Ciudad de México.— A cuatro meses de que su directora, Mariana Ávila Montejano, sufriera el allanamiento de su casa, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes enfrenta ahora una campaña de desprestigio que no solo pone en riesgo su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, sino también la vida de las y los integrantes de la organización.
El Observatorio es una asociación civil sin fines de lucro que nació en 2014, aunque inició sus actividades oficialmente en 2015. Está conformado por un grupo multidisciplinario de especialistas: abogadas, psicólogas, politólogas, sociólogas, comunicadoras y gestoras culturales dedicadas a defender los derechos humanos de las mujeres.
Cabe señalar que esta situación se da en un contexto de violencia y represión contra las defensoras en el país y en la región. De acuerdo con el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan” de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-DEFENSORAS), entre 2012 y 2023 se documentaron 35 mil 077 agresiones contra 8 mil 926 defensoras y 953 organizaciones que trabajan en la defensa de derechos humanos en la región. En el mismo periodo, 200 defensoras fueron asesinadas y se registraron 228 intentos de asesinato.
De estas agresiones, 3 mil estuvieron dirigidas a defensoras u organizaciones dedicadas a proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que representa el 10.4% del total de casos documentados. No obstante, en México el porcentaje asciende a 21.3%, destacando las agresiones cometidas en el marco de movilizaciones feministas contra los feminicidios y otras violencias de género.
Ante este panorama, la narrativa contra el Observatorio pone en peligro la vida de las defensoras que lo integran. Comenzando por Mariana Ávila Montejano, quien desde hace un año ha experimentado alrededor de siete ataques directos en su contra, entre ellos dos allanamientos a su hogar y amenazas de muerte y desaparición. Esto la ha obligado a desplazarse de forma forzada y activar distintos mecanismos de seguridad.
En entrevista para Cimacnoticias, Mariana Ávila Montejano compartió que, en los últimos meses, el Observatorio ha sido señalado de proteger a personas del crimen organizado, esto a raíz de acompañar casos de mujeres privadas de la libertad cuyos procesos no contaron con perspectiva de género o violentaron sus derechos humanos.
Uno de los casos emblemáticos es el de Samantha Jennifer Fierro Delgado, recluida en el Centro de Readaptación Femenil (CERESO) de Aguascalientes por un delito que no cometió. Además, cuando dio a luz a una niña dentro del penal —a quien vio por última vez con vida—, le entregaron un niño sin vida, por lo que hoy continúa sin conocer el paradero de su hija Victoria.
La campaña de desprestigio ha tomado fuerza desde que periodistas, reporteros y medios de comunicación cercanos al Gobierno de Aguascalientes han impulsado esta narrativa. Uno de ellos lanzó la acusación contra el Observatorio en un programa transmitido desde su medio en plataformas digitales, por lo que el Observatorio notificó esta agresión al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Sin embargo, lo más alarmante para Mariana Ávila Montejano es que la propia Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes contribuya a difundir informaciones falsas contra las defensoras, esto lo han podido comprobar a través de las familias que acompañan en determinados casos, quienes les comparten las advertencias recibidas por parte de esas autoridades. Dicho por la misma defensora Ávila, «las acusan de vínculos con la delincuencia organizadada».
Cabe recordar que el Observatorio ha señalado en varias ocasiones la inacción del actual fiscal de Aguascalientes, Manuel Alonso García, en el caso de Samantha Fierro. Esto porque, cuando ocurrió la desaparición de su hija Victoria en 2023, el funcionario era secretario de Seguridad Pública Estatal, instancia encargada de los Centros de Readaptación Social (CERESO), y hoy es acusado de mantener un conflicto de interés en el caso.
No obstante, el señalamiento de la Fiscalía no solo se debe al caso de Samantha Fierro o a la defensa de mujeres privadas de la libertad cuyos procesos acompaña la organización, sino también del hallazgo de 16 personas encontradas el 26 de julio de este año en un campamento de reclutamiento forzado para jóvenes.
“Encontraron aquí a personas de Torreón, Jalisco, Zacatecas, Venezuela, Aguascalientes, y varios de ellos habían salido por una oferta laboral. De esos 16, nosotras acompañábamos el proceso de dos con ficha de desaparición y había otros dos con reporte de desaparición. Entonces, el equipo del Observatorio decidió llevar la defensa en colaboración con otras especialistas que han trabajado el tema de reclutamiento forzado de adolescentes”. —Mariana Ávila Montejano, defensora.
A raíz de que el Observatorio decidió acompañar a algunos de los jóvenes hallados, la Fiscalía las acusó de proteger a personas de un cártel de Aguascalientes. Asimismo, la semana del 10 al 14 de noviembre la organización tuvo una reunión con el fiscal Manuel Alonso García, quien reafirmó la acusación, esta vez directamente contra Mariana Ávila Montejano, además de señalar que ella se beneficiaba del dolor de las familias.
El Observatorio bajo amenazas y sin protección
De acuerdo con Mariana Ávila Montejano, la organización ha detectado diversos momentos en que han sido vigiladas por autoridades y por el Gobierno del estado; por ejemplo, personas estacionadas frente a las oficinas del Observatorio o tomando fotografías de la casa de la defensora.
Señaló principalmente a la Fiscalía de Aguascalientes como responsable, y también destacó la evasiva de la institución cuando familiares de personas desaparecidas acuden para hablar sobre delincuencia organizada —delitos de competencia federal—, en cuyos casos las familias han enfrentado amenazas directas y de desaparición.
Asimismo, uno de los abogados del Observatorio es seguido constantemente por motociclistas cuando realiza diligencias o se reúne con mujeres privadas de la libertad. A partir de los señalamientos, las y los integrantes de la organización han tenido que recurrir a estrategias de protección, las cuales sin duda también llegan a complicar la cobertura de los acompañamientos que realizan.
Las amenazas también se han extendido a las familias acompañadas, pues en los últimos dos meses dos de ellas han tenido que cambiar de domicilio tras recibir recados con advertencias. Para Mariana Ávila Montejano, esto ha transformado la dinámica y el clima en la defensa de derechos humanos en Aguascalientes, donde enfrentan constantemente criminalización por su labor.
Ante esta situación, la protección para las defensoras del Observatorio ha retrocedido. Para julio de este año, al menos 3 de las 16 integrantes contaban con medidas de protección por parte del Mecanismo Nacional para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, ahora solo Mariana Ávila Montejano permanece protegida y, aunque han solicitado la incorporación del resto al mecanismo, hasta el momento no han recibido respuesta.
