Ciudad de México.- Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones defensoras de derechos humanos firmaron en conjunto un desplegado para denunciar «la persecución y el trato cruel e inhumano al que el Estado mexicano ha sometido a Kenia Hernández, quien lleva cinco años de «injusto» encarcelamiento y señalaron que la única reparación posible es su inmediata liberación.
Por ello, estas organizaciones informaron que acuerpan a Kenia y a su familia, reconociendo su fuerza y los aportes de la defensora, quien aún bajo las peores condiciones de privación de libertad nunca ha dejado de luchar por sus derechos y los de sus compañeras internas; así como la fuerza de su familia y sus hijos, quienes también mantienen la demanda de justicia y libertad para su madre.
El caso de Kenia es uno de los más conocidos en México, pues la defensora de los derechos humanos —originaria de Xochistlahuaca, Guerrero— fue encarcelada por delitos fabricados ante las constantes manifestaciones que emprendía en favor de los derechos humanos.
El caso de Kenia Hernández no es un hecho aislado. Responde a un patrón sostenido de criminalización contra mujeres defensoras en México y América Latina. Entre 2012 y 2023, el informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan, elaborado por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), documentó 35 mil 77 actos de violencia contra 8 mil 926 mujeres defensoras y 953 organizaciones.
Estas organizaciones promotoras de derechos humanos, aludieron a Claudia Sheinbaum Pardo al mencionar que esta liberación supondría un acto de justicia y humanidad propio de un gobierno que afirma estar inmerso en un proceso histórico de transformación.
Las defensoras recordaron que el pasado 7 de septiembre falleció la mamá de Kenia, quien desde el inicio de la reclusión había asumido el cuidado de los hijos menores de edad de la defensora y tras recibir la noticia en el penal Neza Sur, ubicado en Nezahualcóyotl, estado de México, solicitó a las autoridades penitenciarias el permiso humanitario para poder asistir al funeral, sin embargo, su petición fue rechazada «de manera arbitraria bajo argumentos infundados, como la distancia del traslado», afirmaron.
Consideraron que el pretexto de la distancia para no conceder el permiso es otra prueba de la cúmulo de actos arbitrarios y violaciones a derechos que vive Kenia y detallaron que esta situación es consecuencia de la omisión del Estado mexicano al no garantizarle el derecho a ser recluida en un penal cercano a su entorno familiar, lo que vulnera no sólo su integridad emocional, sino también el vínculo con sus hijos y redes de apoyo.
Por lo que esta negativa, «representa una grave violación a los derechos de Kenia» y a lo estipulado en el Capítulo IV de Permisos Humanitarios de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual establece que:
«La persona privada de su libertad, podrá solicitar al Juez de Ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendiente de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario, o socioconviviente».
Además, esta decisión de las autoridades penitenciarias también ha generado impactos emocionales tanto en la propia defensora, que ha sido privada de despedirse de madre, como en sus hijos, quienes han enfrentado el encarcelamiento injusto de su madre y ahora enfrentan el duelo por la pérdida de su abuela, la persona que durante todo este tiempo se había cuidado de ellos.
Cabe recordar que Kenia fue arbitrariamente detenida la noche del 18 de octubre de 2020 en una caseta de peaje del Estado de Puebla y, tras permanecer en paradero desconocido y sin que se le informará sobre su situación durante horas, fue trasladada a un penal del estado de México.
Seis días después, el 24 de octubre, tan sólo una hora después de que una jueza del estado de México le concediera libertad bajo medidas cautelares, Kenia fue detenida de nuevo, esta vez por orden de un juez federal. Se la acusaba por supuestos delitos de “robo con violencia armada” y “ataques a las vías de comunicación” en perjuicio de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y Autovías Concesionaria Mexiquenses.
Desde entonces Kenia ha estado presa y ha enfrentado procesos judiciales, de ámbito estatal y federal, por once delitos cuyas penas acumuladas suman más de veinte años de cárcel, de los cuales ya ha estado cinco años en reclusión, tiempo durante el que ha enfrentado, «un patrón sistemático de vulneraciones y violaciones a sus derechos«, como su reclusión en un penal de máxima seguridad bajo condiciones inhumanas que pusieron en riesgo su salud física, psicológica y emocional.
