Ciudad de México.- Tras la activación del artículo 34 por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), que busca solicitar al Estado mexicano toda la información pertinente sobre la situación de las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional respaldó la medida, en su más reciente informe, contradiciendo la narrativa del actual gobierno que niega la existencia de esta práctica en el país.
Cabe precisar que, tras el hallazgo de desapariciones forzadas y la activación del artículo 34, el pasado 27 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en conferencia matutina que las desapariciones en México están “vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos”.
Ante ello, Amnistía Internacional externó su preocupación y recordó que, aunque muchas desapariciones se relacionan con el crimen organizado, el Estado mexicano omite que los grupos criminales operan con la autorización, apoyo o aquiescencia de las autoridades. Además, se han documentado casos en los que servidores públicos son directamente responsables de las desapariciones forzadas.
Esta situación se ha recrudecido con los años, pues en 2015, cuando el CED reconoció que en México existía una práctica generalizada de desaparición forzada, se contabilizaban 111 mil 540 personas desaparecidas. Diez años después, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reporta 133 mil 219 personas desaparecidas y no localizadas, situación que deja entrever que pese a que han pasado 3 gobiernos al frente del país, no han logrado combatir la problemática.
A pesar de esta crisis creciente, la justicia para las víctimas es casi nula dentro del territorio, pues según datos de Impunidad Cero, de 2019 a 2022 la impunidad acumulada para el delito de desaparición fue de 99.6% a nivel nacional. Lo anterior coincide con datos proporcionados por la CED, que recibió información al 26 de noviembre de 2021 que indicaba que únicamente entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición de personas habían sido judicializados y solo se habían emitido 36 sentencias por desaparición de personas a nivel nacional.
Amnistía Internacional apunta que la impunidad en México no es casual ni resultado de falta de capacidades institucionales, sino una decisión política deliberada. Esta impunidad activa se manifiesta a través de actos como la alteración de escenas del crimen, siembra de evidencia falsa, negativa a recibir denuncias, intimidación a víctimas y testigos, y criminalización de las propias víctimas.
Ante esta realidad, se sigue omitiendo que las desapariciones en México ocurren de manera sistemática, es decir, no son hechos aislados, sino una táctica repetida. Para considerar una práctica como sistemática se analizan tres criterios: la existencia de delitos similares, un mismo modus operandi y un patrón de víctimas tratadas de forma semejante en amplias zonas geográficas.
En territorio mexicano, Amnistía Internacional ha identificado estas prácticas en estados como Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz, donde existen patrones específicos de desapariciones forzadas y colusión entre autoridades y grupos criminales. Una de las más comunes consiste en la detención ilegal de personas por autoridades que después las entregan a grupos criminales o las desaparecen.
Desprotección hacia mujeres buscadoras de personas desaparecidas
Ante las persistentes omisiones del Estado, son los familiares, en su mayoría mujeres, quienes han asumido las labores de búsqueda e investigación por su cuenta, enfrentando riesgos, violencias y violaciones a sus derechos humanos.
En su más reciente informe “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, Amnistía Internacional entrevistó a más de 600 mujeres buscadoras para conocer las violencias y afectaciones que sufren al realizar su labor. Entre los principales riesgos se encuentran asesinatos, desapariciones, amenazas, ataques y extorsiones.
La organización también documentó la estigmatización y revictimización que muchas de ellas enfrentan, incluso por parte de autoridades. En varios casos, los asesinatos ocurrieron después de denunciar amenazas, localizar fosas o denunciar omisiones institucionales.
Además, Amnistía Internacional observó falta de coordinación efectiva entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías generales, así como la ausencia de una política integral de atención a familiares centrada en la garantía de derechos. Las reparaciones, señaló, deben ser integrales y no limitarse a apoyos emergentes.
Reformas que han obstaculizado la justicia
La organización señaló que la crisis de desapariciones e impunidad podrían agravarse por el debilitamiento de las instituciones que deberían fungir como observadoras y contrapesos del poder, pues se han tomado medidas preocupantes como la reforma judicial, que a partir de 2025 permite que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros sean elegidos por voto popular, lo que ha generado preocupación por la pérdida de independencia judicial.
Esta reforma fue acompañada por cambios a la Ley de Amparo, que establecen que todo juicio contra reformas constitucionales será improcedente, impidiendo impugnar dichas modificaciones. Para Amnistía Internacional, esto debilita aún más el acceso a la justicia en un país donde el sistema judicial ha sido señalado por su dependencia del poder político y por sus vínculos con el crimen organizado.
La organización también advirtió sobre la reforma que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que vulnera el derecho al acceso a la información pública, herramienta fundamental para documentar casos de corrupción y violaciones a derechos humanos. Con su desaparición, las impugnaciones deberán resolverse ante tribunales en procesos más largos y complicados.
Asimismo, Amnistía Internacional llamó la atención sobre la reforma que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), formalizando su militarización y otorgándole mayores facultades de investigación. Esta medida, señaló, ha contribuido al aumento de violaciones graves a los derechos humanos y desapariciones forzadas.
Cabe destacar que Cimacnoticias ha documentado que la expansión de las fuerzas armadas en ámbitos civiles impacta de manera diferenciada a las mujeres, quienes son más propensas a sufrir abusos sexuales y violencia institucional.
Frente a esta crisis, Amnistía Internacional llamó al Estado mexicano no solo a reconocer la magnitud del problema, sino a revertir el incremento de desapariciones registrado en 2024. Asimismo, exigió proteger a las familias buscadoras, garantizar condiciones dignas de búsqueda y acceso a la información, y aceptar asistencia técnica internacional para diseñar una hoja de ruta que fortalezca las instituciones encargadas de procurar justicia y verdad.
Finalmente, la organización subrayó que sin voluntad política ni independencia judicial no habrá verdad, justicia ni reparación para las más de 133 mil personas desaparecidas en México.
