Ciudad de México.— Con Alejandro Gertz Manero fuera de la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), el Gobierno de México colocó a Ernestina Godoy Ramos como fiscal interina y se perfila como «la elegida» por la presidenta Sheinbaum Pardo, a pesar de acusaciones que sostuvo por espionaje y dejar una deuda con las mujeres por justicia en casos de feminicidio cuando fungió como fiscal de la Ciudad de México.
En caso de ser elegida, Godoy Ramos enfrentará de nueva cuenta señalamientos pero ahora por la falta de autonomía ante el poder que la estaría colocando el puesto y esto impedirá poner en acción la justicia en casos que perjudiquen al partido MORENA, como las acusaciones contra el diputado Cuauhtémoc Blanco en la denuncia que enfrenta por violencia sexual en grado de tentativa contra Nidia Fabiola N., su media hermana. Según se describe en la carpeta de investigación SC01/9583/2024.
O los señalamientos que enfrenta el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien ha sido señalado por corrupción y lazos con el crimen organizado cuando fungió como gobernador de Tabasco. En septiembre detuvieron en Paraguay a Hernán Bermúdez líder del grupo criminal «la Barredora» a quien se le acusa de estar relacionado con este político cuando este fungió como director de la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado.
Hoy por la mañana, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que ya está lista la terna de candidatas para dirigir la Fiscalía, la cual está conformada por mujeres: Ernestina Godoy Ramos, Maribel Bojórquez Beltrán, y Luz María Zarza Delgado, quienes comparecerán hoy ante la Cámara de Senadores.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) es un órgano autónomo encargado de investigar y perseguir delitos federales como delincuencia organizada y actos de corrupción. Es precisamente su independencia lo que en teoría le permite ser un contrapeso al poder político mexicano, por ello cuenta con recursos independientes a su alcance y el nombramiento del titular no depende del Poder Ejecutivo Federal, sino que se hace a través de una convocatoria abierta.
No obstante, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. apuntan que el proceso de selección no garantiza autonomía de los perfiles seleccionadas. Esto porque las acciones de las personas anteriormente designadas como Fiscal de la República muestran cercanía con las decisiones de los expresidentes en turno, lo cual es contrario al funcionamiento de esta instancia.
El Índice EVOCA (Evaluación de Organismos Constitucionales Autónomas), que pertenece a la organización, apuntó que en 2023 la Fiscalía General de la República (FGR) era una de las instituciones peor evaluadas en cuanto gestión y autonomía. Mexicanos contra la Corrupción A.C. señaló que la institución se encuentra capturada y con capacidades de gestión apenas por encima de la media lo que influye en su desempeño.
Por ello, la designación del titular de la Fiscalía General de la República cobra relevancia particular, pues se trata de un cargo que exige independencia y distanciamiento al poder político. La persona que encabeza la institución no solo administrará un órgano clave del sistema de justicia, sino que tendrá en sus manos la capacidad de investigar delitos de alto impacto y actuar en contrapeso.
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¿Quién es Ernestina Godoy?
Nacida en la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos es abogada por la Universidad Nacional Autonómica de México (UNAM) y se desarrolló como funcionaria a lo largo de los años. Estuvo como diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2012-2015), Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (2018-2020), Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (2020-2024), Senadora del Congreso de la Unión (2024), consejera jurídica de la Presidencia (2024-2025) y ahora encargada del despacho de la Fiscalía General de la República.
Fundó organizaciones sociales como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Alianza Cívica y Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia. También fue representante en la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar firmados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno de México, así como miembro fundador de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
Han señalado a la funcionaria de tener familiares que trabajan para el gobierno capitalino como su hermana Alma Godoy Ramos, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la CONAFOR; su hermano Mario Alberto Godoy Ramos delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); así como sus dos hijas Mariana Ramírez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de México, y Claudia Gómez Godoy, comisionada del proyecto de restauración y saneamiento del Río Lerma-Santiago. Uniéndose así al cúmulo de familias que persisten en la política mexicana.
Es precisamente su trabajo como fiscal de la Ciudad de México entre 2020 a 2024 —periodo que coincide cuando la actual presidenta de México Claudia Sheinbaum fungía como jefa de gobierno (2018-2023)— lo que pone a Ernestina Godoy en la mira, puesto que arrastra varios señalamientos o críticas por su desempeño y una deuda con las mujeres capitalinas.
Las acusaciones
«Asumo este nuevo encargo (consejera jurídica de la Presidencia) con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia» declaró la funcionaria el pasado 28 de noviembre en una publicación de X. Cabe recordar que, la funcionaria dejó el cargo como fiscal de la capital por decisión del Congreso de la Ciudad de México en una sesión que estuvo marcada por la alta participación de diputadas y diputados de la oposición quienes la señalaron de “terrorismo judicial”.
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Esto a raíz de una denuncia de integrantes de la Coalición No más fiscal carnala, conformada por miembros del Partido Acción Nacional (PAN) y activistas quienes señalaron presunto espionaje del que fueron víctimas. Además, mencionaron irregularidades en presuntas carpetas de investigación que fueron abiertas en su contra por diversos delitos ordenados por la exfiscal como medida para “amedrentar a los políticos de oposición”.
Los señalamientos originales comenzaron tras un reportaje del The New York Times publicado el 9 de noviembre de 2023 donde señalan a Ernestina Godoy de ordenar el espionaje a partir 2021 a las comunicaciones telefónicas de personajes de la oposición y algunos miembros de MORENA en la Ciudad de México. La empresa de Telcel reconoció en un documento judicial que había recibido los requerimientos y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta 2024.
“Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New York Times muestran que la fiscalía general indicó a la mayor empresa de telecomunicaciones del país que entregara registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados”, señala el reportaje.
Respecto a su trabajo en la Fiscalía de la Ciudad de México, siendo la segunda mujer a la cabeza de esta instancia, la exfiscal incorporó haber implementado ‘reingeniería’ realizada para combatir la impunidad y la violencia contra las mujeres. Incluso le tocó la recién apertura de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios dejando a cargo a la abogada Sayuri Herrera Román en 2020.
No obstante, esto no fue suficiente para frenar la violencia contra las mujeres, datos del Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México contabilizaron que entre 2020 y 2023, tiempo en que gestionó Ernestina Godoy, 230 casos de feminicidio siendo el año 2020 el más activo con 82 casos; sin embargo, activistas, feministas e investigadoras en temas de justicia e impunidad también denunciaron que las cifras de la Fiscalía en cuanto a la reducción de feminicidios en la capital se deben a una mala clasificación del delito.
Esta afirmación coincide con los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) donde, al corte del 30 de septiembre de 2023, las cifras sobre incidencia delictiva y llamadas al 9-1-1 sobre violencia de género, publicadas por la entidad, indicaron que las cifras de feminicidio en México alcanzaron los 625 casos, contra 968 del 2022, un incremento del 64.5 por ciento.