Estas condiciones incluyeron la negación de acceso a atención médica y a agua potable, control de su correspondencia y situaciones extremas de aislamiento, así como restricciones a las reuniones con su defensa jurídica y a la visita de sus hijos.
Frente a este trato indigno, Kenia, quien nunca dejó de alzar la voz por sus derechos ni por los de sus compañeras de reclusión, se declaró en huelga de hambre en dos ocasiones. Gracias a su firmeza, al trabajo incansable de su equipo jurídico y al acompañamiento de organizaciones comprometidas con su causa, se logró su traslado a un centro penitenciario con condiciones menos lesivas para su integridad.
Los daños causados a éstos aún son más flagrantes y exponen la crueldad e inhumanidad de un sistema que persigue a quienes lucha por un mundo mejor y que impone modelos de (in)justicia patriarcales, racistas, clasistas e individualizados y que no tienen en cuentan los impactos colectivos de sus medidas, afectando a familias enteras y comunidades y generando un mayor daño que el que pretenden subsanar.
Finalmente, señalaron que estos cinco años de encarcelamiento son una condena sumamente larga que no satisface el principio de proporcionalidad, ni permite la posibilidad de reinserción a su familia y a la sociedad, con reiteradas violaciones a sus derechos y tratos inhumanos y arbitrarios como negarle la posibilidad de despedir a su madre fallecida y abrazar el dolor de sus hijos.
Las organizaciones que acuerpan a Kenia son: Alianza de Comunidades en defensa de la Cuenca de los Ríos Bobos-Nautla y Tecolutla; Asociación por La Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana; CNTE-Estado de México; Colectivo Ecocreando; Edela, México; Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)
Organizaciones integrantes: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (RedTDT); Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados (SMR); Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC). Acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México; Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos; Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras); Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección las Personas Defensoras de Derechos Humanos; Plataforma por La Paz y los Derechos Humanos México – Unión Europea; Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT); REDIM (Red por los derechos de la infancia en México).
En prisión siendo mujer indígena
Wendy Rayón
Al pertenecer a una comunidad indígena, Kenia vivió de cerca la violencia que llegan a enfrentar las y los habitantes de pueblos originarios ante invasiones extractivistas o violaciones a derechos humanos. La defensora es dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y desde el 2019 ella y sus compañeras y compañeros de lucha comenzaron a recibir amenazas y hostigamiento judicial.
Para junio de 2020, mientras se llevó a cabo una protesta por la liberación de presos que eran integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Kenia en compañía de tres defensores más fueron detenidos en la carretera Toluca-Valle de Bravo, ubicada en el estado de México. Transcurrieron cinco días en los que estuvo en prisión preventiva dentro del Centro Penitenciario «Sergio García Ramírez» en Ecatepec y después fue liberada, pero permaneció bajo vigilancia de las autoridades.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, alrededor de 22 elementos de la policía detuvieron a Kenia en la caseta de Amozoc, Puebla. Este hecho se dio sin que le hicieran saber el motivo de su detención y además lo hicieron sin una orden judicial.
Posteriormente, se le comunicó a sus familiares que Kenia se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. La acusaron de ataques a las vías de comunicación contra Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). Ahora enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión como resultado de dos sentencias por delitos fabricados: robo con violencia y el uso de un arma.
En experiencia de la defensora, la mayoría de las mujeres indígenas que terminan privadas de la libertad es gracias a delitos que cometieron sus parejas y esposos. A esto se suma el círculo de violencia contra ellas que se prolonga incluso en el sistema de justicia, los cuales están conformados con más frecuencia por hombres quienes no las juzgan con perspectiva de género, dándole así largas sentencias que no se equiparan con el delito que cometieron o en otras ocasiones, ni siquiera infligieron la ley.
Cuando Kenia estuvo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No 16 de Morelos, la cárcel de máxima seguridad para mujeres en México, había 16 mujeres indígenas privadas de la libertad de las cuales al menos 11 eran inocentes. Ahora que se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Neza-Sur con ella suman 15 mujeres indígenas en el penal y afirma que 9 son inocentes. Una de ellas quien tiene 61 años cumple una sentencia de 60 años que probablemente no llegará a terminar, por lo que ambas experiencias muestran una tendencia en la criminalización de este sector.
