Ciudad de México.- A través de una conferencia de prensa, Mariana Ávila directora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes y Erick Vázquez defensor de derechos humanos, denunciaron un caso de extorsión en el Centro de Reinserción Social Femenil (Cereso) de Aguascalientes que se suma a las denuncias por violación de derechos humanos registradas en este espacio.
Fue gracias a un grupo de 85 mujeres en condiciones de reclusión quienes lograron la destitución de la ex directora Sandra Samantha Ruiz Esparza Durón, y el ex coordinador de Áreas Medicas de los Centros Penitenciarios de Aguascalientes, Juan Carlos Barnola Ochoa. Ellas en conjunto denunciaron violaciones a su derecho humano a la salud en el Cereso y aunque fueron retirados de sus puestos para realizar una investigación, fue el mismo Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes quien detectó que ambos funcionarios siguen laborando para el penal, ya que no fueron despedidos, sino sólo removidos.
De detalló que la directora se encuentra en el área del jurídico del Cereso varonil y el médico se encuentra en el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA).
Pese a que una periodista cuestionó sobre esta simulación en la remoción de sus cargos de estos dos funcionarios, al fiscal de Aguascalientes, Manuel Alonso García en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el pasado 23 de septiembre, éste negó las acusaciones a pesar de las evidencias.
Acusan negligencia médica en Cereso femenil de Aguascalientes – cimacnoticias.com.mx
Uno de los casos que impulsó la visibilidad sobre este Cereso femenil de Aguascalientes fue el de corrupción y extorsión presuntamente cometido por la ex directora Sandra Samantha contra una mujer interna:Verónica Elizabeth García Herrera quien interpuso una denuncia formal, con el número de expediente es CI/AGS/21231/08-25 el cual sigue su curso legal.
Es importante señalar que este mismo caso fue denunciado ante la la Dirección General de Investigación de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.
Según relató el Observatorio, Verónica es una mujer de 42 años originaria de San Luis Potosí quien actualmente se encuentra en el Cereso femenil de Aguascalientes por el delito de secuestro. Su caso coincide con la tendencia del Estado mexicano en trasladar a mujeres en prisión a diferentes puntos de la República y no cerca de dónde se encuentra su red de apoyo, lo que impide la posibilidad de una reinserción real en muchos de los casos.
Desde el inicio de su detención, Verónica enfrentó irregularidades, pero finalmente se convenció de solicitar su traslado a un centro de reclusión en San Luis Potosí, la solicitud fue aceptada en 2024 por Manuel Alejandro Bárcenas Martínez, entonces director general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aceptó y la remitió con Sandra Samantha.
Fue entonces que el Observatorio apuntó que la funcionaria presuntamente le habría solicitado la cantidad de 50 mil pesos a Verónica para realizar el traslado. Ella aceptó pagar el monto, el cual reunió con su trabajo en el taller de cocina del Cereso y con ayuda de su familia. Sin embargo, antes de entregarle el dinero, ella advirtió irregularidades en el proceso, pues la exdirectora mostró una actitud evasiva sobre su traslado.
Para el 15 de enero de 2025, le entregó el dinero completo y a las 8 de la mañana del día siguiente llegó el operativo por ella y partió con destino al Cereso de la Pila en San Luis Potosí. No obstante, al llegar la mantuvieron tres horas esposada y sin alimentos en la aduana penal, más tarde, el director le explicó que no podía recibirla porque faltaba la orden de un juez. Alrededor de las 6 de la tarde, Verónica regresó al Cereso de Aguascalientes perdiendo la posibilidad de trasladarse cerca de su hogar y recuperar su dinero.
Cabe recordar que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) especifica que las personas privadas de la libertad poseen los mismos derechos que cualquier otra persona, salvo los limitados por alguna resolución judicial. Entre ellos se destaca el trato humano, condiciones de reclusión adecuadas, salud física y mental, capacitación que favorezcan la reinserción social, seguridad jurídica, privacidad y condiciones adecuadas en sus comunicaciones con familiares, espacio adecuado para la visita intima, educación con programas de estudio, y que sus hijas e hijos vivan con las madres en espacios adecuados hasta que cumplan seis años.
