Ciudad de México. Tras la orden de un juez federal de suspender el régimen de visitas de los hijos de Ángela Birkenbach con su padre, presunto feminicida recluido en el penal de Tepic, la jueza de Jalisco Karina Camacho Robles determinó que sus hijos no puedan tener contacto con su abuela materna, quien ha buscado protegerlos desde la muerte de la empresaria.
Cabe señalar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en Jalisco solo este año, es decir, de enero a julio del 2025, se han registrado 17 casos de feminicidio.
Ángela, quien era propietaria del complejo turístico El Limoncito Hills, fue víctima de feminicidio en octubre de 2023, presuntamente por Sergio “N”, su entonces pareja y padre de sus hijos. Él actualmente se encuentra preso en Nayarit como presunto autor intelectual del delito, junto con Alejandro “N”, presunto autor material de los hechos, quien junto con su familia ha buscado quedarse con la herencia de la empresaria.
Pese a ello, aún no se logra una sentencia condenatoria. Asimismo, los hijos de Birkenbach se han puesto en riesgo, pues recordemos que, por decisión de la jueza del estado de Jalisco, Karina Camacho Robles, decretó el régimen de convivencia de los niños durante ocho días al mes con su padre y presunto asesino de su madre, ignorando por completo que en Nayarit ellos son víctimas indirectas.
Esta situación dio paso a que la familia de Birkenbach abogara por frenar las visitas, lo que originó que el Juzgado Federal Número Ocho en materia civil con residencia en Zapopan diera la indicación a Camacho Robles para que ratificara el acuerdo por el que se estableció un régimen de convivencia de los hijos de Ángela, por lo que finalmente lo suspendió.
No obstante, la misma jueza de Jalisco dio la orden de que la abuela materna de los niños, Virginia Ann Hemingson, de 80 años de edad, no pueda acercarse a sus nietos, a pesar de que no existe ningún antecedente de violencia de la mujer de la tercera edad en contra de ellos.
Cabe señalar que en junio, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco (PPNNA) retiró la custodia de los niños a la abuela materna para entregarla a la familia paterna. No obstante, la familia de Ángela explicó que la custodia y tutoría de los niños responde al interés de controlar la fortuna y los negocios millonarios que en vida construyó la víctima de violencia feminicida.
El 2017, Cimacnoticias realizó la primera investigación sobre las orfandades por feminicidio y constató la ausencia de una política pública específica y de información estadística que mostrara las dimensiones de los efectos del feminicidio. Periodista, Lucía Lagunes Huerta. Columna Orfandad por feminicidio.
Lagunes Huerta afirmó que «entre las víctimas invisibilizadas y desprotegidas por el Estado durante décadas están precisamente las y los huérfanos por feminicidio. Desde que en México se inició el registro del feminicidio en la década de los 90, las niñas y niños huérfanas por estos delitos machistas han quedado excluidas de la protección del Estado».
En el contexto de violencia que actualmente se vive contra las mujeres en México, uno de los pendientes urgentes de las autoridades es garantizar la reparación del daño para niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas del delito de feminicidio. Esta situación se complica aún más cuando, en varios casos, el feminicida es el padrastro o padre de los hijos.
El caso de Birkenbach no solo evidencia la desprotección del Estado hacia las mujeres, sino también hacia las hijas e hijos en orfandad por feminicidio. A pesar de que en 2020 se presentó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), ha sido insuficiente. Hasta el momento, no se ha creado un padrón nacional que cuantifique a esta población ni modelos de atención integral en todas las entidades; además, el Congreso no ha aprobado reformas que favorezcan a estas víctimas.
La abogada Pamela Pinedo, quien encabeza la defensa de la familia Birkenbach, responsabilizó al estado de Jalisco, específicamente al Poder Judicial, por las acciones incongruentes e inexplicables de la jueza Camacho y de las decisiones de la titular de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco, Sandra Trelles, quienes han actuado de forma contraria al interés superior de la niñez y han cometido una y otra vez violencia institucional en agravio tanto de los menores como de la familia de Ángela Birkenbach, incluidos su madre y su primogénito.
Finalmente es preciso recordemos que la diputada, Olga Sánchez Cordero, el 29 de julio de 2020 anunció la primera acción histórica en México para garantizar el acceso a la justicia, la restitución de derechos, la protección social y la asistencia a niñas y niños cuyas madres fueron asesinadas por ser mujeres. Sin embargo, hasta el momento no se ha implementado ninguna acción afirmativa concreta hacia esta población.
El Estado tiene el compromiso de visibilizar a las hijas y los hijos de las víctimas de feminicidio para brindarles, de manera inmediata, la protección que requieren, considerando dos ejes fundamentales: el primero, que contemple cuatro garantías de protección integral: el derecho a la protección, a la ayuda, a la asistencia y a la atención, lo que implica la restitución integral y el acceso efectivo a la justicia.
Ley Monzón
La Ley Monzón es una iniciativa legal en México, en honor a la feminista poblana y abogada Cecilia Monzón, quien fue asesinada por su ex pareja, quien en prisión intentó quedarse con la patria potestad del hijo de la víctima, por lo que su familia comenzó una resistencia legislativa para tener un recurso que impida a presuntos agresores se queden con la custodia o patria potestad de los hijos tras ser acusados de violencia feminicida, así que emprendieron el camino por la Ley Monzón.
Así que con la Ley Monzón, ninguna infancia o adolescencia se debería encontrar en situación de vulnerabilidad emocional y física al seguir en contacto con quien ejerció el acto más violento contra su madre. También considera una pena de ocho años para funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación y hasta diez años de inhabilitación.
Sin embargo, en el caso Birkenbach esta legislación aún no está vigente en Jalisco. Tampoco lo está en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas.
