Ciudad de México.– El Congreso de la Ciudad de México designó por unanimidad de 60 votos a María Dolores González Saravia como la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), sustituyendo así a Nashieli Ramírez, quien dirigió el organismo durante ocho años y recientemente se incorporó al gabinete de Clara Brugada como titular de la Secretaría de la Contraloría General.
Antes de su actual cargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), la defensora María Dolores González Saravia pasó cuarenta años trabajando por la construcción social de la paz de la mano de organizaciones de la sociedad civil, lo que la llevó a ayudar a diferentes sectores de la sociedad, entre ellas las mujeres.
Nació el 7 de octubre de 1957 en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, su vocación profesional se orientó pronto al análisis social y el compromiso con los sectores populares, por lo que, se volvió especialista en derechos humanos y transformación de conflictos.
Fue hasta la década de los ochenta que González Saravia se involucró de lleno en movimientos sociales y colaboró con comunidades urbanas y pueblos indígenas. Entre sus primeras acciones, la defensora participó en la Comisión Nacional de Intermediación, en los diálogos de San Andrés durante el levantamiento zapatista en Chiapas y acompañó a víctimas del momento de represión que vivió San Salvador Atenco.
González Saravia también fungió como directora de la organización civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) en dos periodos, la cual brinda acompañamiento para la Paz, la justicia y la dignidad a través del fortalecimiento de actores sociales. También dirigió el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, que promueve el municipalismo ciudadano, la participación comunitaria, la capacitación de actores sociales y la transformación de la gobernanza a nivel municipal.
Actualmente es colaboradora del Centro de Investigaciones de Economía Social y Solidaridad de la Universidad Iberoamericana (CIIESS-IBERO), un espacio académico para generar, acompañar y difundir iniciativas relacionadas con la economía social y solidaria. Asimismo, dirige Eutopía y Estrategia A.C. una organización orientada a fortalecer el pensamiento estratégico y la construcción de futuros en organizaciones sociales y de economía solidaria, a través de talleres realizados en Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.
De acuerdo con su sitio web oficial, González Saravia ha sido clave en la creación de herramientas metodológicas que fortalecen la mirada estratégica de comunidades y organizaciones, contribuyendo a la búsqueda de alternativas y transformaciones sociales profundas y sostenidas.
De la misma manera, ha desarrollado materiales pedagógicos, talleres, manuales y espacios de análisis orientados a la reflexión colectiva, especialmente para pueblos indígenas, familiares de personas desaparecidas, víctimas de violaciones graves de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, aspé como movimientos en defensa de los derechos sociales y las libertades democráticas.
También ha contribuido al desarrollo de la línea de investigación “Economías para la Paz”, enfocada en acompañar a comunidades y empresas sociales en contextos de violencia e inseguridad, promoviendo prácticas económicas basadas en la justicia, la solidaridad y la reconstrucción del tejido social. En este camino, ha integrado consejos y asambleas de una docena de organizaciones de derechos humanos de diversas regiones y temáticas.
Durante la sesión de toma de protesta, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, destacó que la designación de González Saravia se basó en su trayectoria de más de cuatro décadas en la defensa de los derechos humanos, particularmente en temas de mediación, diálogo y construcción de paz.
Pese a su amplia experiencia, su nombramiento generó cuestionamientos por su vínculo familiar con la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia. Frente a ello, la nueva presidenta aseguró que garantizará la autonomía, independencia y confiabilidad de la CDHCM, y enfatizó que su compromiso está sustentado en la fuerza de los movimientos sociales, comunidades y sujetos de derecho que respaldaron su propuesta.
La nueva presidenta asume el liderazgo de la Comisión en un contexto especialmente crítico para las mujeres capitalinas. La Ciudad de México ocupa el primer lugar nacional en llamadas al 911 por violencia contra las mujeres, con 49 mil 785 reportes registrados de enero a agosto de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ante ello, su plan de trabajo incluye consolidar la defensa social multisectorial y la construcción de paz, con especial énfasis en el fortalecimiento de la autonomía institucional y las capacidades técnicas de la Comisión. Plantea también el mejoramiento de la atención a quejas, los procesos de restitución de derechos y la promoción de una cultura de paz con participación ciudadana y perspectiva de género.
Además de la violencia contra las mujeres, la nueva presidenta deberá enfrentar la crisis de personas desaparecidas en la capital, ya que la Ciudad de México es la entidad que lidera a los estados con mayor número de desapariciones con mil 306 casos, según datos de México Evalúa. La designación de González Saravia, sin embargo, fue respaldada por los colectivos Hasta Encontrarles CDMX, Una Luz en el Camino y Mariposas Buscando Corazones y Justicia, quienes manifestaron su apoyo y entusiasmo por el inicio de una nueva etapa en la Comisión.
En un comunicado, las colectivas expresaron su confianza en que la CDHCM se consolide como un aliado esencial en la búsqueda de paz, memoria, verdad y justicia, tanto para las personas desaparecidas como para sus familias. Asimismo, consideraron que esta nueva gestión representa una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre familias, sociedad civil, academia e instituciones, con el propósito de construir una defensa más efectiva y comprometida de los derechos humanos en la Ciudad de México.
