Ciudad de México.– El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sentenció que el Estado mexicano como responsable internacionalmente por la tortura sexual y las graves lesiones cometidas por integrantes del ejército mexicano, así como por la falta de atención médica que derivó en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena nahua originaria del estado de Veracruz.
Cabe destacar que desde la muerte de Ernestina Ascencio han pasado tres gobiernos y un cuarto inicia ahora con Claudia Sheinbaum; sin embargo, pese al relevo de partidos, ha prevalecido una constante: la negativa del Estado a asumir su responsabilidad en casos como este y la omisión frente a la violencia ejercida por el Ejército mexicano.
Esta sentencia llega tras 18 años de que la familia de Ernestina buscara justicia; años de una tajante respuesta del Estado mexicano que pretendía desligarse de responsabilidad, aún, cuando se ha documentado su articulación local y federal, hoy es un episodio que deja huella y que revira en un momento cumbre de nuestro país.
Ante ello, la Corte IDH determinó que México violó los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud, además violentó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (CIPST), en perjuicio de la señora Ernestina Ascencio Rosario.
Estas violaciones a la ley se sentenciaron, luego de que se constató que Ernestina Ascencio Rosario, mujer de 73 años y habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue torturada sexualmente por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007, luego de que un campamento militar se instalara en las inmediaciones de su vivienda como parte de la estrategia de combate al narcotráfico implementada por el Estado desde 2006.
Además se concluyó que la violación sexual sufrida por Ernestina Ascencio Rosario constituyó un acto de tortura al ser intencional y provocarle graves sufrimientos físicos y mentales con fines de humillación y control; además determinó que el Estado violó su derecho a la salud, ya que fue trasladada durante horas sin recibir atención y falleció en el Hospital Regional de Río Blanco antes de ser intervenida quirúrgicamente, situación agravada por la falta de intérpretes de náhuatl que dificultó la comunicación con el personal médico.
De manera adicional, la Corte sentenció que la investigación ministerial de los hechos no incorporó perspectivas de género, étnica ni etaria, fue cerrada de manera prematura sin agotar las líneas de investigación necesarias y se sustentó en estereotipos étnicos, etarios y de género que fueron replicados por altas autoridades del gobierno mexicano, incluido el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Pese a estás múltiples pruebas y denuncias, las autoridades veracruzanas habían cerrado el el caso, concluyendo que Ascencio había muerto de una gastritis crónica, una resolución avalada por la CNDH y reiterada por el entonces presidente Calderón, un mes antes de que se diera el carpetazo a la investigación.
No es un hecho aislado
El caso perpetrado contra Ernestina no es el único que se ha cometido a manos del ejercito. Según Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2021), revela que más de 68 mil mujeres sufrieron violencia en su comunidad por parte de militares o marinos. Entre las agresiones más comunes están: piropos ofensivos, 38.2%; miedo a ser atacada sexualmente, 10.1%; ataques con armas blancas o de fuego, 3.3%; intentos de violación 1.1% y 0.2%.
Esta situación ha sido advertida por la periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna “La militarización caerá sobre nosotras”, en la que señala que, en materia de seguridad, a mayor violencia generalizada y presencia de hombres armados en las calles, se incrementan la violencia y las restricciones a las libertades de las mujeres.
Dicha realidad ha sido constatada históricamente, ya que en los contextos de violencia social armada las mujeres han sido tratadas como botín de guerra, donde sus cuerpos y sus vidas se convierten en premios a conquistar o dañar, en el marco de una construcción patriarcal basada en la masculinidad y el uso de la violencia.
Además, es importante subrayar que esta situación impacta con mayor fuerza a las mujeres indígenas, pues la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022 apunta el siguiente panorama de discriminación contra este sector de la sociedad, siendo las cifras de las mujeres más elevadas que la de los hombres indígenas, pues el 40.8% de ellas opinó que, en nuestro país, sus derechos humanos no se respetan.
Entre los principales motivos de discriminación a las mujeres indígenas, se encuentran: forma de vestir (35.2%), peso o estatura (33.2%), por ser mujer (29.4%), por ser indígena o afrodescendiente (28.9%), creencias religiosas (28.3%), manera de hablar (27.4%), clase social (22.6%), edad (21.5%), lugar donde viven (21.4%), opiniones políticas (21.1%), tono de piel (17.1%), por ser huérfana o adoptada (16.8), tener alguna enfermedad (9.5%), tener alguna discapacidad (9.5%) y por su orientación sexual (6.2%).
Medidas de Reparación
Frente a esta serie de omisiones y violaciones cometidas por el caso de Asencio, la Corte ordenó al Estado implementar distintas medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina para identificar, procesar y sancionar a los responsables; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a las y los familiares; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
Además se le dictó implementar programas de formación y capacitación para funcionarios públicos; fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.
Datos de la audiencia
Asuntos medulares que fueron cuestionados en la audiencia del 30 de enero de este 2025, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos bajo un lema sencillo: ¿Hasta dónde el Estado mexicano es capaz de llegar con tal de defender al Ejército?
