Ciudad de México.- El día de hoy, durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, la periodista Candy Anahí Torres González, proveniente de San Luis Potosí, denunció ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que el pasado 2 de octubre vivió un atentado, pero esta no es la primera vez que lo hace porque la presidencia ya había sido notificada de otros hechos violatorios a la libertad de expresión que no fueron atendidos.
«Mi pregunta concreta sería, ¿podría su gobierno revisar directamente la actuación del gobierno de San Luis Potosí y del gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona respecto a los casos de hostigamiento, espionaje y censura hacia periodistas en San Luis Potosí?», apuntó la periodista Anahí Torres en la Mañanera.
Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, la remitió con Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, para el apoyo, protección y revisión del panorama que enfrentan la periodista. No obstante, se trataría de la segunda vez que la mandataria se compromete a ayudarla sin resultados visibles.
Hay que recordar que el pasado 9 de agosto del 2024, mujeres defensoras como Olga Lucio Huerta, Esperanza Lucciotto López y Cirenia Celestino Ortega, presentaron el diagnóstico participativo Hacia una Política Pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas en el estado de San Luis Potosí, para ofrecer una serie de recomendaciones y lograr una política de protección integral en el estado.
Señalaron que en 2022, San Luis Potosí registró el mayor número de casos de desaparición, con 171 personas que no fueron localizadas. Los diversos colectivos de búsqueda y las periodistas, informaron del incremento y hubo una falta de infraestructura y de capacidad para atender el problema.
Además, informaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe atender con la debida diligencia y con perspectiva de género los casos de agresiones, ataques y violaciones a los derechos humanos denunciados por periodistas y defensoras. La oportunidad y exhaustividad tienen que ser los ejes rectores de las investigaciones para garantizar una adecuada protección.
Critican a Mecanismo de Protección a Periodistas en San Luis Potosí
De acuerdo con la periodista potosina, el pasado 24 de mayo le entregó una carta a Sheinbaum Pardo, en la que expuso los ataques a la libertad de expresión y el hostigamiento que está enfrentando por personajes del gobierno de San Luis Potosí. A esto se suma que, días atrás, cuatro hombres armados la interceptaron afuera de su oficina amenazándola junto al periodista Omar Alejandro Niño Pérez y Carlos de Jesús Domínguez Ramírez.
El último ataque estaría motivado por la serie de notas periodísticas en donde se documentó sobre una presunta red de espionaje en San Luis Potosí que habrían incomodado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al secretario de gobierno Guadalupe Torres Sánchez.
«Presidenta, mi caso no es un caso aislado. En San Luis Potosí, periodistas, activistas y ciudadanos vivimos en un ambiente de intimidación y seguridad donde cuestionar pues se ha vuelto totalmente un riesgo.» -Anahí Torres
En septiembre del presente año, la Fiscalía del Estado de San Luis comenzó las investigaciones contra Francisco Javier N. empresario señalado por contratos con el gobierno estatal y varios ayuntamientos. La organización Ciudadanos Observando, advirtió que una fuente al interior de esta instancia reveló que también es investigado por presunto espionaje y hackeo a medios de comunicación en la entidad, información que podría confirmarse con el cateo en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Club de Golf La Loma, donde las autoridades confiscaron equipos electrónicos, según apuntó la organización.
Ciudadanos Observado relató que en 2023 hubo un ataque masivo a medios de comunicación y organizaciones donde se borraron miles de notas periodísticas, investigaciones, así como denuncias de corrupción. De la misma manera, varias empresas periodísticas del estado sufrieron hackeos, pero a casi dos años de este evento, las autoridades no han encontrado a los responsables.
«¿Quién ordenó estos ataques? ¿A quién beneficiaba el silencio de los medios? ¿Por qué un proveedor gubernamental estaría involucrado en una operación de hackeo? Son preguntas que la justicia aún no responde, pero que la sociedad no puede dejar de hacerse.» -Observatorio Ciudadano en Facebook.
