Ciudad de México.– La denuncia de una adolescente de la “Casa de las Mercedes”, quien reveló haber sido víctima de abuso sexual y desatención institucional, volvió a poner en el centro la crisis de protección que enfrentan las infancias en albergues. Este caso no es una excepción porque en los últimos años se han registrado al menos ocho denuncias similares que evidencian un patrón de violencia, negligencia y abandono por parte de las autoridades encargadas de su cuidad.
Adolescente destapa violencia sexual en albergue «Casa de las Mercedes»en CDMX
Esta situación ha sido evidenciada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dentro del Informe Especial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana, en donde se documentaron múltiples casos de abuso, trata y violencia en contra de niñas y niños que habitan en Casas de Asistencia Social (CAS).
El informe demuestra que estos espacios, lejos de ser entornos de protección, se han convertido en lugares marcados por el abandono institucional y la constante vulneración de los derechos de la infancia.
Villa de las Niñas – Chalco, Estado de México
El primer caso documentado por la CNDH tuvo lugar en 2007 en la Casa de Asistencia Social Villa de las Niñas, ubicada en Chalco, estado de México y operada por mujeres pertenecientes a una congregación religiosa. En este espacio, decenas de niñas y adolescentes desarrollaron un trastorno psicogénico de la marcha, una afección motora que les impidió caminar y hablar temporalmente.
Durante las investigaciones, se recabaron testimonios de las niñas y personal docente que coincidieron en señalar la aplicación de métodos disciplinarios extremadamente severos: eran sometidas a un estilo de vida rígido, con largas jornadas de trabajo para la elaboración de productos destinados a la venta y la obtención de recursos económicos.
Además, se documentó la administración de tratamientos médicos no aprobados por el sistema de salud, así como violencia física y psicológica sistemática hacia las residentes.
Casitas del Sur – Ciudad de México
Un año después, en 2008, otro caso volvió a evidenciar las omisiones institucionales en la supervisión de los albergues. En la Casitas del Sur, la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal rescató a 126 niñas, niños y adolescentes que permanecían privados de la libertad y en condiciones de aislamiento. Durante las diligencias, se descubrió además la desaparición de 27 niñas y niños quienes habían ingresado al centro y a otros albergues afiliados a la misma asociación civil, con sedes en distintos estados del país.
Ante la gravedad de los hechos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la Recomendación 4/2009, dirigida a diversas dependencias, para exigir una investigación diligente, la localización de las víctimas y la creación de un programa de verificación permanente que garantizara el respeto a los derechos de niñas y niños canalizados a estos espacios.
La Gran Familia – Zamora, Michoacán
La problemática se ha extendido a otras entidades, pues en 2014, la Procuraduría General de la República aseguró el albergue La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán, donde más de 500 niñas, niños y adolescentes vivían en condiciones inhumanas. Las investigaciones revelaron que las y los residentes de la casa eran castigados con encierros prolongados, privación de alimentos y agresiones físicas, psicológicas y sexuales, tanto por parte del personal como de otros residentes.
A pesar de la magnitud del caso, la autoridad ministerial determinó el no ejercicio de la acción penal contra la fundadora del albergue, bajo el argumento de demencia senil, decisión que no fue notificada oportunamente a las víctimas.
Hijos de la Luna – Oaxaca
Un año más tarde, en 2015, el estado de Oaxaca registró un nuevo episodio de violencia institucional. En el albergue Hijos de la Luna, dos niñas denunciaron haber sido víctimas de agresiones físicas por parte de la directora y su personal, quienes además incitaban a otros menores a violentarlas.
La Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca abrió un expediente de queja y concluyó que el centro operaba en un contexto de violencia normalizada y negligencia institucional, en el que las niñas, niños y adolescentes permanecían sin protección efectiva.
Amor para Compartir – Morelos
La reiteración de casos evidenció que la falta de supervisión no era un hecho aislado ya que febrero de 2016, el Sistema Estatal DIF de Morelos detectó graves irregularidades en la Casa de Asistencia Social Amor para Compartir, ubicada en una zona de difícil acceso.
Durante una visita de supervisión, el personal constató la negativa de los encargados a proporcionar información y la inexistencia de documentos que acreditaran la identidad de 48 niñas, niños y adolescentes bajo su resguardo. Además, se encontraron alimentos en estado de descomposición, ausencia de reglamentos internos y falta de programas de atención, lo que reflejaba un entorno de abandono y descontrol institucional.
Despertar Espiritual y Villa de los Niños – Jalisco
Ese mismo año, en Jalisco, se hicieron públicos dos casos que reforzaron la evidencia de un patrón nacional de negligencia. En el albergue Despertar Espiritual, Alcohólicos y Drogadictos de Occidente A.C., en Tonalá, fueron rescatados 112 niñas, niños y adolescentes que vivían en condiciones de hacinamiento; al menos 33 de ellos presentaban signos visibles de violencia física.
El segundo caso involucró a la Villa de los Niños de Acatlán de Juárez, administrada por la misma congregación religiosa que opera La Villa de las Niñas en Chalco. En ese centro, tres adolescentes denunciaron haber sido golpeados con una varilla metálica en glúteos y piernas como parte de los castigos impuestos por el personal encargado.
Ciudad de los Niños – Salamanca, Guanajuato
En junio de 2017, la violencia volvió a documentarse en otro centro religioso. En el albergue Ciudad de los Niños, ubicado en Salamanca, Guanajuato, se registraron denuncias por abuso sexual, violencia y trata de personas. El lugar, operado por un sacerdote y varias monjas, mantenía a las y los residentes bajo un régimen de control y maltrato que se prolongó durante años.
El caso salió a la luz tras una sentencia federal derivada de un amparo promovido por el propio sacerdote imputado. La resolución judicial reveló testimonios de niñas y niños víctimas de agresiones físicas y quemaduras intencionales, así como la omisión reiterada de las autoridades estatales, que pese a conocer las denuncias no tomaron medidas para proteger a las víctimas.
Ayudante del Niño I.A.P. – Texcoco y Chicoloapan, estado de México
Uno de los casos más recientes se presentó en el estado de México, donde la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA anunció el cierre de los albergues infantiles operados por la organización Ayudante al Niño, Transformando Niños en México, ubicados en los municipios de Texcoco y Chicoloapan.
En estos espacios se documentaron denuncias por abuso sexual, maltrato y otras formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con una investigación de la periodista Sanjuana Martínez para La Jornada, antes del cierre ya existían 13 carpetas de investigación, pese a ello el DIF seguía canalizando infancias al lugar.
Además, la periodista reveló que estos albergues, de carácter cristiano evangélico y con más de cinco décadas de existencia, eran dirigidos por el estadounidense Steve Ross Earl, acusado de múltiples abusos sexuales en agravio de infancias bajo su resguardo.