A pesar de lo señalado por la CNDH, existen factores que impiden el ejercicio de los derechos humanos en reclusión como falta de personal para brindar atención médica; casos de tortura y omisiones para garantizar el derecho a la vida; poca garantía de una defensa adecuada; negación para acceder a un recuso judicial; y condiciones estructurales precarias. A esto se suma que, las mujeres son uno de los sectores que enfrentan contextos de vulnerabilidad como falta de atención médica y psicosocial, violencia institucional y sexual o separación de sus hijas e hijos sin causa justificada.
La resistencia de Verónica dentro del Cereso
En entrevista para Cimacnoticias, Verónica Elizabeth García Herrera relató que el motivo principal de su traslado era estar cerca de su familia. Actualmente, es su madre de 70 años quien acude a las visitas desde San Luis Potosí, pero tarda 3 horas en llegar y el mismo tiempo en volver, lo que ocasiona desgaste económico y de salud. En adherencia, la comunicación telefónica que mantiene con su familia está mermada:
«Si yo estuviera en un lugar más cercano a ellos, mis visitas serían más frecuentes y más seguras para ellos. Para mí es importante la seguridad de mi familia, no solo la mía.», describe Verónica.
Aunque a Verónica le esperan 11 años en prisión, ya no puede volver a solicitar su traslado a San Luis Potosí, ya que el Centro Estatal de Reinserción Social 1 La Pila pronto será cerrado. El segundo lugar al que podría moverse es el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Femenil ubicado en la localidad de El Xolol del municipio de Tancanhuitz dentro de la Huasteca Potosina, pero está ubicado a cinco horas de su casa, aún más lejos de donde se encuentra. Por ahora, una segunda alternativa es moverse al estado de Querétaro, ya que su hija viajará a la entidad para realizar un diplomado. De esta manera, podría verla cada ocho o quince días
Tras el relevo del director general de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quedando en el puesto Jonás Chávez Marín, Verónica denunció a la exdirectora del Cereso femenil. El funcionario autorizó regresarle su taller de cocina -el cual desapareció cuando fue trasladada a San Luis Potosí- y con ayuda del Observatorio pudo interponer una denuncia contra la exdirectora.
No obstante, mencionó que existe un clima de incertidumbre en el penal, ya que se desconoce si realmente la ex directora Sandra Samantha Ruiz Esparza Durón, y el ex coordinador de Áreas Medicas de los Centros Penitenciarios de Aguascalientes, Juan Carlos Barnola Ochoa, están destituidos o regresarán a sus cargos cuando la atención mediática se difumine.
«Yo la verdad tengo miedo a que vuelva (la exdirectora), o sea, ese es mi miedo porque regularmente el gobierno siempre deja como que se calme el agua y regresa. Estamos con miedo.» -Verónica Elizabeth García Herrera
Una de las formas de resistencia que Verónica encontró es a través de su taller de comida, puesto que la mayoría de las mujeres privadas de su libertad experimentan abandono y no cuentan con ingresos propios, por lo que, tener una fuente de trabajo le ayuda a sustentar su vida y la de su familia.
De acuerdo con una investigación de la organización Equis Justicia titulada Vidas en custodia: El castigo carcelario y su extensión a la familia, algunas de las mujeres privadas de su libertad como medida cautelar pueden esperar hasta 15 años para recibir una sentencia en nuestro país.
En ese lapso de tiempo, las condiciones de reclusión someten a las mujeres al abandono de sus familias, la estigmatización, el hacinamiento y la falta de atención médica (entre muchas otras deficiencias del sistema penitenciario mexicano). De igual forma, pierden la posibilidad de ejercer derechos, como el derecho al voto, aún cuando no se ha comprobado su participación en actividades delictivas.
Ante este panorama, Verónica puso su taller de cocina, sumado a que estudió repostería y desde pequeña aprendió de su madre y sus negocios de cocina. Para ella, su trabajo no solo es una manera de obtener recursos, sino de mantenerse ocupada, productiva y dignificar su estancia en el Cereso femenil de Aguascalientes.
