El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se ha opuesto al llamado «Plan B» de la reforma electoral y recientemente lanzó un llamado a la ciudadanía para promover amparos en su contra. Pero, ¿por qué el mismo INE rechaza esta reforma impulsada desde Palacio Nacional? El INE lo explicó en un análisis que realizó al respecto.
De acuerdo con este análisis, el “Plan B” implica varios riesgos que afectarían, entre otras cosas, los avances para erradicar la violencia política contra las mujeres y las acciones afirmativas promovidas a favor de comunidades vulneradas como migrantes y personas de la diversidad sexual. Incluso, el INE ha señalado que su autonomía se vería vulnerada, y que sería más complicado fiscalizar los gastos e ingresos de actores políticos como los partidos.
Ante todas estas circunstancias, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello lanzó un llamado para promover diversos amparos en contra del “Plan B”. En una conferencia de prensa celebrada este lunes 30 de enero, Córdova pidió a las y los ciudadanos recurrir a las instancias jurídicas y, de esta forma, frenar el avance de una “reforma abusiva”. Pero, ¿por qué oponerse a ella?, ¿cómo afectará los procesos electorales en México?
Las consecuencias del “Plan B” en la organización de las elecciones
De acuerdo con el análisis del INE, entre otras cosas, el “Plan B” de la reforma electoral pone en riesgo los procedimientos de capacitación y la organización de elecciones. También puede afectar negativamente el conteo de votos, la protección de datos de la ciudadanía y los derechos laborales de las y los trabajadores del INE que podrían ser despedidos tras la modificación estructural del instituto.
Respecto a dicha modificación, el INE señala que el “Plan B” pretende eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales (JED), que son las encargadas de preparar, organizar y celebrar elecciones. Para estas tareas se requiere de personal de capacitación, así como del montaje y la revisión de materiales como las casillas y las boletas electorales.
Con la reforma recientemente aprobada, las JED encargadas de todas estas labores desaparecerían y (“en el mejor de los casos”, dice el INE) se reemplazarían con una Oficina Auxiliar a cargo de una sola persona.
Las JED también garantizan el derecho a la identidad, a la asociación política, a la igualdad y no discriminación, a la secrecía del voto, a elegir libremente a nuestros representantes y gobernantes y a la información y la transparencia en las elecciones. También velan por el derecho de ser electo, a la participación política y a la discusión de la agenda pública. De ahí que modificarlas implique poner en riesgo estos derechos y dejar impunes conductas como la violencia política contra mujeres.
Por otro lado, con la desaparición de las JED se puede obstaculizar la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, dos registros donde se tiene la información de las personas que han solicitado su credencial para votar y su derecho a ejercer su voto.
De igual manera, se afectaría la supervisión y el seguimiento de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC, esos módulos donde tramitamos nuestras credenciales de elector). De hecho, de acuerdo con el INE, el “Plan B” plantea que los MAC se instalen preferentemente en oficinas gubernamentales, escuelas o centros de salud, donde no es seguro que exista la infraestructura adecuada para proteger los datos personales sensibles de las y los ciudadanos.
En el caso de las mesas directivas de casilla (MDC) instaladas durante las elecciones, se reducen los tiempos para reclutar y capacitar a las y los Capacitadores Asistentes Electorales y las y los Supervisores Electorales. Este personal acompaña los procesos de ubicación de casillas, conteo, sellado y recolección de boletas electorales, así como la integración de los paquetes electorales.
Cambios de personal y finanzas
Ante todas estas modificaciones, el INE proyecta una reducción del 84.6 por ciento en plazas, cargos y puestos de quienes actualmente trabajan allí. De las 2 mil 571 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional, solo quedarían activas 396. Esto impactaría las finanzas del organismo, pues se tendría que liquidar a miles de personas.
Pero, además de esto, las finanzas se verían vulneradas por el hecho de que cuando hay subejercicios, los recursos no podrán destinarse a nuevos proyectos. Según el análisis del INE, esto haría imposible para el instituto atender necesidades que surjan a lo largo del año, como las elecciones extraordinarias.
Uno de los objetivos de la reforma electoral es, supuestamente, atender estos problemas financieros. No obstante, el INE señala que el “Plan B” plantea acciones contradictorias al respecto.
Muestra de ello es que se planea que los cómputos distritales (de los que deriva el resultado final de las elecciones) comiencen el mismo día de la jornada y no hasta el miércoles 9 siguiente, como sucede hoy en día. Sin embargo, no elimina el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no reduce costos ni procesos.
Aparte de esto, el decreto del “Plan B” no considera propaganda política la promoción no etiquetada presupuestalmente como tal o hecha a través de manifestaciones de las y los servidores públicos “en uso de su libertad de expresión” o “en el ejercicio de sus funciones públicas”. Así, esta reforma altera el concepto de propaganda gubernamental y pone en riesgo el precepto constitucional que establece que dicha propaganda debe suspenderse durante las campañas electorales y hasta el término de la Jornada Electoral.
Poblaciones vulneradas y autonomía del INE, en riesgo
Una de las principales preocupaciones del INE es la vulneración de su autonomía ante la injerencia del gobierno en tareas que solo le corresponderían al instituto. Un ejemplo de ello es la propuesta vertida en el “Plan B” en la que se contempla que el registro en el Padrón de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero deberá ser validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pero, además de la autonomía del INE, también se está poniendo en peligro la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y es que, al eliminar varios artículos donde se reconoce esta autodeterminación, el “Plan B” viola el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a ser consultados previamente antes de realizar cualquier modificación legal que pudiese afectarlos.
Así como los pueblos indígenas, otras poblaciones históricamente vulneradas también quedaron en riesgo por la reforma electoral. Dicha reforma establece que los partidos políticos deben incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones (tanto por mayoría relativa como por representación proporcional) a 25 personas de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero y jóvenes. Las medidas afirmativas adoptadas por el INE establecían un total de 65 personas candidatas por acciones afirmativas.
Todavía no es claro lo que sucederá tras la aprobación del “Plan B” dadas las advertencias del INE de impugnar esta decisión. Sin embargo, el análisis presentado por el instituto hace evidente la necesidad de escuchar las quejas alrededor de la reforma electoral. De no priorizar el diálogo, la democracia en el país podría correr un riesgo real.
