Ciudad de México.- El colectivo “Manos Unidas por Nuestros Niños” denunció a través de una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, por interponer amparos con el fin de evitar brindar atención médica a las víctimas sobrevivientes del incendio en la Guardería ABC, ocurrido hace 16 años en Hermosillo, Sonora, tragedia que cobró la vida de 49 niñas y niños y dejó más de 100 lesionados.
El 5 de junio de 2009, alrededor de las 14:45 horas, se registró un incendio en la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, plantel subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La tragedia dejó 49 niñas y niños fallecidos, además de un número indeterminado de menores y adultos lesionados.
Recordemos que el fuego comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda y se propagó rápidamente hacia la guardería. El muro que separaba ambos espacios tenía rieles metálicos con orificios, secciones incompletas y boquetes en la parte superior, lo que permitió el paso del humo a altas temperaturas. Testigos relataron que la estructura del inmueble dificultó la evacuación de los niños, mientras las 17 ambulancias disponibles fueron insuficientes y los heridos tuvieron que ser trasladados en vehículos particulares y patrullas.
Dentro de la misiva, el colectivo señaló que Robledo se ha negado a cumplir con las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales ordenan reconocer las lesiones y afectaciones que sufrieron las niñas y los niños sobrevivientes; sin embargo, denunciaron que el funcionario ha intentado omitir los derechos que la ley les reconoce.
En entrevista con Cimacnoticias, Eloisa Orozco, madre de Evan Orozco, una de las sobrevivientes del incendio, explicó que esta disputa con el IMSS no es reciente, sino que desde 2020 madres y padres interpusieron una denuncia administrativa contra la institución, a la que señalan de no ofrecer servicios médicos óptimos a sus hijas e hijos, pese a que muchos presentan lesiones pulmonares que se han ido agravando con el tiempo y que están avaladas por un dictamen médico.
Ante esta denuncia administrativa, se interpuso un amparo en el que se señala que las firmas que aparecen en el dictamen médico fueron falsificadas. Esta situación, detalló Orozco, ha provocado ineficiencia en las consultas, trabas para acceder a ellas y negación de medicamentos, a pesar de que subrayó, aún es indispensable que las y los jóvenes víctimas de aquel acontecimiento sigan recibiendo atención médica óptima y permanente.
“Él simplemente no está haciendo caso, se está negando y está privándolos del derecho de poder reconocer la lesión que ya tienen tan palpable día tras día”, expresó Orozco.
En el caso de su hija, Evan Orozco, quien apenas tenía un año cuando ocurrió el incendio, actualmente debe dormir con aparatos que la oxigenan, además de medicarse diariamente y usar un aerosol para poder realizar actividad física. “Si eso le pasa a mi hija, ¿qué tantas cosas no les pasarán a los demás niños? Entonces, no deben estar haciendo omisión de todos esos detalles”, agregó.
Pese a ello, denunció que el director general del IMSS no les ha querido “dar la cara”, y que tampoco han recibido respuesta a la misiva que enviaron a la presidenta Sheinbaum Pardo. Sin embargo, señaló que, aun sin una respuesta clara, continuarán insistiendo hasta obtener los derechos que les corresponden a sus hijos, aunque eso implique movilizarse nuevamente para exigir ser escuchados.
“Los pasos que tengamos que dar, sean pequeños o grandes, los daremos. Iremos y nos plantaremos donde sea necesario. Si tenemos que ir a buscarlos directamente a la Ciudad de México, lo haremos, porque como padres somos los únicos que vamos a velar por los derechos de nuestros hijos. Es nuestra forma de seguir alzando la voz”, afirmó .
Ante esta situación, Orozco reconoció que ha sido muy extenuante tener que seguir exigiendo justicia por sus hijos incluso después de más de una década, pues cada aniversario representa continuar dando batalla por algo que no deberían estar peleando. Consideró que es profundamente injusto, especialmente por las y los niños, ya que como madres y padres no tendrían por qué luchar por un derecho que les pertenece por ley.
“Es un día que se lleva tatuado no solo en la sangre, sino también en el alma, en cada momento del día. Porque no se trata solo de ver a mi hija, sino también a los demás muchachos, que hoy ya son adolescentes, enfrentando constantemente consultas médicas, queriendo hacer su vida normal y sin poder hacerlo. Es, realmente, un trago muy amargo con el que uno tiene que aprender a vivir, pero sin bajar la guardia”, compartió.
Asimismo, lamentó que, a 16 años de lo ocurrido, no se haya logrado llevar a la justicia a todas las personas involucradas en el caso. Recordó que, hasta este mes de octubre, fue detenida la copropietaria de la Guardería ABC para enfrentar la justicia; sin embargo, aún existe una larga lista de funcionarios que han evadido su responsabilidad y continúan sin rendir cuentas.
“Como ciudadanos, como sociedad, como personas, estamos muy desprotegidos, porque nuestro gobierno no es capaz de hacer las cosas que se deben hacer. No debieron haber pasado 16 años para poder detener a una persona. Eso debió haber sido en el momento”, subrayó con indignación.
Finalmente, Eloisa Orozco hizo un llamado a las autoridades, en especial a Zoé Robledo, para que reconozcan las lesiones de las y los jóvenes sobrevivientes, y exigió que no se invisibilicen ni se minimicen las afectaciones que aún enfrentan sus hijos, quienes siguen cargando con las consecuencias del incendio ante las omisiones del Estado.
16 años de impunidad
Hay que recordar que a pesar de que el IMSS exigía el cumplimiento requisitos de seguridad establecidos en las Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal, la Guardería ABC, operaba sin cubrirlos. Aun así, recibió permisos en 2001 y 2007, vigentes hasta finales de 2009. En una inspección realizada el 8 de julio de 2005, el arquitecto José Verdugo Ibarra, contratado por el IMSS, advirtió que el inmueble no cumplía con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas.
Ante esta situación, se presentó la Ley 5 de Junio (también conocida como Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil), una iniciativa ciudadana impulsada por madres y padres de los menores fallecidos y lesionados durante el incendio de la Guardería ABC. A grandes rasgos, dicha iniciativa, publicada el 24 de octubre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación,establece una serie de requisitos que las guarderías y estancias infantiles deben cumplir en materia de protección civil.
Asimismo, como parte de esta lucha, en octubre de 2014 se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 6 de julio de 2020, dicho órgano internacional lo declaró admisible, por lo que la CIDH investiga los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano. Con ello, las familias buscan que el organismo emita recomendaciones al Estado para garantizar el acceso a la justicia y la no repetición.
No obstante, los familiares han declarado que hasta el momento las investigaciones de la CIDH siguen en proceso, por lo que, a 16 años del suceso, la reparación integral que se les prometió continúa pendiente. Han pasado cuatro gobiernos desde el acontecimiento y, hasta la fecha, la mayoría de los responsables de las negligencias cometidas aquel 5 de junio de 2009 no han sido privados de su libertad.