A casi cinco años de estar privada de su libertad, la defensora ha pisado diferentes penales y en todos emprendió acciones en favor de las mujeres indígenas. Por ejemplo, cuando fue trasladada al Cefereso 16, entre el 25 de octubre del 2020 hasta el 25 de enero del 2024, logró instalar un pabellón de las mujeres indígenas tras insistirle a la directora por tres años. Se trata de un espacio de convivencia en donde se les permite vivir juntas, cocinar, compartir sus saberes ancestrales e incluso sembrar la tierra con milpa, calabazas, ejotes y rábano. Según los reportes que recibe Kenia, el pabellón es uno de los sitios del penal exentos de suicidios de mujeres
Cabe recordar que, el Cefereso 16 es el único centro penitenciario federal para mujeres en el país y considerado uno de los más grandes en América Latina, el cual se ubica en el estado de Morelos. No obstante, se ha convertido en uno de los espacios más violentos contra las mujeres porque desde 2015 con su apertura se han llevado a cabo torturas, castigos, tratos crueles e inhumanos y violaciones a derechos humanos, todo esto, bajo un cobijo sistémico del cual es responsable el Estado mexicano y la cúpula empresarial mexicana.
Prisión feminicida mexicana – cimacnoticias.com.mx
Muertes en custodia en Cefereso 16 femenil – cimacnoticias.com.mx
Por otro lado, en el penal de Neza, en el que actualmente se encuentra, no hay tierra para sembrar, por lo que se ha dedicado a atender una cooperativa de 26 mujeres que se apoyan mutuamente y en donde Kenia les enseña a ser resilientes para hacer frente ante las injusticias del sistema. Asimismo, trabajan haciendo obras de artesanía y comparten sus conocimientos que funcionan como terapia ocupacional provocando incluso que, algunas de ellas, dejen las adicciones al tabaco, drogas y medicamentos.
«A mí me da mucho gusto y se me llena en el corazón de saber que el trabajo está dando frutos, de saber que el esfuerzo ahí está, porque el contacto permanente con la tierra es tan amoroso» -Kenia Hernández, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero.
Defender a las mujeres de su comunidad
Antes de terminar presa, Kenia ya trabajaba como defensora de los derechos humanos, una decisión que tomó a los 16 años luego de atestiguar la violencia física que vivió una de las mujeres indígenas de su comunidad a quien le enseñaba a leer y escribir. El responsable fue la pareja de la mujer quien se encontraba en estado etílico.
Según narró la defensora, en su infancia nunca vivió con violencia física o emocional. Su padre siempre trató con respeto a su madre, aunque de vez en cuando cometía actos de micromachismo, afirmó durante la entrevista. Debido a esto, nunca dimensionó las consecuencias de la violencia de género, pero la situación con aquella mujer indígena de su comunidad le hizo saber que debía estudiar Derecho, una promesa que cumplió al estudiar en la Universidad de Loyola gracias a una beca que ganó.
Cuando regresó a su comunidad se dedicó a atender casos de divorcio, violencia familiar e incluso casos de feminicidio. A partir de su trabajo notó la violencia generalizada que viven las mujeres indígenas. Según su testimonio, para entender el contexto se debe partir de las restricciones sociales que les impide superarse ligado a estereotipos de género.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, se estima que, de las 7 millones 364 mil 645 personas indígenas en México, 3 millones 785 mil 427 son mujeres (51.4%). La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) reveló que al menos el 67.7% de las mujeres indígenas sufrió violencia de género a lo largo de su vida. Por ejemplo, el 50.4% sufrió violencia psicológica, el 36.7%violencia física, el 41.8% violencia sexual y 28.4% violencia económica o patrimonial.
Y la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, señala que ellas enfrentan diferentes formas de discriminación en varios ámbitos de su vida:
Por forma de vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).
A esto se suma la violencia de género que viven. Siguiendo el estudio ‘Violencias de Género en contra de mujeres indígenas en México en contextos públicos, privados e institucionales’, son principalmente las niñas y mujeres indígenas quienes afrontan las desigualdades sociales. Estas formas de opresión no deben entenderse como una sumatoria, sino como la intersección de dos identidades: mujer e indígena.
«Le solicito y le pido que nos voltee a ver porque la organización social es una parte fundamental de la reconstrucción del tejido social. Si queremos sacar adelante a este país, si queremos que se frene la delincuencia; se tiene que volver a ver las cárceles» -Kenia Hernández, activista y defensora de los derechos de las mujeres en Guerrero.
