Ciudad de México.– Ha pasado una semana desde que 80 niñas pertenecientes a la Casa de las Mercedes fueron reubicadas en un nuevo albergue, luego de que una de ellas logró denunciar presuntos casos de abuso sexual y trata, pero alcanzar la justicia restaurativa no solo implica trasladarlas a otro lugar, sino revisar caso por caso, escuchar a cada una y establecer planes de restitución de derechos para garantizar su protección, señaló en entrevista con Cimacnoticias Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Las infancias que llegan a estos albergues en muchas ocasiones son rescatadas de entornos familiares violentos o incluso pueden ser sobrevivientes de casos de trata de personas. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México se reportaron 53 mil 862 niñas, niños y adolescentes usuarios de “alojamientos de asistencia social”, de los cuales el 47.7 por ciento eran mujeres.
Aunque la Casa de las Mercedes fue señalada como un espacio donde existieron riesgos e incluso presuntos delitos de violencia sexual, para muchas niñas ese lugar representaba su hogar, por lo que el hecho de haberlas trasladado implica un nuevo proceso de vulneración. Ante ello el Estado debe garantizar que durante la reubicación no exista revictimización y que en los nuevos espacios no se repitan las mismas condiciones ni los mismos riesgos, señaló Ramírez.
Ante ello, dentro del proceso de reubicación también se debe garantizar el derecho de las niñas a ser escuchadas. Este principio, reconocido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que su participación debe ser protagónica y efectiva.
Escucharlas implica hacerlas partícipes en la construcción de sus propias vidas, lo cual requiere del acompañamiento del Estado y de que sus opiniones sean incorporadas en la elaboración de los planes de restitución. La efectividad de esta participación se refleja en que lo que ellas expresen se tome en cuenta de manera real y se traduzca en decisiones concretas.
Cada vez que se realiza una intervención con una niña o adolescente en situación de protección especial debe llevarse a cabo un procedimiento que asegure su bienestar y establezca el interés superior de la niñez, es decir, determinar qué es lo más conveniente para esa niña o adolescente en particular.
Asimismo, si bien hay datos de la reubicación de las niñas que no se pueden hacer públicos, es necesario que las autoridades den a conocer las partes no sensibles de los casos, de modo que exista transparencia en los procesos. De igual manera, es indispensable llevar a cabo censos actualizados, ya que solo así las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación pueden corroborar que el número de niñas registradas coincida con el de las que fueron reubicadas.
Cabe señalar que han pasado diez años desde que el INEGI realizó el último Censo de Alojamientos de Asistencia Social, por lo que actualmente se desconoce cuántos albergues infantiles existen, dónde se ubican y cuántas niñas y niños viven en ellos. Esta desactualización mantiene en la opacidad un sistema que, sin datos ni supervisión, se vuelve terreno fértil para los abusos y la corrupción.
También debe garantizarse que en este proceso no haya nuevas vulneraciones, y para ello la responsabilidad no recae solo en el Estado, sino también en todas las instituciones y actores involucrados. Es fundamental proteger los derechos a la intimidad y la privacidad de las niñas, especialmente en contextos donde los casos adquieren relevancia mediática. La exposición puede generar estigmas difíciles de borrar y condicionar su desarrollo, por ello, es necesario evitar cualquier forma de identificación, ya sea mediante nombres, rostros, ubicaciones o cualquier elemento que las haga reconocibles.
Es por ello, que señala Ramírez, los medios de comunicación, las organizaciones civiles y la sociedad en general deben asumir un compromiso activo para no revictimizar, no estigmatizar y no dejar huellas digitales que puedan comprometer la seguridad de las niñas.
Fallas estructurales
Atender el caso de la Casa de las Mercedes no debe limitarse a una respuesta inmediata ni a un proceso individualizado. Si bien requiere un alto nivel de atención, seguimiento y trabajo personalizado, también representa una oportunidad para revisar las fallas estructurales del sistema de protección infantil.
El abandono hacia los albergues es una problemática constante que se refleja en múltiples casos. Lo ocurrido en la Casa de las Mercedes no es un hecho aislado, pues en los últimos años se han documentado al menos ocho casos similares en distintas entidades del país, lo que evidencia el abandono institucional y social que enfrentan las infancias en estos espacios.
Muchos de estos albergues operan con carencias de recursos, falta de personal capacitado y procesos de supervisión ineficientes. Estas deficiencias han provocado que, lejos de garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, las instituciones terminan por vulnerar sus derechos y reproducir dinámicas de violencia.
Aunque no se trata de criminalizar a todas las Casas de Asistencia Social, es necesario reconocer que existen riesgos estructurales instalados en algunos de estos espacios. La capacidad institucional de supervisión debe fortalecerse para asegurar una revisión constante y efectiva que garantice el cumplimiento de los derechos de las infancias.
Ante ello, solo con mecanismos sólidos de vigilancia, recursos suficientes y personal especializado se podrá avanzar hacia un sistema de protección integral que realmente restituya derechos, repare el daño y evite que casos como el de la Casa de las Mercedes vuelvan a repetirse.
