Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado urgente al Estado salvadoreño para “el cese inmediato de la situación de incomunicación prolongada” de la defensora de derechos humanos Ruth López, privada de su libertad arbitrariamente desde el 18 de mayo de 2025 en El Salvador.
Desde su llegada al poder en 2019 a El Salvador, Nayib Bukele comenzó a sentar las bases de un gobierno autoritario que se consolidó en 2022 con la implementación del estado de excepción bajo el argumento de combatir a las pandillas. Sin embargo, esta medida provocó un recrudecimiento de violaciones a derechos humanos y casos de tortura por parte del Estado, denunciados por defensoras y periodistas, quienes han sido amenazadas, obligadas al exilio o incluso criminalizadas. De acuerdo con la Organización Mundial Contra la Tortura, al menos 34 personas defensoras de derechos humanos permanecen encarceladas en el país.
Uno de los casos más representativos de esta represión es el de Ruth López, directora anticorrupción de Cristosal, detenida el 18 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito. Tanto ella como la organización han negado las acusaciones, denunciando que se trata de una venganza política debido a sus investigaciones y a su voz crítica frente a un gobierno que presume un aparente progreso.
Para Cristosal, este hecho representó el “punto de quiebre” que los obligó a cesar sus actividades en el país. No fue el único caso de hostigamiento, pues integrantes del equipo también denunciaron vigilancia e intimidaciones por parte de la policía.
En el marco del régimen de excepción en El Salvador, Amnistía Internacional (AI), señaló que:
«Las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado, dijo Amnistía Internacional hoy, tras llevar a cabo una investigación de crisis en el país».
La represión no ha sido exclusiva contra defensoras de derechos humanos, sino que también ha impactado de manera severa a periodistas. El pasado 1 de junio, el medio El Faro El Salvador anunció que todos sus integrantes se exiliarían en Guatemala, ante el temor de detenciones arbitrarias, tras publicar una investigación que reveló acuerdos entre pandillas y el gobierno de Bukele. El primer capítulo, titulado “Las confesiones de Charli”, fue publicado el 1 de mayo, y generó una reacción violenta del gobierno.
Ante los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que no existen elementos que justifiquen esta medida para la investigación de los hechos que se imputan a la defensora Ruth López; además, afirmó:
«Tal condición supone una condición cruel e inhumana». También destacó el riesgo de permanecer en esta situación lo cual podría implicar problemas para la salud de Ruth López .
Consideraron que su aislamiento del espacio cívico nacional y regional en el cual participaba activamente, “trae como consecuencia el silenciamiento de una voz crítica al actuar estatal en un contexto de cierre del espacio cívico, donde las fuentes de información resultan limitadas.»
La CIDH determinó que la situación de Ruth ha venido empeorando, al pasar de ser objeto de seguimiento y vigilancia de agentes estatales, a ser detenida y posteriormente trasladada al Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco.
Con respecto a la prisión preventiva, la Comisión señaló que el Estado no informó haber realizado ningún análisis de riesgo al momento de recluir a Ruth en el centro penitenciario, por lo que no habría considerado las posibles represalias a las que estaría expuesta a raíz de las denuncias que ella interpuso sobre las autoridades del sistema penitenciario.
La resolución recuerda al Estado el carácter excepcional de la prisión preventiva, y lo llama a “revisar la continuidad de la prisión preventiva a la luz de los estándares aplicables, incluyendo la posibilidad de otras medidas alternativas a la detención preventiva”.
Por eso, las organizaciones representantes de la defensora, Cristosal y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) demandaron al Estado el cumplimiento inmediato de la resolución de la CIDH. Asimismo, hicieron un llamado a que la decisión del órgano internacional permita revisar y revocar la política de criminalización y detención arbitraria de personas defensoras de los derechos humanos, así como de otras voces críticas en el país.
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), tan solo en marzo de 2024, se contabilizaron 923 agresiones contra 23 defensoras y 2 organizaciones o grupos que de igual manera representó el 13% de las 7 mil 345 agresiones registradas en el conjunto del año.
Las agresiones tuvieron como principal objetivo a las defensoras de derechos de las mujeres a una vida libre de violencia (26%), de la tierra y el territorio (23%), de la participación política (15%) y de la libertad de expresión (15%). Además, IM-Defensoras identificó discriminación por razones de género en más de la mitad de las agresiones documentadas.
Para IM-Defensoras, estas agresiones buscan desarticular el poder colectivo de las defensoras, generar afectaciones que limiten su derecho a manifestarse pacíficamente e infundir miedo para que se abstengan de participar en movilizaciones futuras.
El Salvador, país que viola derechos humanos de mujeres
En El Salvador, el aborto está completamente penalizado desde 1988, sin excepciones incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer o niña embarazada está en peligro. Esta legislación ha tenido consecuencias devastadoras, pues ha costado la vida de muchas mujeres y niñas, y ha llevado a otras a enfrentar sentencias de hasta 40 años en prisión.
El pasado 14 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró a El Salvador responsable por vulnerar los derechos fundamentales de Beatriz, una mujer con un embarazo de alto riesgo, a quien el Estado le negó la posibilidad de abortar, ya que no está legalizado en el país. Actualmente, este caso es un ejemplo de la situación que viven las mujeres en Latinoamérica ante la prohibición del aborto.
El 20 de diciembre del 2024, la decisión de la CoIDH estableció que el Estado salvadoreño violó su derecho a la salud, a la protección jurídica, a la vida privada, y a la integridad personal de Beatriz y su familia.
De acuerdo con el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en El Salvador fue de 10 mil 352 en 2022, por lo que se ubica entre los primeros 50 países, de 236, con el mayor número de embarazos entre los 10 y 19 años.
Actualmente no se dispone de una cifra exacta sobre el número de abortos realizados en El Salvador. Sin embargo, según datos proporcionados por Amnistía Internacional, entre 2005 y 2008 se registraron 19 mil 290 abortos en el país, de los cuales más de una cuarta parte involucraron a mujeres menores de 18 años.
Ante la prohibición total del aborto en El Salvador, la ONU ha exigido al país cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y poner fin a esta restricción absoluta. A pesar de estas recomendaciones, las mujeres salvadoreñas continúan enfrentando las consecuencias de un sistema que les niega el acceso a un aborto seguro y gratuito, poniendo en riesgo su salud e integridad.
