Ciudad de México.- El pasado 6 de octubre, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo una mesa de diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto para discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos señalaron la falta de transparencia en la conformación de un presupuesto con perspectiva de género.
De acuerdo con Paola Vázquez Molina, coordinadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) el panorama que enfrentan las mexicanas no es suficiente. Actualmente, solo el 46% de las mujeres tienen un empleo o están en busca de uno, siendo una cifra baja en comparación con el 80% de los hombres. La principal razón es que ellas asumen el trabajo de cuidados destinando 2.5 veces más a estas labores que sus congénitos lo que conforma una de las barreras estructurales que afianza la desigualdad.
Estimaciones del IMCO señalan que de continuar así a México le tomaría 56 años que las mujeres alcancen el 67% de la participación económica de los hombres. Por otro lado, de incluir a 18.6 millones de mexicanas a la economía en la próxima década, el PIB nacional aumentaría a 6.9 millones de pesos, 11.5 veces más de lo que se destina hoy al Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres». En consecuencia, apuntó que el presupuesto destinado actualmente no está cubriendo las necesidades ni respondiendo a las realidades de las mujeres.
Entre los principales problemas detectados en el Anexo 13, Paola Vázquez advirtió que el 44% del presupuesto se destina a las pensiones para adultas mayores y aunque esto no es negativo, se está limitando las posibilidades de invertir en infraestructura de cuidados y condiciones laborales más igualitarias con flexibilidad laboral para las mujeres. Esto, indica una contradicción política presupuestal basada en un problema paliativo que excluye al resto de mujeres y a esto se suma que no existe un criterio para determinar la asignación de cada rubro.
«Vemos que dentro de este anexo justamente estamos lejos de integrar un presupuesto que responda a las realidades estructurales y lo vemos concentrado en estas realidades paliativas que también tenemos en México. Sin embargo, estamos pues dejando desprotegidas a una gran parte de la población y que sin duda tendríamos que empezar a revisar.» -Paola Vázquez Molina, coordinadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
Falta de transparencia en el programa de refugios para mujeres
Para Wendy Figueroa Morales, directora general de Red Nacional de Refugios A.C., aunque en 2021 lograron que el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos se incluyera en el presupuesto federal, ahora su fusión al Programa para la prevención y detección de las violencias feminicidas y atención de las causas causa que deje de aparecer como un programa específico.
Además del retroceso en materia de derechos humanos y en la política para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, la defensora explicó que se dificulta la trazabilidad de recursos impidiendo que lleguen específicamente a quienes lo necesitan e imposibilita el seguimiento lo que podría repercutir en las mujeres, niñas y niños beneficiarios.
Al revisar los anexos transversales tampoco apareció el programa más que dos actividades: el servicio de cuidado a niñas, niños y adolescentes, así como atención interna y especializada para mujeres indígenas y afroamericanas. No obstante, el primero no especifica de qué tipo de refugios se habla y el segundo no especifica y la cusa concreta son las mujeres de este sector o aquellas que enfrentan violencia. La hipótesis actual que encuentra la RNR al analizar el presupuesto del año anterior, es que en 2026 se destinen 504 millones 282 mil 272 pesos para el programa de refugios.
Lo que se conoce es que, con el nuevo programa, se busca impulsar acciones estratégicas que fortalezcan los Centros de Justicia, pero se desconocen lo planeado para los refugios. Para Wendy Figueroa el presupuesto 2026 presenta avances discursivos y no hay claridad en el reparto de recurso, por lo que, solicitó que con la fusión se realicen reservas y se asegure la asignación presupuestaria a los refugios, se haga la especificación clara en el anexo transversal para que se pueda dar seguimiento y que en el 2027 regrese a ser un programa específico en el Anexo 13.
En un caso diferente, Noemí Prisciliano Fernández, abogada en el centro comunitario Casa de Saberes Gúwa Kúma de Ayutla, Guerrero, señaló que el centro -el cual nació como parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de abuso sexual que vivió Inés Fernández Ortega en manos del ejército mexicano- ya no cuenta con el mismo apoyo económico tras la desaparición del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) en este año.
De poder dar cobertura a nueve meses de actividad, ahora con los Lineamientos del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, el financiamiento de la Casa de Saberes depende de un subsidio de acciones vinculadas con Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el cual solo da cobertura a cinco meses y contempla únicamente salarios de personal.
Derivado de esto, el personal de la Casa de Saberes no puede movilizarse para impartir platicas en comunidades ni realizar trabajos en defensa de derechos humanos como ir a juzgados en cada región del estado cuando por orden de la CoIDH el Estado mexicano debe garantizarles recursos en 2010. Asimismo, en Ayutla existen dos alertas una por violencia feminicida y otra por agravio comparado. Gracias a ellas, las mujeres indígenas pueden acceder a servicios especializados en su propio idioma y contexto cultural.
«Esta situación pone en riesgo la continuidad de un espacio que simboliza una medida de reparación y un compromiso del Estado con las mujeres indígenas. Lamentablemente nosotras como mujeres no hemos sido escuchadas por parte del gobierno aún carecemos de mucho apoyo.» -Noemí Prisciliano Fernández, abogada en el centro comunitario Casa de Saberes Gúwa Kúma
El Anexo de los cuidados opacado por programas sociales
Nora Goretti García Velázquez, investigadora de México Evalúa, trajo a colación que, pese a la creación del Anexo 31 para la construcción del Sistema Nacional de Cuidados, compuesto por 48 programas de 20 ramos administrativos y con 466 mil 800 millones de pesos (1.2% del PIB), en realidad el recurso destinado para el cuidado infantil representa apenas el 0.1%. De acuerdo con los cálculos de su organización, de cada 100 pesos 64 se destinan a transferencias universales (como pensiones o becas), 29 pesos a la salud y 5 pesos al cuidado en guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Asimismo, solo 3 programas concentran el 81.3% del presupuesto los cuales son la Beca Rita Cetina, los servicios de salud del bienestar y la pensión de adultas mayores, mientras que el programa para madres trabajadoras solo tendrá 2 millones 500 mil pesos. Para Nora García, de seguir así el recurso no llegará a las personas cuidadoras quienes en su mayoría son las 75.1% de las mexicanas. En adherencia, al cuidado infantil se van a destinar 24.4 millones de pesos lo que representa apenas el 1% más que en 2025 y 10% más que en 2016.
La investigadora también destacó que, pese al aumento en el presupuesto destinado al IMSS la atención no ha cambiado y cada vez hay menos infancias atendidas. Por ejemplo, el Programa de apoyo para hijos e hijas de madres trabajadoras creado en 2019 recibe 3.200 millones de pesos y permanece estancado aun cuando se abrió una nueva vertiente para beneficiar a jóvenes e infancias en orfandad.
También explicó que existe una brecha en la atención a menores, ya que en el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se destinan 177 mil pesos para atender a las infancias y en el IMSS solo 15 mil pesos del programa de madres trabajadoras. En ambos se han reducido el número de guarderías disponibles gracias a una cuestión administrativas de contratos entre el sector público y el privado.
«Nosotros recomendamos definir técnicamente qué entendemos por cuidados, cómo lo planeamos hacer, establecer criterios claros para incluir los programas en el Anexo 31 e invertir más en servicios directos, especialmente de primera infancia y personas dependientes. Estamos frente a un momento histórico para poder plantear un anexo 31 que pueda servir como un referente internacional, pero también que pueda haberse acompañado de una claridad técnica y que pueda contribuir a la igualdad y al bienestar social de las mujeres.» -Nora Goretti García Velázquez, investigadora de México Evalúa
