordando que México ocupa el primer lugar en natalidad adolescente dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según cifras del INEGI, en 2021 ocurrieron 147 mil 279 nacimientos en adolescentes de 15 a 19 años y 3 mil 019 en niñas menores de 15.
El hecho de que se siga criminalizando a las mujeres contradice lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 2021 declaró inconstitucional sancionar a quienes interrumpen su embarazo, así como al personal de salud y acompañantes que las asisten. En 2023, además, se ordenó al Congreso eliminar el aborto del Código Penal Federal.
¿Cómo está el panorama a nivel nacional?
Durante la conferencia, se señaló que el avance en el país es profundamente desigual: ocho estados aún no han acatado las órdenes de la Corte y todos los códigos penales estatales siguen tipificando el aborto como delito. Esta situación ha generado un mapa fragmentado de derechos fundamentales, con barreras de acceso que ponen en riesgo la salud y la vida de niñas, mujeres y personas gestantes.
En Morelos, no se ha logrado la despenalización, sin embargo la SCJN ordenó a principios de septiembre a la gobernadora Margarita González Saravia y a los Servicios de Salud estatales implementar acciones inmediatas para garantizar el acceso al aborto legal, aun sin reformar el Código Penal.
En Tlaxcala, uno de los estados donde el aborto sigue penalizado salvo por causales específicas, el personal médico enfrenta miedo a la persecución judicial, ante el temor de ser denunciado por brindar atención, perder su licencia e incluso no poder salvar vidas. Así lo expresó Marau Basilio Roblero, ginecóloga obstetra de la entidad.
En Guanajuato, el pasado 5 de julio se rechazó nuevamente la despenalización del aborto. A diferencia del 29 de mayo, cuando la primera votación del pleno terminó en empate, en esta ocasión la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cambió su voto de último momento, lo que resultó en 19 votos en contra y 17 a favor. De este modo, las mujeres continúan sin poder decidir sobre su propio cuerpo en caso de un embarazo no deseado.
Sin avance la denuncia contra congreso de Guanajuato por rechazar la despenalización del aborto
Barreras para el aborto
La especialista Gaspar Martínez señaló que, a pesar de la despenalización en 23 estados, continúan existiendo barreras, muchas veces derivadas del miedo tanto del personal médico como de quienes solicitan el procedimiento, al ser investigadas y criminalizadas.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) denunció que el IMSS mantiene una norma interna que impone requisitos adicionales que obstaculizan el acceso al aborto durante las primeras 12 semanas de gestación.
En su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, GIRE reportó que en junio de 2023 interpuso un amparo contra esta norma, que antes aplicaba solo en casos de violación, pero que ahora se extiende a todos los casos. Entre los requisitos se incluyen: realizarse un ultrasonido, presentar una opinión jurídica, contar con la firma de dos testigos o incluso con una orden de un juez o agente del Ministerio Público.
Es por ello que las especialistas apuntan que tratar el aborto como un tema de salud implica reconocerlo como parte de la salud integral, con acompañamiento psicológico y sin barreras de acceso.
“El aborto seguro y acompañado por personal calificado no genera traumas; lo que genera trauma es negarlo o realizarlo en condiciones inseguras. Cuando se coloca el aborto en el foco de la salud, se salvan vidas y se brinda estabilidad emocional”, afirmó Guadalupe Monserrat Cárdenas Cruz, psicóloga de Michoacán.