De acuerdo con varios medios locales, el pasado 2 de octubre, el empresario Francisco Javier N. denunció a los tres comunicadores, en los que se encuentra la periodista Anahí Torres. En una conferencia de prensa mencionó que se difundió información falsa acerca del cateo de su casa y argumentó que se trató del seguimiento a un conflicto doméstico y no de la existencia de un arsenal de armas y un centro de espionaje.
El panorama de violencia que enfrentan las periodistas en México
De acuerdo con el informe «Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador» de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), México se encuentra en una crisis de derechos humanos, sobre todo porque existe una fractura en el derecho a la libertad de expresión. El informe refiere que, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el país está entre los primeros lugares donde ejercer el periodismo es una actividad de alto riesgo incluso sin estar en una guerra.
Durante el sexenio de López Obrador, el número de agresiones contra las comunicadoras acumuló mil 189 casos (incluidos 5 feminicidios), lo que representó un aumento de 117% respecto al periodo de Enrique Peña Nieto cuando se documentaron 548 casos. Asimismo, se registró que los estados con mayor número de registros son Ciudad de México (24.56%), Puebla (8.66%), y Coahuila (6.22%), mientras que San Luis Potosí ocupa el puesto número 12 (3.45%).
En adherencia, al momento en el que ocurrió el ataque, ellas desempeñaban principalmente cargos de reportera (53.32%), directora (19.85%), columnista (5.63%), fotoperiodista (5.63%) y conductora (5.38%). También se dedicaban a las fuentes de política (50.55%), sociedad (30.45%), seguridad (4.46%), general (4.37%) o policiaca (2.86%).
Las formas de silenciamiento documentadas por CIMAC son bloqueo informativo, amenaza, intimidación, descrédito de la labor o estigmatización, hostigamiento, campaña de desprestigio, uso desproporcionado de la fuerza pública, acoso judicial, detención arbitraria, vigilancia, despido injustificado, despojo de material, censura, hackeo, allanamiento, doxeo, alteración o remoción de contenidos, atentado, espionaje, agresión verbal, barreras de acceso a protección y justicia, desplazamiento forzado, denegación de servicios, privación ilegal de la libertad, feminicidio, intento de homicidio, suplantación de identidad, suspensión de cuenta, plagio, agresión al entorno familiar, agresión sexual, ataques a instalaciones del medio, tortura o tratos crueles, acceso a la verdad y la memoria, coacción, discriminación o exilio.
De la misma manera, quienes ejercieron violencia contra las periodistas fueron personas funcionarias estatales (18.42%), personas funcionarias municipales (13.46%), civiles (10.43%), usuarios de redes sociales (10.43%) y personas funcionarias federales (7.65%).
Presidencia ante la prensa
Este acercamiento de la periodista Candy Anahí Torres González, de San Luis Potosí, ante la presidencia de la República mexicana recuerda más peticiones que han llevado otras mujeres periodistas a la conferencia Mañanera como fue el caso de Guadalupe Lourdes Maldonado López el 26 de marzo del 2019.
Lourdes Maldonado viajó desde Baja California quien solicitó apoyo al máximo poder del Ejecutivo. La periodista ya había advertido la violencia que enfrentaba por su labor periodística y lo hizo públicamente ante el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a quien le compartió con el micrófono abierto, las amenazas de muerte que recibía y detalló que temía por su vida, pero ni esto le valió para ser protegida, tres años después fue asesinada.
La periodista Lourdes Maldonado, fue víctima de feminicidio el 23 de enero del 2022 en el fraccionamiento Las Villas, cuando estaba en su auto, en la ciudad de Tijuana, Baja California.
La comunicadora también fue fundadora de la Red Nacional de Periodistas y de la Red Trinacional de Periodistas México, Canadá y Estados Unidos. Su asesinato ocurrió luego de ganar un litigio labor por despido injustificado que mantenía con PSN (Media Sport de México S.A. de C.V.) que pertenecía al entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.
