Ciudad de México.– Defensoras de derechos humanos advirtieron el desmantelamiento que enfrenta actualmente la Alerta por Violencia de Género (AVGM) a manos del Estado, una situación que ha sido negada oficialmente, esto pese a que pone en riesgo la vida de las mujeres.
María de la Luz Estrada Mendoza, directora del Observatorio Nacional de Feminicidios de México (OCNF), señaló que uno de los mecanismos más olvidados por el gobierno en turno ha sido precisamente la AVGM, un instrumento de emergencia gubernamental creado para implementar acciones urgentes y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en territorios específicos.
Recordó que la AVGM es un mecanismo indispensable para frenar la violencia contra las mujeres en el país, una violencia que no cesa. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros seis meses de 2025 se registraron 338 feminicidios en México. Cinco entidades federativas concentraron el 32.8% de estos casos: Estado de México (33), Chihuahua (21), Sinaloa (5.9%), Morelos (19) y Ciudad de México (18).
No obstante, y pese a las constantes denuncias de las organizaciones que evidencian el nulo compromiso del Estado con la AVGM, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), encabezada por Citlali Hernández, ha negado esta situación. Sin embargo, Estrada Mendoza enfatizó que los hechos y las evidencias que el OCNF ha documentado contradicen las declaraciones oficiales.
Esto fue señalado durante el Foro Internacional “Protección, justicia y presupuesto: hacer realidad CEDAW y Belém do Pará es garantizar vidas libres de violencia”.
Cabe recordar que la AVGM sufrió cambios estructurales con la creación de Semujeres, ya que ahora la Secretaría asumió la responsabilidad de gestionar las alertas a través de la Dirección General de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencia, de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento Interior de la dependencia (DOF 15/11/2024).
De acuerdo con el informe sombra “Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización ni coordinación”, entre 2013 y 2025 se han presentado 56 solicitudes de AVGM. De estas, se admitieron 41 y solo se han emitido 26 declaratorias en 24 estados: dos en el Estado de México (una por violencia feminicida y otra por desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California y Ciudad de México (declarada por el gobierno local).
La defensora explicó que la AVGM resulta incómoda porque el mecanismo requiere recursos y personal suficiente para operar adecuadamente. Actualmente, quienes están al frente enfrentan una carga desproporcionada, lo que limita su eficacia. “No se asignan los recursos necesarios, a pesar de que la política sí ha tenido impactos”, apuntó.
Gracias a la AVGM, precisó, se han modificado marcos legales, identificado problemáticas y generado políticas públicas. Sin embargo, la lucha actual se centra en lograr su efectiva implementación y en cuestionar la narrativa del Estado mexicano, que sostiene que el mecanismo no ha funcionado.
Frente a ello, afirmó que las organizaciones sostienen que el problema no radica en la Alerta, sino en la falta de voluntad política y de recursos para hacerla efectiva. Postura con la que coincidió Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, quien señaló que persiste una falta de profesionalización del personal gubernamental encargado de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, así como de la gestión de sus denuncias.
Este panorama evidencia no solo la falta de voluntad política, sino también graves deficiencias institucionales para garantizar el acceso efectivo a la justicia, pues aunque existen esfuerzos de capacitación, estos resultan insuficientes y, en muchos casos, no alcanzan al personal clave.
Por ello, se subrayó que el fortalecimiento institucional no puede limitarse a capacitaciones aisladas, sino que debe incluir mejoras sustantivas en las condiciones estructurales de las instituciones: asignación de recursos suficientes, personal especializado, infraestructura adecuada y mecanismos de rendición de cuentas que sancionen las omisiones, negligencias y violencias institucionales.
Ante ello, Estrada Mendoza agregó que, pese a las condiciones adversas de seguridad, las constantes descalificaciones y la cautela con la que deben expresar sus exigencias para evitar riesgos, estos factores se convierten en un obstáculo para su labor. No obstante, advirtió que es indispensable mantener la lucha, pues “lo peor que podemos hacer es callar”.
Finalmente, Patricia Mejía destacó la importancia de que los organismos internacionales continúen denunciando y visibilizando las violaciones a los derechos humanos, así como respaldando a las y los defensores en América Latina. Esta labor, afirmó, representa no solo un elemento fundamental de apoyo, sino también una exigencia ética hacia los Estados.
