Ciudad de México.- Durante el 2025, el número de asuntos concluidos en el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) cayeron en un 57.7%, señala el informe del Observatorio Periodístico Ibero sobre el Sistema de Justicia; sin embargo, esto no es un hecho aislado, pues se trata de una de las consecuencias de la reforma al Poder Judicial en 2024 que, más allá de cambiar un sistema el cual ya mantenía fallas estructurales, solo lo profundizó.
Durante el paro de labores del PJCDMX en junio de este año, una trabajadora cuya identidad se resguardará por temor a represalias, comentó en entrevista con Cimacnoticias que la justicia familiar era una de las más afectadas ante la situación que estaba atravesando en la capital. Desde afuera, la narrativa señalaba a las trabajadoras y trabajadores por la falta de atención a la ciudadanía, pero en realidad, era una situación que ya se arrastraba desde antes debido a la falta de la dignificación a la impartición de justicia.
Ser mujer y trabajadora del Poder Judicial CDMX. El paro alcanza 3 semanas – cimacnoticias.com.mx
«Dicen que es porque nosotros queremos aumento de sueldo. Sí, claro, los queremos. Pero lo que nos duele también es que no podemos cumplir con una labor jurisdiccional para darle una buena atención al público» -comentó la trabajadora.
La justicia familiar no fue la única afectada, pues el informe de la IBERO refiere que en materia civil hubo una disminución del 46.4% y en materia penal del 50.2%. De acuerdo con la investigación de la institución, una de las consecuencias de la Reforma Judicial fue la parálisis ante la incertidumbre jurídica por el cese de las y los juzgadores en funciones y el nombramiento de nuevos perfiles elegidos a través del voto popular.
Cabe recordar que, con la reforma, en junio de 2025 se eligieron la mitad del Poder Judicial de la Federación (850 personas juzgadoras), una tercera parte de los cargos locales en 19 entidades federativas (mil 81 funcionarias y funcionarios). No obstante, durante el proceso hubo baja participación con solo el 10% de la lista nominal, complejidad para entender las boletas y conocer a las personas candidatas, así como el uso de acordeones que decidieron el futuro del país.
«El proceso no logró el objetivo de legitimar el sistema y, en cambio, operó como un mecanismo de control político territorial. Representó, además, un retroceso en los avances específicos que ha tenido el sistema electoral en los últimos años. Falló la transparencia, la rendición de cuentas, la claridad de las propuestas de las y los candidatos, la organización misma de un proceso que no logró seducir a las personas votantes» – Observatorio Periodístico Ibero
Con ello, la justicia familiar fue una de las primeras en desplomarse, ya que se documentó que hubo una caída del 36% en la apertura de nuevos casos en Ciudad de México. Paralelamente, entre enero y octubre de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 226 mil 711 delitos de violencia familiar a nivel nacional, de los cuales 28 mil 718 ocurrieron en la capital, quien lidera la lista de los estados con mayor incidencia.
No obstante, el informe apunta que los efectos colaterales de la parálisis fueron severos porque se golpeó un sistema que «ya estaba roto» no solo por la cantidad de carga de trabajo donde los juzgados reciben en promedio 5 mil expedientes al año, sino las infinitas barreras estructurales que impiden a una persona acceder a la justicia en los sistemas locales.
Las barreras para acceder a la justicia
A partir del análisis de catorce historias diferentes, el Observatorio Periodístico Ibero encontró diez barreras principales que le impide a las mexicanas y mexicanos acceder a la justicia. La primera es la cantidad de tiempo que duran los procesos judiciales, el cual puede ser de meses, años o hasta décadas.
A la larga, «el tiempo funciona como castigo e inhibe el acceso a derechos», provocando que muchas personas abandonen el proceso incluso antes de que termine gracias a un sistema que incentiva el desistimiento a través de acuerdos desfavorables o el congelamiento de los expedientes.
Asimismo, las personas resuelven de mejor manera sus casos cuando obtienen ayuda externa de abogados, redes familiares, programas de atención, tecnología o acompañamiento comunitario con soluciones que combinan los institucional con lo informal. Por otro lado, los casos suelen pasar por múltiples instancias que crean una fragmentación institucional, ya que ninguno proporciona respuestas eficientes o se muestran no empáticos.
La falta de alfabetización jurídica también es un factor que pone en desventaja. La mayoría de las personas llegan sin conocer los conceptos básicos de los procesos judiciales y el sistema continua sin detenerse a explicar a la ciudadanía el paso a paso, esto genera «dependencia, vulnerabilidad y asimetría informativa». El no saber, también expone a una persona a la asimetría de poder con los operadores de justicia, es decir, existe miedo y un trato distante con los jueces, personal del juzgado o las abogadas y abogados que defienden los casos.
Respecto a la justicia familiar y las pensiones alimenticias, el Observatorio Periodístico Ibero notó que es de los procesos más desgastantes ya que suelen ser largos, con montos insuficientes, presentan dificultades para actualizar pensiones y existe un trato poco sensible hacia las mujeres y sus hijas e hijos. Lo mismo ocurre con la justicia vecinal y administrativa, pues las instancias levantan actas y firman acuerdos que no cambian las conductas de las personas.
En el proceso también existen impactos en la salud emocional y vida cotidiana que generan ansiedad, insomnio, estrés físico, ausencias laborales, tensiones familiares y desgaste de redes de apoyo que afecta la calidad de vida. Ante este panorama, existe una demanda por una justicia comprensible, eficaz y proporcional donde existe información clara, tiempos razonales, seguimiento accesible, trato respetuoso, sensibilidad de género y apoyo real para quienes no pueden pagar una defensa.
«Las experiencias dentro del sistema pueden describirse como una suma de costos acumulados: Días de trabajo perdidos, inestabilidad laboral, ingresos que disminuyen; gastos en traslados, copias, certificaciones, honorarios y, en ocasiones, pagos extraoficiales; estrés sostenido, ansiedad, insomnio, problemas de salud física; así como reorganización de la vida familiar, quién cuida a quién mientras alguien hace fila, quién acompaña a quién a una audiencia.» -Observatorio Periodístico Ibero
Con estas fallas estructurales del sistema de justicia en México, el Observatorio Periodístico Ibero señala que el Estado mexicano prefiere comenzar a atender el problema desde las instancias más representativas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que cataloga como una justicia de cabeza: «el Estado invierte en la cima y descuida la base de la pirámide».