Ese día se celebró la histórica audiencia de alegatos orales en donde, en representación de la presunta víctima, abogó Carmen Herrera y Elvia Duque del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Patricia Torres Sandoval de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Angelita Baeyens de la Fundación Robert Kennedy Human Rights.
Al día siguiente, es decir, el 31 de enero, en el Centro Prodh, las defensoras realizaron algunos apuntes en el caso, por ejemplo, la importancia de consultar la audiencia, de difundir lo mencionado en la Corte, seguir de cerca el proceso y por supuesto, cuestionar viejas prácticas.
Norma Don Juan, de la defensoría de la familia Ascencio apuntó a una verdad inequívoca: Los esfuerzos de todos los gobiernos en turno para contener la violencia en contra de las mujeres no sólo ha sido escueta, sino, además desentendida como un fallo sistémico del Estado mexicano.
La defensora apuntó a que, si bien se han desarrollado comisiones, fiscalías especializadas o las Alertas de Violencia de Género, las mujeres siguen sin estar verdaderamente en el foco público y esto no es un señalamiento sin fundamento, por el contrario, es palpable en el caso Ernestina Ascencio; el caso es emblemático, no sólo por la verdad y la justicia en su memoria, sino también, porque estos 18 años de impunidad ha tenido una repercusión directa en la vida de las mujeres indígenas. Una repercusión colectiva donde se esboza que, realmente, la discriminación racial, la impunidad y la segregación son componentes que se han mantenido a lo largo del tiempo.
Durante la audiencia presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la defensoría del Estado mexicano lanzó sus mejores argumentos para evitar cargar con la responsabilidad absoluta, por lo que, si bien aceptó sus obligaciones con la familia Ascencio y su falla al garantizar el acceso a la salud, evitó, de manera reiterada incluir en su discurso a la Secretaría de la Defensa Nacional y zanjó su defensoría aceptando sólo «parcialmente» su responsabilidad.
Esto último, cuestionado por las organizaciones civiles como el Robert Kennedy Human Rights quien exigió en conferencia de prensa reconsiderar el hecho y, sobre todo, dejar de omitir la responsabilidad del Ejército.
Por su parte, Norma Don Juan realizó un férreo posicionamiento que sería clave para poner la mira en las acciones del actual gobierno federal y cuestionar qué tanto el sexenio de Sheinbaum dista de la época calderonista bajo 2 sencillas causales: El Ejército mexicano como brazo derecho del poder ejecutivo en materia civil y respuestas confusas desconociendo su responsabilidad.
«Siempre hemos dicho que este caso es muy importante por la verdad y justicia, pero también, tiene una repercusión en la vida de las mujeres indígenas. El Estado dio discursos confusos como decir: No estamos de acuerdo con Calderón, pero sí desconocieron los asuntos de fondo que les planteamos, la narrativa [que manejaron los representantes del Estado] fue la misma» (Norma Don Juan)
El juez Rodrigo Mudrovitsch cuestionó a los representantes del Estado qué tanto se había hecho para evitar las violaciones a los derechos humanos a manos del Ejército y qué protocolos existían para que los cuerpos castrenses actuarán con debida diligencia en las zonas rurales, indígenas y/o alejadas de áreas conurbadas.
Asimismo, el juez mostró su preocupación ante la llegada de la Guardia Nacional y la reforma que la unió a la Sedena, sin embargo, la defensoría del Estado negó cualquier conexión entre la violencia y el Ejército, atajando que, de hecho, la población mexicana se sentía optimista con esta acción, pues la mayoría tiene plena confianza en el Ejército por lo que no hay nada de qué temer.
Un argumento que deviene directamente de las declaraciones hechas por la propia hija de Ernestina, Martha Ascencio, quien durante la primera parte de la audiencia acusó directamente al Ejército y refirió el miedo constante que ha prevalecido entre las mujeres de su comunidad; narró desde la experiencia del miedo cada vez que pasaba un miembro del ejército y cómo ella, junto con otras mujeres, preferían encerrarse en sus casas como método de supervivencia.
La agresión sexual, como ya advertía Norma Don Juan, no sólo hirió irreparablemente a la familia Ascencio, sino también, a toda una comunidad; trasgredió a las mujeres de la región y dejó una marca imborrable deshilando todo el tejido social de la comunidad, tal como apuntó la defensora Patricia Torres en la audiencia:
«Hablar de violencia sexual sigue siendo un tabú en muchas comunidades de México porque implica consecuencias sociales y culturales que tienen un efecto en la esfera personal y familiar. Si agregamos el edadismo, existe un reconocimiento de honorabilidad a las personas mayores en las comunidades, es decir, al atacar a una mujer indígena mayor, también se está atacando simbólicamente a una figura de honorabilidad que representa un daño psicoemocional para su comunidad y la región de la Sierra de Zongolica. Esto también es sobre la importancia de recuperar el tejido social comunitario» .
