Ciudad de México.- El recurso de apelación presentado por el abogado de Sergio “N.”, acusado del feminicidio de la mujer de origen canadiense Ángela Birkenbach en Nayarit, fue desechado, lo que abre paso al inicio del juicio oral y con ello se consolida el avance del caso tras la acumulación de pruebas en su contra.
Ángela, propietaria del complejo turístico El Limoncito Hills, fue víctima de feminicidio en octubre de 2023, presuntamente por Sergio “N”, su entonces pareja y padre de sus hijos. Él actualmente se encuentra recluido en Nayarit como presunto autor intelectual del delito, junto con Alejandro “N”, presunto actor material de los hechos. Sin embargo, el proceso legal ha sido tardío, pues apenas dará inicio el juicio oral.
Pese a que la dimisión de la apelación de Sergio representa un avance, es importante precisar que los hijos de Birkenbach se encuentran bajo la custodia de la familia del presunto feminicida, por lo que la familia y defensa de Ángela considera que esta situación los coloca en total vulnerabilidad.
Cabe recordar que, desde junio, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco (PPNNA) retiró la custodia de los niños a la abuela materna, para entregarla a la familia paterna. No obstatne, la familia de Ángela, explicó que la custodia y tutoría de los niños responde al interés de controlar la fortuna y los negocios millonarios que en vida construyó la víctima de violencia feminicida.
Según la familia, esto fue uno de los móviles principales para arrebatarle la vida, y recurrieron a alienación parental, es decir, la manipulación de los niños para que rechacen a la familia materna.
Además, la jueza especializada en niñas, niños y adolescentes institucionalizados del estado de Jalisco, Karina Camacho Robles, decretó el régimen de convivencia de los menores con su padre y presunto asesino de su madre en el penal de Tepic, ignorando por completo que en Nayarit ellos son víctimas indirectas.
Cabe señalar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en Jalisco solo este año, es decir, de enero a julio del 2025, se han registrado 17 casos de feminicidio.
En el contexto de violencia que actualmente se vive contra las mujeres en México, uno de los pendientes urgentes de las autoridades es garantizar la reparación del daño para niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio. Esta situación se complica aún más cuando, en varios casos, el feminicida es el padrastro o padre de los hijos.
El caso de Birkenbach no solo evidencia la desprotección del Estado hacia las mujeres, sino también hacia las hijas e hijos en orfandad por feminicidio. A pesar de que en 2020 se presentó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), ha sido insuficiente. Hasta el momento, no se ha creado un padrón nacional que cuantifique a esta población ni modelos de atención integral en todas las entidades; además, el Congreso no ha aprobado reformas que favorezcan a estas víctimas.
Recordemos que la diputada, Olga Sánchez Cordero, el 29 de julio de 2020 anunció la primera acción histórica en México para garantizar el acceso a la justicia, la restitución de derechos, la protección social y la asistencia a niñas y niños cuyas madres fueron asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, hasta el momento no se ha implementado ninguna acción afirmativa concreta hacia esta población.
El Estado tiene el compromiso de visibilizar a las hijas y los hijos de las víctimas de feminicidio para brindarles, de manera inmediata, la protección que requieren, considerando dos ejes fundamentales: el primero, que contemple cuatro garantías de protección integral: el derecho a la protección, a la ayuda, a la asistencia y a la atención, lo que implica la restitución integral y el acceso efectivo a la justicia.
Ley Monzón
La Ley Monzón es una iniciativa legal en México, en honor a la feminista poblana y abogada Cecilia Monzón, quien fue asesinada por su ex pareja, quien en prisión intentó quedarse con la patria potestad del hijo de la víctima, por lo que su familia comenzó una resistencia legislativa para tener un recurso que impida a presuntos agresores se queden con la custodia o patria potestad de los hijos tras ser acusados de violencia feminicida, así que emprendieron el camino por la Ley Monzón.
Así que con la Ley Monzón, ninguna infancia o adolescencia se debería encontrar en situación de vulnerabilidad emocional y física al seguir en contacto con quien ejerció el acto más violento contra su madre. También considera una pena de ocho años para funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación y hasta diez años de inhabilitación.
Sin embargo, en el caso Birkenbach esta legislación aún no está vigente en Jalisco. Tampoco lo está en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
