Ciudad de México.- En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, celebrado cada 28 de septiembre, redes de mujeres acompañantas mexicanas se unieron para crear “AbortoACA” cuyas siglas significan Acompañando Aborto Centroamérica, cuya iniciativa digital permite el acompañamiento hacia un aborto seguro para las mujeres de Centroamérica, quienes enfrentan gobiernos autoritarios y legislaciones restrictivas.
En la región centroamericana, el panorama para las mujeres es devastador. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, el aborto está penalizado en todas las circunstancias; mientras que en Costa Rica, Guatemala, Panamá y Belice solo se permite bajo ciertas excepciones, como riesgo de perder la vida para la madre, violación, inviabilidad fetal o factores socioeconómicos.
Ante este contexto adverso, se decidió formar “AbortoACA”, una plataforma digital que funcionará como enlace entre las acompañantas mexicanas y las mujeres centroamericanas que decidan abortar desde casa. Dentro del sitio web podrán encontrar diversidad de recursos informativos y acompañamiento vía WhatsApp.
Es por ello que la defensora Verónica Cruz Sánchez, , detalló que desde México, donde existe mayor amplitud para acceder al aborto, se vuelve indispensable que desde este territorio, junto con grupos de derechos humanos, incidan dentro de los territorios restrictivos, para evitar que los Estados impongan su ley.
Asimismo, explicó que esta plataforma permitirá cuantificar cuántas mujeres centroamericanas buscan acceder al aborto, ya que, ante contextos de autoritarismo, resulta complejo obtener cifras actuales que reflejen con precisión el panorama de cada país.
En entrevista para Cimacnoticias, Martha Paola Fernández, acompañanta en Guanajuato, señaló que uno de los principales propósitos de “AbortoACA” es brindar información veraz y libre de estigmas, pues aún circulan contenidos que reproducen miedo y culpa en las mujeres que buscan acceder a este procedimiento.
La falta de acceso a información adecuada, explicó Fernández, no solo implica un riesgo físico, sino también emocional, ya que muchas mujeres enfrentan mensajes que las hacen sentir culpables.
Por ello, destacó que las acompañantas tienen un papel fundamental: verificar la información que proporcionan y asegurar que todas aquellas que recurran al servicio cuenten con espacios dignos para acceder al aborto, incluso a la distancia.
“Los espacios dignos no significan necesariamente acudir a un hospital, sino que incluso desde casa se pueda abortar con toda la información y herramientas necesarias para vivir el derecho como tal”, puntualizó Fernández.
Además, explicó que cada acompañamiento es particular, ya que las necesidades varían: “Habrá mujeres que solo necesiten la información y lo harán solas en su casa, pero hay otras que requieren muchísima información previa”, mencionó Fernández.
En esa misma línea, la defensora Vanessa Jiménez Rubalcava, acompañanta en La abortería desde hace 9 años, explicó que el asesoramiento también brinda contención emocional. En su experiencia, muchas mujeres llegan nerviosas, pero tras recibir apoyo muestran una “sensación de alivio”.
“Por eso es importante hacer redes. Que sepan que estamos mujeres detrás de esto, que somos públicas, que hemos dado la cara y así darles certeza”, expresó Jiménez.
Si bien la incidencia del movimiento feminista y de los grupos de derechos humanos es vital, Jiménez subrayó que es igualmente necesario exigir que el aborto sea eliminado de todos los códigos penales, ya que sigue siendo el único servicio de salud criminalizado.
Fernández añadió que el hecho de que los Estados continúen obstaculizando el acceso al aborto en Centroamérica constituye un acto de tortura, contrario a lo estipulado por organismos internacionales, que lo reconocen como una grave violación a los derechos humanos.
Además, enfatizó que esta criminalización amplía la deuda histórica de injusticias reproductivas en la región. Resaltó que, aunque los gobiernos insistan en prohibirlo, eso no impedirá que las mujeres busquen acceder al aborto ni frenará la labor de las acompañantas.
El aborto en Centroamérica
La Comisión de Género del Comité Regional de Promoción de la Salud Comunitaria de Centroamérica advirtió que las restricciones en torno al aborto no impactan de la misma manera a todas las mujeres. Las más afectadas son aquellas en situación de pobreza, las mujeres rurales e indígenas, así como niñas y adolescentes, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a servicios de salud reproductiva.
En Honduras, los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos golpean con fuerza a mujeres, niñas y adolescentes. Entre 2010 y 2022 se registraron 12 mil 367 partos en niñas de entre 10 y 14 años, la mayoría producto de violencia sexual. A ello se suman 142 mil 427 embarazos adolescentes contabilizados entre 2018 y 2023.
El aborto, prohibido en todas las circunstancias, empuja a miles de mujeres a recurrir a prácticas clandestinas que ponen en riesgo su vida. En 2018, el 6.3% de las muertes maternas estuvieron relacionadas con abortos inseguros. Pese a que la anticoncepción de emergencia fue despenalizada, su acceso sigue siendo limitado. Además, la reforma constitucional blindó la prohibición del aborto, cerrando la puerta a cualquier debate legislativo.
Desde El Salvador, el aborto está prohibido desde 1998, incluso en casos de violación, incesto, inviabilidad fetal o riesgo para la vida de la madre. Las consecuencias son graves: entre 1999 y 2019, alrededor de 181 mujeres fueron procesadas por abortos o emergencias obstétricas y, en la última década, 73 fueron condenadas por homicidio agravado con penas de hasta 50 años de prisión. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2022 se registraron 10 mil 352 embarazos en niñas y adolescentes, un promedio de 28 al día, de los cuales 496 correspondieron a menores de 14 años.
Durante 2023, más de 8 mil 300 niñas y adolescentes recibieron control prenatal en hospitales públicos, mientras que el 20% de los embarazos en el país continúan ocurriendo en adolescentes de entre 10 y 19 años. Tan solo en enero de 2024, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) reportó 295 embarazos en niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años, muchas violentadas por familiares o “compañeros de vida”.
Por otro lado, Nicaragua penalizó totalmente el aborto desde 2006 y a partir de ese momento se incrementaron los abortos clandestinos y con ello la mortalidad materna, que afecta principalmente a mujeres pobres, rurales y afrodescendientes. Antes de la reforma, el aborto terapéutico, es decir, por razones médicas, estaba permitido en casos de riesgo de vida, pero hoy ni siquiera esa excepción es legal. Pese a las campañas impulsadas por feministas y organizaciones de derechos humanos, no hay avances legislativos.
En Guatemala, las mujeres indígenas enfrentan violencia obstétrica y discriminación en los servicios de salud, especialmente cuando son atendidas por comadronas. La falta de respeto a su cultura provoca consecuencias psicológicas como depresión postparto, ansiedad y estrés. Aunque el problema es recurrente, no existe una legislación que sancione la violencia obstétrica; incluso, muchos profesionales de salud rechazan reconocer el término.
Finalmente, Costa Rica también registra retrocesos. El actual gobierno ha intentado derogar el Decreto Ejecutivo #42113, que regula la interrupción terapéutica del embarazo desde 2019. Además, partidos políticos impulsaron mociones para frenar su aplicación, mientras sectores religiosos intensifican la oposición al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos con apoyo del Ejecutivo.
Aunque el panorama de cada país es distinto, lo que une a todos es la existencia de barreras comunes y la falta de apoyo estatal, factores que continúan perpetuando las violencias contra las mujeres.
