Ciudad de México.– Han pasado diez años desde que el INEGI realizó el último Censo de Alojamientos de Asistencia Social, por lo que actualmente se desconoce cuántos albergues infantiles existen, dónde se ubican y cuántas niñas y niños viven en ellos. Esta desactualización mantiene en la opacidad un sistema que, sin datos ni supervisión, se vuelve terreno fértil para los abusos infantiles y la corrupción, advirtió Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Pese a que cierta información debe mantenerse reservada para proteger la identidad y seguridad de las infancias, Ramírez subrayó la necesidad de contar con datos estadísticos que permitan dimensionar la magnitud y las condiciones de estas instituciones. Actualmente, solo se dispone de cifras generales del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que reportó a 53 mil 862 niñas, niños y adolescentes usuarios de “alojamientos de asistencia social” en México, de los cuales el 47.7 por ciento eran mujeres.
A la falta de información se suma la carencia de recursos, personal capacitado y procesos de supervisión adecuados, lo que ha derivado en que muchos de estos espacios, lejos de garantizar el desarrollo integral de la niñez, resulten ineficientes y vulneren sus derechos, señaló la directora de REDIM.
El abandono hacia los albergues se refleja en múltiples casos. El más reciente ocurrió en la Ciudad de México, en la Casa de las Mercedes, donde una adolescente denunció haber sido víctima de abuso sexual y explotación. Sin embargo, no es un hecho aislado: en los últimos años se han documentado al menos ocho casos similares en distintas entidades del país, lo que evidencia el abandono institucional y social que enfrentan las infancias en estos espacios.
Si bien Ramírez señaló que no se trata de criminalizar a todas las CAS, sí se debe de reconocer que existe una deficiencia y, sobretodo, un riesgo instalado dentro de ciertos albergues y refugios, por lo que la capacidad institucional de supervisión debería ser suficiente para garantizar una revisión constante y efectiva
“La supervisión debería ser la suficiente para mantener una revisión y supervisión permanente, que no pase nada más por la visita y llenar el cuestionario”, expresó
Asimismo, precisó que uno de los motivos por el cual se han generado ambientes hostiles para las infancias, se debe a las omisiones del estado y la normalizacione de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes derivado a que la tasa de impunidad es muy alta.
De acuerdo con el Balance Anual de REDIM, indica que en 2023 se registraron 9 mil 802 casos de personas de 1 a 17 años atendidas en hospitales por violencia sexual, de las cuales el 92.3% correspondían a mujeres.
Sin embargo, las cifras oficiales no dimensionan en su totalidad la gravedad del problema, ya que persiste una cifra oculta, debido a la ausencia de mecanismos que permitan a las infancias denunciar, sin enfrentar revictimizaciones. Además, cabe destacar que aquellos casos que logran trascender a instancias jurídicas, se enfrentan a la falta de investigaciones eficaces y una ausencia de reparación integral para las víctimas, por lo que se sigue perpetuando la no erradicación de este problema.
Ante esta situación, Ramírez señaló la importancia de crear mecanismos de denuncia amigables y seguros que permitan a las niñas y niños reportar cualquier tipo de abuso de forma accesible. Explicó que, si para muchas adolescentes, niñas o mujeres que viven en entornos familiares y acuden a la escuela ya resulta difícil denunciar una agresión sexual, la situación se vuelve aún más compleja en contextos de encierro, donde el agresor puede ser, incluso, la misma persona encargada de su cuidado.
Estos mecanismos deben de ir acompañados de investigaciones profundas, exhaustivas y efectivas, que no solo reconozcan los hechos, sino que deriven en el procesamiento y castigo de los responsables, pues señaló la directora de REDIM, no basta con determinar que una niña fue víctima de abuso sexual dentro de una institución, si no también acompañarlo con justicia restaurativa y aseguren su protección integral.
A su vez, enfatizó que hay otras alternativas para las niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad, tales como las familias de acogida que permiten brindar la convivencia en un hogar de manera temporal, no obstante en México hay muy baja experiencia en esa área.“Mientras no se habiliten entornos familiares para el cuidado difícilmente vamos a construir alternativas” señaló Ramírez
Finalmente, concluyó que es fundamental visibilizar que la protección de las infancias es una responsabilidad colectiva, que compete a toda la sociedad. Por ello, las niñas que han vivido diferentes tipos de violencia no solo necesitan un plan de restitución de derechos ni la aplicación del principio del interés superior de la niñez, sino también el acompañamiento y la protección de su comunidad, elementos esenciales para su recuperación y desarrollo.
“Las niñas que viven estas vulneraciones también necesitan el apapacho social. Que sientan el calor de su comunidad, el abrazo de su sociedad. Porque las niñas y los niños que crecen con ese acompañamiento y ese cariño, también crecen con una mirada más positiva del mundo”
