En el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, por primera vez tuve oportunidad de reflexionar en una a la que hasta hace muy poco logramos quitarle el permiso. Legalmente, al menos. Me refiero a la violencia política; esa que tiene por objeto o por resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de nuestros derechos políticos.
No deja de ser paradójico, porque casi tan pronto nacieron lo que ahora llamamos derechos humanos (y de los que fuimos excluidas), las mujeres se organizaron para conseguir derechos políticos, conscientes de que si queríamos cambiar nuestras condiciones necesitábamos formar parte de la toma de decisiones.
Y más tardaron en empezar que en recibir lo que hoy diríamos es violencia política en razón de género.
Las sufragistas de Estados Unidos y de Inglaterra fueron perseguidas, encarceladas, golpeadas, torturadas, exiliadas. Las mexicanas recibieron burlas, escupitajos, agresiones con fruta, verduras y huevos podridos como mínimo.
El mensaje era uno solo: “El poder es para los hombres. Atentamente: los hombres”.
En 2012, las mujeres bolivianas fueron las primeras en legalizar su prohibición. Y ese mismo año se registró en México el primer intento. Lo encabezó la entonces senadora Lucero Saldaña.
No pasó, por supuesto. Pero no pasó esa ni 44 más presentadas por distintas diputadas y senadoras de 2012 a 2019.
Paralelamente la entonces magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanis, convocó a distintas instituciones para redactar un protocolo que permitiera dar respuesta a las numerosas mujeres que llegaban buscando justicia.
El primero se publicó en mayo de 2016 y hubo tres ediciones más (revisadas, corregidas y aumentadas), porque no se conseguían reformas para nombrarla legalmente y quitarle el permiso.
Y urgía, porque ya habíamos conseguido paridad en 2014, y paridad en todo en 2019.
Finalmente, el activismo de Mujeres en Plural, las alianzas entre muchas legisladoras, consejeras y magistradas electorales de distintas partes del país consiguieron que el 12 de marzo de 2020 se aprobaran por unanimidad las reformas a ocho leyes.
En esas reformas nació el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y en ellas, por fin, le quitamos el permiso legal a esa violencia.
Cinco años han pasado y, aunque hay avances, en la realidad son aún mayores los obstáculos, simulaciones, sutilezas, comentarios, burlas, agresiones, limitaciones, barreras, y varios delitos que constituyen violencia política en razón de género.
A las mujeres en el poder se les sigue escatimando poder. Como dice la política mexicana Martha Tagle: «las mujeres llegamos al gobierno, pero aún no tenemos el poder».
El gran problema es el mismo que representa el núcleo duro de todas las violencias contra las mujeres. Aún no somos consideradas iguales; tan humanas como los humanos. Por eso tienen sentido los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.
¿Hasta cuándo? ¡Hasta que la igualdad se haga costumbre!
