Ciudad de México.- En entrevista para Cimacnoticias, Samantha Jennifer Fierro Delgado —quien se encuentra detenida en el Centro de Readaptación femenil (CERESO) de Aguascalientes— compartió que el pasado 3 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la revisión del amparo que promovió en su caso por el cual lleva seis años privada de su libertad por un delito que no cometió y por la desaparición de su hija Victoria una vez que dio a luz dentro del penal.
Este proyecto que será llevado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, representa un avance en su caso, el cual, hasta hace dos meses atrás el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes quien ha acompañado a Samantha, pensaban llevarlo ante ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe señalar que el caso de Samantha presentó dos denuncias y es la primera de ellas la que se espera que la SCJN pueda analizar a través de la revisión de su expediente, así como el resto de material disponible como las denuncias, videos y reportes existentes. Anteriormente, Erick Romani, su pareja, explicó al medio que la familia se encontraba a expensas del recurso de revisión para revertir la sentencia emitida en su contra la cual es de 21 años y 3 meses.
En julio de este año, se llevó a cabo una audiencia pública donde el Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito revisó el amparo 196/2024 para que el caso de Samantha se revisara desde una perspectiva de derechos humanos. No obstante, la instancia concluyó que no era necesario argumentando que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar su responsabilidad.
Por ello, Samantha tiene esperanza en la SCJN: «Sigo en busca de justicia. Yo creo que no está bien que por estar en el lugar menos indicado me hayan sentenciado por un homicidio que yo no cometí (…) la notificadora me dijo que ya mi papel y todos mis documentos ya están allá en la Ciudad de México», expresó.
Samantha lleva seis años en reclusión porque desde la Fiscalía General de Aguascalientes, se presentó una narrativa alrededor del caso alejada a la verdad. El 19 de noviembre de 2019, ella fue arrestada por el homicidio de un hombre el cual vio por última vez peleando con su padre, el verdadero autor del delito. El caso se dio a conocer dos días después a los medios de comunicación como si se hubiera llevado a cabo ese mismo día, por lo que, la joven pasó dos días detenida sin ningún cargo.
Las autoridades pasaron por alto que se encontraba en una relación de poder con su padre y denunció las violencias que vivió. Esto fue interpretado como una irregularidad y el 27 de noviembre la Fiscalía presentó en conferencia de prensa la historia de la detención de una banda peligrosa relacionada con la prostitución y extorsión donde involucraron a Samantha cuyo papel era el de una mujer que enganchaba a los hombres, lo cual fue revictimizante para ella.
Para apoyar la narrativa, la Fiscalía presentó un video alterado con inteligencia artificial de índole sexual e hicieron públicos datos personales como fotografías y videos de su detención, violando el debido proceso. Lo que nunca se mencionó fue la violencia sexual y tortura que ejercieron en su contra por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado de Aguascalientes cuando la detuvieron.
El miedo en el CERESO de Aguascalientes
Actualmente la directora del Centro de Readapatación Social femenil, Samantha Durón, y el médico del Cereso varonil, Juan Carlos Barnola Ochoa, fueron destituidos para investigarlos gracias a que el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes presentó un documento con 85 firmas de reclusas con sentencias firmes en el que pidieron su renuncia. Asimismo, se denunciaron varios casos de negligencia médica, violencia obstétrica y una extorsión.
No obstante, la organización denuncia que ambos siguen laborando para el penal, que no fueron despedidas de sus puestos, sino sólo se removieron la directora quien se encuentra en el área de jurídico en el Cereso varonil y el médico se encuentra en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).
Pese a que una reportera cuestionó al fiscal de Aguascalientes Manuel Alonso García sobre las acusaciones en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre, este negó las acusaciones.
Aunque la directora ya no está en su cargo, las mujeres privadas de su libertad tienen miedo de hablar de las violaciones de derechos humanos ante la probabilidad de que regrese. Desde la experiencia de Samantha, el transcurrir los días en el Centro de Readaptación femenil (CERESO) de Aguascalientes ha sido una lucha de todos los días, pues constantemente comandantes y personal de seguridad interponen un reporte por cualquier motivo.
Cuando el caso de la desaparición de Victoria, la hija de Samantha, se hizo público, ella fue catalogada como «un foco rojo» en el que le pusieron reportes en varias ocasiones. Recordó haber vivido esa experiencia con temor por posibles represalias o ante la posibilidad de que se cayeran las dos denuncias que interpuso en su caso concreto y por el de su bebé. La represión en su contra estuvo acompañada por amenazas: «ya deja de hacer ruido, deja de estar levantando polvo, si no quieres que te vaya a pasar algo» describe que le advirtieron.
Gracias a la lucha de Samantha y Erick, se encuentran a la espera de que un juez dictamine a favor de una solicitud de exhumación del cuerpo que le fue entregado a la familia para que se determine si se trata de Victoria o para saber quién es el niño que se expresa en el certificado de defunción.
Estos exámenes se realizarían a través de una asociación independiente de antropólogos argentinos que se sumaran como peritos externos.
«Fue en el mes de mayo, donde tuvimos una audiencia de tutela de garantías o una audiencia innominada y ahí nosotros desahogamos nuestras inquietudes con el juez de control derivado de que el Ministerio Público se negó rotundamente a hacer la solicitud para exhumar (…) presentamos un escrito con más de 80 hojas donde demostramos todos los agravios y las irregularidades» -Erick Romani
«Yo creo que, en lugar de hacer una reinserción, en lugar de ayudarnos a salir de este lugar, nos ponen mucho el pie», comentó Samantha. Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes se ha denunciado el panorama que enfrentan las mujeres privadas de su libertad en el CERESO a raíz de las denuncias públicas sobre negligencias médicas, violencia feminicida, omisiones y extorsión.
Entre esos casos se encuentra el de Samantha cuando en 2023 dio a luz a su bebé Victoria sin atención médica. Una vez que una de sus compañeras le ayudó a parir se dieron cuenta que se trataba de una niña, incluso el médico Juan Carlos Barnola Ochoa del Cereso varonil le ayudó a cortar el cordón umbilical, pero cuando la llevaron al Hospital Tercer Milenio, dónde trabajaba el doctor, le dijeron que la recién nacida había muerto.
Más tarde, el informe forense reportó que se trataba de un bebé masculino, nacido sin vida por hipoxia, con signos vitales de violencia en el cuerpo y esta versión no solo contradijo el nacimiento inicial y a los testimonios. Hasta el momento, las investigaciones se encuentran estancadas, tanto Samantha como Erick atribuyen a que es gracias a que el actual fiscal de Aguascalientes, Manuel Alonso García fungió como secretario de Seguridad Pública estatal, instancia a cargo de los Centro de Readaptación Social.
«No hemos tenido respuesta. Mi esposo y yo seguimos a pie de lucha en busca de justicia (…) siento que fiscalía nos está poniendo el pie (…) el mismo fiscal hizo hace poquito una rueda de prensa (…) prácticamente me echan a mí la culpa, pero yo creo que si fuera mi culpa hubieran hecho bien las cosas. El doctor Barnola no hubiera desaparecido todo el primer trimestre de mi expediente» – Samantha Jennifer Fierro Delgado.
