Ciudad de México. – En México, de enero a octubre de 2025 se registraron un total de 5 mil 020 asesinatos contra mujeres; sin embargo, solo 597 casos fueron tipificados como feminicidio, según datos del informe Información sobre violencia contra las mujeres: Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuyo corte es hasta el mes de noviembre, es decir, aún faltarían registrar y sumar los casos de diciembre.
Este conteo incluye todos los actos violentos contra mujeres los cuales les cuestan la vida, es decir, ya no es suficiente reportar los casos de feminicidio porque los registros han disminuido debido a una mala tipificación. Cimacnoticias, lo ha documentado a través de la «Operación: limpieza», donde autoridades del Gobierno de México se dieron a la tarea de disminuir este registro, es decir, un caso de feminicidio lo podrían estar registrando como homicidio doloso o incluso culposo.
Por tanto, el registro y conteo deberá incluir casos de feminicidio, homicidios dolosos y culposos y de esta forma se puede tener un panorama más amplio.
Asimismo, existe un desconocimiento general sobre cómo las fiscalías reportan los datos de feminicidio ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), ya que no se sabe si se registran durante o después de las investigaciones, o únicamente cuando hay un presunto culpable.
Además, de acuerdo con el informe sombra Tipificación y protocolo de feminicidio. Un abismo de la ley a su aplicación y el caso de la medida correctiva 33 en la AVGM de Zacatecas, cada entidad federativa ha tipificado la violencia feminicida de manera distinta. Esta falta de uniformidad genera confusión jurídica y desigualdad en la procuración de justicia, lo que obstaculiza la recopilación estadística y la construcción de políticas públicas nacionales.
En 2010, Guerrero se convirtió en el primer estado en tipificar la violencia feminicida, mientras que Chihuahua fue el último en hacerlo en 2020. Actualmente, hay estados que no han realizado reformas para la tipificación, mientras que otros han aprobado hasta tres modificaciones. Los elementos que acreditan las razones de género varían de una entidad a otra; por ejemplo, Ciudad de México, Michoacán y Tlaxcala contemplan ocho razones de género, mientras que Jalisco reconoce 11.
Estados con mayor violencia feminicida
Los estados que encabezaron la lista de casos de feminicidio fueron el estado de México y Sinaloa, con un total de 48 casos cada uno. Cabe precisar que, el año anterior, Sinaloa cerró 2024 con 26 feminicidios, por lo que no figuraba entre los diez primeros estados; esto representa un incremento cercano al 85%.
Actualmente, Sinaloa enfrenta un escenario crítico, ya que la violencia contra niñas, mujeres y adolescentes se ha intensificado de manera alarmante, especialmente desde que se agudizó la disputa entre los grupos criminales.
El estado de México volvió a encabezar la lista de nueva cuenta. Cabe señalar que esta entidad, gobernada por Delfina Gómez, ha sido reiteradamente señalada por diversos organismos; sin embargo, pese a las múltiples recomendaciones dirigidas a su administración, estas han sido desatendidas.
Seguido de estas entidades, en la lista se encuentran la Ciudad de México, con un total de 42 casos; Chihuahua, con 41; Veracruz, con 33; y Jalisco y Morelos, con 32 casos cada uno. Estas siete entidades, de las 32 que conforman la República Mexicana, albergan el 46.2% de las mujeres víctimas de casos de feminicidio.

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El 27.6% de los delitos a nivel nacional se concentran en 20 municipios específicos. Entre los que más destacan se encuentran Culiacán, en Sinaloa, con 26 casos; Juárez, en Chihuahua, con 17 casos; Tijuana, en Baja California, con 12 casos; y el Centro, en Tabasco, con 10 casos. También figuran municipios como Chihuahua, con 10 casos, Reynosa en Tamaulipas con 9 casos, Mexicali en Baja California con 8 casos y Lázaro Cárdenas en Michoacán con 7 casos.
Alertas por violencia de Género: Un año sin mejoras sustantivas
Uno de los mecanismos implementados para frenar la violencia feminicida ha sido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG); sin embargo, el OCNF señaló que la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), liderada por Citlali Hernández, no realizó este año mejoras sustantivas ni fortaleció los procesos de evaluación y seguimiento, por lo que no ha logrado operar correctamente este mecanismo.
De acuerdo con el OCNF, las alertas son fundamentales porque visibilizan la violencia contra las mujeres y las desapariciones, permiten implementar protocolos específicos, obligan al Estado a diseñar políticas públicas para atender la emergencia y evidencian la impunidad y negligencia institucional. A partir de su implementación, se fortaleció el marco legal para las mujeres, se establecieron medidas de seguridad y se crearon instancias como la Unidad de Análisis y Contextos, así como las Células de Búsqueda.
Actualmente, el informe sombra Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización ni coordinación, documenta que, entre 2013 y 2025, se presentaron 56 solicitudes de AVG, de las cuales 41 fueron admitidas y solo 26 resultaron en declaratorias de alerta para 24 estados.
Estas declaratorias incluyen dos en el estado de México (una por violencia feminicida y otra por desaparición), así como en Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Veracruz (dos declaratorias: una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero (dos declaratorias: una por violencia feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas, Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala, Baja California y Ciudad de México (declarada por el gobierno local).
Sin embargo, las AVG matienen obstáculos como lo son la falta de coordinación efectiva entre la federación, los estados y los municipios, lo que limita la capacidad operativa en zonas donde no hay personal capacitado, recursos o presupuesto. Además, el problema más grave señalado por las organizaciones civiles es la falta de voluntad política para atender y accionar las alertas de género, especialmente en contextos de alternancia política o con la creación de nuevas instituciones como Semujeres.





