Ciudad de México.- El gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, ordenó eliminar el uso del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos, una decisión que no solo contribuye al borrado y la invisibilización de las mujeres sino que refleja la grave crisis de derechos humanos que se enfrenta en la región.
Con esta disposición, quedará prohibido el uso de expresiones como “todas y todos”, “amigue”, “compañere”, “niñe” o “alumn@”. La decisión fue tomada bajo el argumento de “garantizar el buen uso del idioma” en todo tipo de materiales, libros y documentos administrativos.
Así, el lenguaje inclusivo continúa siendo un terreno de disputa simbólica y política, en el que se debate no solo la forma de hablar, sino también la manera en que se reconoce o se borra la presencia de las mujeres, quienes históricamente han sido ocultadas incluso en el vocabulario
La medida fue firmada por la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Karla Edith Trigueros, quien informó a través de su cuenta de X que la iniciativa comenzará a aplicarse este mes con el objetivo de “proteger a la Primera Infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.
La resolución ha generado críticas, pues representa un retroceso para las mujeres. De acuerdo con el artículo El lenguaje inclusivo y no-sexista. Una mirada general desde el enfoque iusfilosófico y sociojurídico, este tipo de lenguaje constituye una respuesta histórica frente a la subrepresentación y marginalización de las mujeres. Suprimirlo fomenta la injusticia social y refuerza las desigualdades estructurales y simbólicas que perpetúan la subordinación.
El estudio, sustentado en la teoría crítica del derecho, plantea que el lenguaje es un instrumento de poder con la capacidad de oprimir o liberar. Desde esta perspectiva el control discursivo determina las estructuras desde las cuales se piensa y se perciben las relaciones de sexo y género.
En ese sentido, la teórica feminista Silvia Federici, en su obra El patriarcado del salario, sostiene que el lenguaje inclusivo contribuye a desmantelar las estructuras patriarcales y a promover una mayor equidad de género, considerándolo un primer paso hacia una transformación más profunda en las relaciones de poder y en la percepción social del género.
El lenguaje se transforma
Según la ministra salvadoreña Trigueros, la decisión busca “proteger” el idioma. Sin embargo, el mismo artículo l lenguaje inclusivo y no-sexista. Una mirada general desde el enfoque iusfilosófico y sociojurídico, contrapone este argumento al recordar que el lenguaje “está vivo” y evoluciona constantemente, ya que al ser adquirido culturalmente y por imitación, es susceptible de cambios.
Esa capacidad de transformación refleja los procesos sociales y culturales de cada época. En este flujo constante de innovación, el lenguaje se convierte en un testimonio de la evolución social, adaptándose y transformándose para dar voz a nuevas experiencias y realidades.
La resistencia al lenguaje inclusivo, no es exclusiva de El Salvador. Diversos sectores conservadores y tradicionalistas en América Latina sostienen que su uso constituye una “imposición ideológica” que va en contra de los valores tradicionales y de las normas establecidas del español. Desde esta visión, el lenguaje inclusivo “distorsiona” el idioma y no representa un cambio positivo.
Quienes defienden su uso recuerdan que “las y los dueños de la lengua son quien la hablan y no la academia; la academia solo regula sus usos”.
Pese a la oposición, el avance del lenguaje inclusivo ha sido impulsado principalmente por los movimientos feministas y de derechos humanos, que lo promueven como una herramienta de resistencia y empoderamiento. Su expansión también ha sido respaldada por políticas públicas y por la presión de organismos internacionales que buscan fortalecer los principios de igualdad y no discriminación.
Retroceso de derechos
Es importante, mencionar que la decisión de eliminar el lenguaje no sexista, se da en medio de un contexto que se vive en el país desde el 2019, tras la llegada de Nayib Bukele a la presidencia.
El ascenso de Bukele al poder, implicó sentar las bases de un gobierno autoritario, que se consolidó en 2022 con la implementación del estado de excepción bajo el argumento de combatir a las pandillas; sin embargo, esta medida provocó un recrudecimiento de violaciones a derechos humanos y casos de tortura por parte del Estado, denunciados por defensoras y periodistas, quienes han sido amenazadas, obligadas al exilio o incluso criminalizadas.
De acuerdo con la Organización Mundial Contra la Tortura, al menos 34 personas defensoras de derechos humanos permanecen encarceladas en el país.
Uno de los casos más representativos de esta represión es el de Ruth López, directora anticorrupción de la organización Cristosal, detenida el 18 de mayo por presunto enriquecimiento ilícito. Tanto ella como la organización han negado las acusaciones, denunciando que se trata de una venganza política debido a sus investigaciones y a su voz crítica frente a un gobierno que presume un aparente progreso.
El 4 de junio se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Ruth López, defensora de derechos humanos, quien fue detenida con una serie de irregularidades, se documentó que ha tenido cambio el supuesto delito, problemas en el debido proceso y presunción de inocencia.
Ante la detención de López, para Cristosal, este hecho representó el “punto de quiebre” que los obligó a cesar sus actividades en el país. No fue el único caso de hostigamiento, pues integrantes del equipo también denunciaron vigilancia e intimidaciones por parte de la policía.
Prensa
La represión no ha sido exclusiva contra defensoras de derechos humanos, sino que también ha impactado de manera severa a periodistas.
El pasado 1 de junio, el medio El Faro El Salvador anunció que todos sus integrantes se exiliarían en Guatemala, ante el temor de detenciones arbitrarias, tras publicar una investigación que reveló acuerdos entre pandillas y el gobierno de Bukele. El primer capítulo, titulado “Las confesiones de Charli”, fue publicado el 1 de mayo, y generó una reacción violenta del gobierno.
En su fotoreportaje “Retrasos de un nuevo exilio”, El Faro El Salvador documentó la difícil situación de sus periodistas, señalando que, hasta el 13 de junio, al menos 40 habían sido recurrido al desplazamiento forzosado, de acuerdo a la Asociación de Periodistas de El Salvador, lo cual definió como un “éxodo masivo”. Aunque se desconoce el número exacto de defensoras y defensores exiliados tras la detención de Ruth López, se sabe que muchos también han abandonado el país por seguridad, tal y como los integrantes de Cristosal.
Esta serie de acciones que atentan contra los derechos humanos, dejan entrever, que la decisión de eliminar el lenguaje no es un hecho circunstancial, sino que corresponde a una estructura patriarcal y ultraconservadora que se ha ido construyendo desde hace 6 años y que no pretende cesar.
