Ciudad de México.- Ha pasado más de un año desde la desaparición de Sandra Estefanía Domínguez Martínez, abogada feminista y activista mixe, en San Juan de Cotzocón, Oaxaca, y casi seis meses desde que fue hallada sin vida en la terracería La Cebia en Santiago Sochiapan, Veracruz. Desde entonces, lo que le ocurrió a la defensora y el acceso a la justicia por su asesinato permanecen en la incertidumbre, ya que la investigación se encuentra estancada.
En entrevista para Cimacnoticias, Yésica Sánchez Maya directora de Consorcio Oaxaca, organización que acompaña jurídicamente a la familia de Sandra Domínguez, señaló que el principal obstáculo es que el caso aún no ha sido clasificado como feminicidio, mientras que se sigue investigando como desaparición de particulares, ya que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca está siguiendo «una línea de menos costo político para el estado», según comentó al medio.
Anteriormente, el gobernador Salomón Jara fue el señalado en varias ocasiones por no atender la violencia feminicida en la entidad. De acuerdo con el Observatorio de Feminicidio del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos» A.C. (GESMujer), en el estado de Oaxaca han ocurrido 273 casos de feminicidios en la actual administración, de los cuales 14 acontecieron en el transcurso de 2025, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Cabe señalar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNLO) indica que, al corte del 15 de octubre de 2025, existen 133 mil 747 personas desaparecidas, de las cuales 30 mil 46 son mujeres. Además, el estado de Oaxaca es una de las diez entidades donde el número de mujeres desaparecidas en mayor al de los hombres con 2 mil 425 casos. En el estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala, la situación se replica.
Las organizaciones y colectivos feministas también apuntaron a la inacción del gobernador ante la violencia de género en el estado. Por ejemplo, la denuncia que hizo Sandra Domínguez hacia al coordinador de Delegados de Paz Social, Donato Vargas Jiménez por estar involucrado en grupos de corte sexual donde se compartían fotografías y videos de mujeres mixes. A raíz de su denuncia, la defensora fue amenazada y el 4 de octubre de 2024, desapareció.
Reportaje Especial. Sandra Domínguez, la defensora indígena oaxaqueña – cimacnoticias.com.mx
Trece días después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente para rendir cuentas a las autoridades, no obstante, Yésica Sánchez Maya denunció que la organización fue notificada de su cierre tras la aparición de Sandra Domínguez en abril de 2025, aún con el caso inconcluso y sin avances en la investigación a seis meses de que la defensora fue encontrada.
México vive una crisis de derechos humanos y las personas defensoras están enfrentando diversos niveles de violencia por su labor. De acuerdo con el Espacio OSC, se han documentado al menos 15 defensoras y periodistas desparecidas en el país. Asimismo, la región de Mesoamérica enfrenta altos niveles de agresiones. En el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan” IM-Defensoras documentaron 35 mil 077 agresiones contra 8 mil 926 defensoras y 953 organizaciones, de las cuales el 5.3% fueron contra aquellas que defendían derechos de las mujeres.
Es en este contexto que ocurrió la desaparición y feminicidio de Sandra Domínguez y a esto se suman todas las irregularidades en la investigación que fueron advertidas por Consorcio Oaxaca. Para Yésica Sánchez Maya, en la narrativa se creó una campaña de desprestigio donde las autoridades acusaron a la pareja de la defensora, quien también desapareció y fue asesinado y relacionado con el crimen organizando, dejando de lado la violencia que la defensora enfrentó por denunciar el chat sexual que involucraba a varios funcionarios del estado.
«Hay una lógica patriarcal y misógina de protección que posiblemente en el caso de Sandra sea de los casos que queden en absoluta impunidad, no porque la familia no denunció, sino porque, Sandra desaparece porque el Estado no asumió con seriedad la investigación cuando ella fue víctima de chat XXX (…) ahora prácticamente están dando carpetazo al asunto de la desaparición y eso sin duda alguna pone entre dicho que no va a haber justicia» – Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca.
Las afectaciones
Yésica Sánchez Maya también denunció que la entrega del cuerpo de la defensora provocó un impacto psicosocial en la familia y personas allegadas. Esto porque no existe un programa del Estado para atender el impacto provocado en familias de víctimas de desaparición, siendo esta una de las problemáticas sociales y de derechos humanos que ocurre con mayor frecuencia en México.
Por otro lado, la familia de Sandra Domínguez está enfrentando intimidación y vigilancia. El último registro ocurrió días atrás, cuando una de las hermanas de Sandra Domínguez sufrió un robo violento que resaltó de otros intentos de robo o daño a su patrimonio. En consecuencia, la directora de Consorcio Oaxaca atribuyó que se trató de un intento de intimidación para que la familia no reavivara el caso en el primer aniversario de la desaparición.
Actualmente, la familia de Sandra está ingresada en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y pese a las denuncias por intentos de intimidación interpuestas en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Yésica Sánchez Maya acusó que la instancia tarda en ofrecer respuestas. Esto deja indefensa a la familia, ya que las medidas de protección que les brindaron no son suficientes para salvaguardar su integridad.
«De lo que creo es que tienen su limitación. Yo creo que tienen un alcance determinado (las medidas de protección) que yo no las descalificaría al cien por ciento. Sino más bien, son insuficientes frente al tipo de agresores que tienen (…) en lo que se activa algún tipo de operativo, pues ya se consumó el hecho.» – Yésica Sánchez Maya, directora de Consorcio Oaxaca.
La organización de Consorcio Oaxaca también se volvió objeto de espionaje y acusadas con una campaña de difamación ante los casos que manejan, como por ejemplo el de Sandra Domínguez o el de la periodista María Soledad Jarquín Edgar, lo que las ha llevado a tomar medidas internas para generar condiciones de protección para los equipos de trabajo.
Aunque son beneficiarias de medidas cautelares, el Mecanismo les retiró los botones de pánico argumentando que las integrantes no se encontraban en riesgo, dejándolas a la deriva en cuanto al monitoreo frente a las labores que realizan, según indicó Yésica Sánchez Maya. Ahora, el Mecanismo está realizando una valoración diferenciada por personas, lo cual cataloga como «una batalla perdida».
Actualmente, la familia de la defensora está esperando que el Estado asuma su responsabilidad sobre el ataque a una defensora de derechos humanos sin obstrucciones o resistencias, ya que existe una tendencia de que son las víctimas quienes exigen justicia a las instancias en ligar de que estas utilicen los recursos que tiene el Estado para realizar las debidas diligencias.
