Ciudad de México.- Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030 exige mayor presencia y liderazgo de las mujeres en la vida pública y en la política; sin embargo sigue habiendo una brecha importante en participación política, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas tan solo en 2025 solo seis naciones en el mundo cuentan con un 50 por ciento o más de mujeres en cámaras bajas o parlamentos unicamerales: Rwanda, con un 64% de escaños ocupados por legisladoras; Cuba, con un 56 %; Nicaragua, con un 55%; Andorra, con un 50% ; México, con un 50% ; y Emiratos Árabes Unidos, también con un 50 %.
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Esta situación resulta preocupante, pues la participación minoritaria de las mujeres dentro de la esfera política incide directamente en que sus necesidades y la garantía de sus derechos sean relegados al no ser consideradas prioridad en las agendas gubernamentales se perpetúan las brechas de desigualdad y se limitan los avances hacia sociedades más justas e inclusivas.
La ONU advierte que al ritmo actual la igualdad de género no se alcanzará antes de los próximos 130 años, lo que implica un retroceso histórico frente a las metas planteadas.
Es importante decir que cada vez existe más evidencia de que la participación de las mujeres en política mejora las condiciones de vida de las comunidades. Un ejemplo de ello se observó en la India, donde en los consejos locales liderados por mujeres registraron un mayor abastecimiento de agua en comparación con las zonas gobernadas por hombres.
Asimismo, solo en nueve países del mundo las mujeres han alcanzado o superado el 50 por ciento de los cargos de ministras en los gabinetes, lo que refleja la enorme disparidad que aún persiste en la toma de decisiones de alto nivel.
En lo que respecta a la participación parlamentaria, las cifras también muestran un avance lento, pues a nivel global, únicamente el 27.2 por ciento de los escaños en parlamentos nacionales están ocupados por mujeres, lo que representa un aumento de apenas 11 puntos porcentuales desde 1995.
Por otro lado, 21 países han alcanzado o superado el 40 por ciento de representación femenina en sus parlamentos. Entre ellos destacan nueve países europeos, seis de América Latina y el Caribe, cinco en África y uno en Asia-Pacífico.
Sin embargo, el contraste es significativo si se observa que todavía hay 21 Estados en los que las mujeres ocupan menos del 10 por ciento de los escaños legislativos, incluidas tres cámaras bajas en las que no existe ninguna mujer parlamentaria.
Las proyecciones de Naciones Unidas son preocupantes, pues con el nivel de avance actual, la paridad de género en los cuerpos legislativos nacionales no se alcanzará antes de 2063, es decir, dentro de casi cuatro décadas, lo cual representa un desafío crucial para los compromisos internacionales de igualdad y justicia social.
El análisis por regiones refleja realidades contrastantes. En América Latina y el Caribe, las mujeres ocupan actualmente el 36 por ciento de los escaños parlamentarios, siendo una de las regiones con mayor representación. En Europa y América del Norte, la participación femenina alcanza el 33 por ciento; en África subsahariana, el 27 por ciento; en Asia oriental y sudoriental, el 23.5 por ciento; en Oceanía, el 20 por ciento; en África septentrional y Asia occidental, el 19 por ciento; y en Asia central y meridional, el 17.5 por ciento.
Cuotas de género: un cambio positivo
Si bien los objetivos planteados desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing aún están lejos de cumplirse, en los países que han establecido cuotas de género se han observado cambios positivos.
De acuerdo con ONU Mujeres, en los países con cuotas de candidatura legisladas, la representación de las mujeres es cinco puntos porcentuales superior en los parlamentos y siete puntos porcentuales mayor en los gobiernos locales, en comparación con aquellos que carecen de este tipo de medidas.
A su vez, señalan que las mujeres han logrado demostrar liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias y poder defender asuntos pendientes de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, licencias parentales y cuidado infantil, pensiones, leyes de igualdad de género y reforma electoral.
Obstáculos estructurales y violencias
Pese a estos avances, las limitaciones persisten. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los movimientos de mujeres y feministas han luchado por ampliar el marco de derechos, pero los nudos estructurales del patriarcado siguen impidiendo que las mujeres asuman plenamente el poder político.
Las estructuras institucionales, sociales y culturales han contribuido históricamente a restringir su acceso a espacios de decisión. La división sexual del trabajo y la organización social del cuidado han relegado a las mujeres a ser las principales responsables de estas labores, lo que limita el tiempo y los recursos que podrían destinar a desarrollarse en el ámbito profesional y político.
Por otro lado, aquellas mujeres que logran acceder a cargos de poder suelen enfrentar violencia política en razón de género, la cual busca ejercer control sobre ellas y orillarlas a desistir de sus funciones públicas. A ello se suma que muchas estrategias políticas siguen sin adoptar la paridad como un principio rector, lo que restringe el avance hacia una verdadera democracia inclusiva.
Un aspecto adicional es la escasa información sobre la diversidad de las mujeres electas o designadas en cargos de toma de decisiones. Esta falta de datos limita los análisis interseccionales que permitirían visibilizar las barreras adicionales que enfrentan mujeres de distintos grupos sociales, especialmente aquellas con menos recursos, redes de apoyo o tiempo disponible.
