Ciudad de México.- La diputada Anayeli Muñoz Moreno de Movimiento Ciudadano propuso reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijas e hijos que viven con ellas en prisión, así como en materia de salud, maternidad y lactancia dignas, acceso a productos de gestión menstrual, y la protección al interés superior de la niñez.
Esta medida resulta necesaria porque en el país hay 15 mil 261 mujeres reclusas en centros penitenciarios federales y estatales, quienes representan el 6.09 por ciento de la población total, esto de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2025 y la mayoría tiene entre 20 y 40 años por lo que es necesario contemplar que pudieran encontrarse en periodo de gestación o lactancia, con requerimientos diferentes a los de mujeres mayores que enfrentan los desafíos de la salud geriátrica.
Esta iniciativa de ley, acompañada de la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco de Movimiento Ciudadano ya fue remitida a la Comisión de Justicia, la cual precisa que las autoridades penitenciarias deberán proporcionar espacios adecuados para el esparcimiento, recreación y actividades lúdicas de las y los niños menores de tres años que viven con sus madres en prisión, para favorecer su desarrollo físico, emocional y social.
Además, con el fin de garantizar el interés superior de la niñez, estipula que tendrán personal especializado que dé acompañamiento educativo, estimulación temprana, apoyo emocional, seguimiento a su desarrollo integral y evaluaciones periódicas del desarrollo infantil físico, psicológico y nutricional.
También se fortalecería el derecho de las madres a conservar la guardia y custodia de sus hijas o hijos menores de tres años para que permanezcan con ellas, siempre que no contravenga el interés superior de niñas y niños.
La iniciativa plantea que los centros penitenciarios tengan espacios dignos, adecuados y diseñados específicamente para la lactancia materna, separados de la población general, a fin de asegurar el desarrollo de los primeros meses de la hija o hijo de la mujer privada de la libertad.
Además, añadieron que en el momento en que estas hijos e hijos que crecen junto a sus madres, al momento de alcanzar la edad máxima para la estancia en el centro penitenciario, la separación deberá realizarse de manera progresiva y sensible, bajo la supervisión de personal especializado, por lo que se deberá realizar un dictamen psicológico que respalde la gradualidad del proceso y propicie el mantenimiento del vínculo emocional madre-hija/hijo durante la transición.
De igual forma, la iniciativa busca proteger el derecho de las mujeres privadas de la libertad a recibir atención médica periódica y especializada, en materia de salud preventiva, sexual, reproductiva, mental y nutricional, además de garantizar el suministro de productos de gestión menstrual suficientes y contar con espacios higiénicos para llevar a cabo su ciclo menstrual.
La propuesta que reformaría y adicionaría diversas disposiciones de los artículos 3, 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, argumenta que:
«Es necesario implementar políticas penitenciarias con enfoque de género, salud pública y derechos humanos, que aseguren un trato digno y respetuoso, evitando que esta condición limite o anule el ejercicio pleno de la maternidad y el desarrollo de la niñez».
