Ciudad de México.- Entre el 29 de octubre y 7 de noviembre, México recibirá la visita de una delegación internacional integrada por europarlamentarias y organizaciones solidarias de Europa para conocer la situación de los derechos humanos, personas defensoras y periodistas, así como la paz en el país. No obstante, existe una tendencia del gobierno mexicano de controlar la narrativa e impedir que organismos internacionales cuestionen sus acciones.
De acuerdo con las organizaciones que conforman el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde el 2023 en México se han documentado al menos 47 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas que se relacionan con su labor. De este registro, 16 contaban con una medida de protección vigente al momento en que fueron agredidos y el 98% de casos sobre violencia contra este sector quedan en impunidad.
Para las mujeres, la situación es alarmante. Datos del informe «Las formas del asedio. Violencia contra mujeres periodistas en el sexenio de López Obrador» de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) apuntan que, en el último sexenio, las agresiones contra las periodistas incrementaron 117% respecto a la administración pasada dando como resultado mil 189 casos, de los cual 47 casos ocurrieron durante la conferencia de la Mañanera.
Ligado a esto, organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Im-Defensoras) determinaron que, desde hace dos años, han aumentado los asesinatos de mujeres defensoras acumulando un total de 18 casos, nueve de ellas eran buscadoras. La mayor de las luchas por las que son agredidas es la defensa de los territorios, seguido del derecho a la verdad, a la información, participación política y a una vida libre de violencia, aunque existen otros derechos por los que son atacadas.
Bajo este panorama, la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos —conformada por las organizaciones CAREA e.V., la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHMX), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)— traerán a México a esta delegación internacional con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional a través del viaje “Tejer Diálogos, Defender Derechos”.
Durante la visita vendrán personas pertenecientes a Alemania, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperación, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña.
Además, mantendrán reuniones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, organizaciones de la sociedad civil nacional y local, así como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, el Estado mexicano enfrenta una profunda crisis de derechos humanos que se ha hecho imposible de ocultar. El reciente hallazgo en el Rancho Izaguirre —donde se localizaron más de 400 pares de zapatos y diversas pertenencias personales que apuntaron a un episodio de desaparición forzada— volvió a colocar al país en el foco de la atención internacional. Organismos como las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación ante los derechos humanos y la falta de respuestas claras por parte de las autoridades mexicanas.
A ello se suma la negativa del gobierno federal a aceptar la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo que permitirá al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) determinar si existe una práctica generalizada y sistemática de este delito en el país y llevar el caso a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pese a que, el pasado 21 de octubre, el Comité aprobó la activación, el Estado mexicano no está de acuerdo con la decisión, según expresó el embajador Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU.
Anteriormente, el discurso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) descalificó como «intervencionismo extranjero» la participación del Comité en México, lo que revela una postura gubernamental que busca cerrar filas ante el escrutinio externo, más que atender las preocupaciones de las víctimas y sus familias. Este escenario no solo limita la posibilidad de evaluar críticamente la situación del país, sino obstaculiza en acceso a la justicia y a la verdad al desacreditar los esfuerzos internacionales por examinar la crisis de derechos humanos que se vive en México.
La visita también busca promover la cooperación internacional, posicionar en la agenda global los desafíos existentes en materia de migración, derechos humanos y libertad de expresión, así como incidir en la protección de estos sectores y garantizar su participación política. De la misma manera, se buscará afianza la colaboración entre la sociedad civil y la cooperación internacional.
“En México persisten altos niveles de violencia e impunidad, reflejados de manera alarmante en la violencia de género y los feminicidios que diariamente cobran la vida de mujeres y niñas. Esta realidad evidencia la urgencia de fortalecer la cooperación internacional para proteger a quienes defienden los derechos humanos y exigen justicia en contextos cada vez más adversos”, señaló Diana Riba i Giner, Europarlamentaria.
