Ciudad de México.– El día de hoy se cumplen 15 años del feminicidio de Marisela Escobedo, asesinada a los 52 años frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras reclamaba justicia por el asesinato de su hija Rubí, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras gobernaba César Duarte Jáquez, hoy recién detenido en una prisión de máxima seguridad, por lo que esta deuda sigue pendiente por parte de este funcionario y del Estado mexicano.
Hay que recordar que fue el pasado 13 de diciembre de este 2025, cuando un juez de control vinculó a proceso al ex gobernador de Chihuahua, Duarte Jáquez, por uso de recursos de procedencia ilícita y le dictó prisión preventiva oficiosa en Almoloya, no obstante este funcionario quien gobernó el estado norteño del 2010 al 2016, tiene una deuda pendiente con las mujeres, por los casos de feminicidio que asolaron esta entidad durante su mandato y que fue constantemente increpado por las defensoras por lo emprender acciones para erradicar la situación.
Por ejemplo, la periodista Lydia Cacho documentó en su columna Las mentiras peligrosas de Duarte, publicada en Cimacnoticias el 26 de marzo del 2012, la situación de violencia feminicida que prevalecía en Chihuahua mientras Duarte era gobernador:
«La realidad nos muestra que hoy en día el estado de Chihuahua tiene la tasa de homicidios de mujeres más alta en el mundo, con 34.73 asesinatos por cada 100 mil mujeres, 15 veces más alta que la registrada a nivel mundial, que es de 2.6 asesinatos por cada 100 mil. Por cuarto año consecutivo, Chihuahua ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres».
Hay que recordar que en el 2013 el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas en Ciudad Juárez, le dieron un plazo a Duarte para que informara públicamente en qué consistían las investigaciones que se llevaban a cabo para identificar los restos de las mujeres que habían sido víctimas de feminicidio, así como para averiguar el paradero de las que continuaban desaparecidas, situación que fue incumplida por el funcionario.
Abundaron que el ex gobernador contaba con el mismo plazo para informar sobre la identificación de los 253 restos óseos que, según el comité, estaban en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Juárez.
Incumple gobernador de Chihuahua acuerdos con víctimas de feminicidio
El caso de Marisela Escobedo, es emblemático porque ha demostrado todas y cada uno de los errores, violencias, revictimizaciones y omisiones por parte del Estado mexicano en un caso de violencia contra las mujeres, es uno de los casos que más ha trascendido el tiempo sin embargo, esto no le ha otorgado verdad, ni justicia.
El caso de Marisela Escobedo ha llegado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para buscar justicia, porque en México agotó todas las instancias legales y ninguna favoreció el derecho de esta madre buscadora.
A ella se le recuerda por varios actos de resistencia que tuvo mientras buscaba justicia por su hija, por ejemplo, caminó desnuda para protestar, lo hizo cubierta únicamente con la foto de su hija mientras sostenía esa caminata, ella decía que era porque le habían quitado todo y este momento le dio la vuelta al mundo.
En el marco del aniversario luctuoso de Marisela Escobedo, organizaciones de la sociedad civil convocaron a un homenaje que iniciará desde las primeras horas del día frente al Palacio Municipal de Chihuahua, donde se instalará un tendedero de fotografías junto con una ofrenda floral y veladoras, más tarde se realizará una ceremonia religiosa y la jornada concluirá con un un performance titulado “Marisela Vive”.
Cabe poner bajo la mira que, a 15 años del suceso, la situación para las mujeres en Chihuahua continúa sin ser alentador, pues tan solo entre enero y octubre de 2025 se registraron 217 asesinatos de mujeres, de los cuales únicamente 41 fueron tipificados como feminicidio, lo que coloca a la entidad en el cuarto lugar nacional en este tipo de delito, solo por debajo del estado de México, Sinaloa y la Ciudad de México, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública.
Ante este panorama, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) ha señalado que son en su mayoría las madres de las víctimas de feminicidio y de las de las personas desaparecidas las que arriesgan su vida para demandar verdad, justicia y reparación; es por ello que hay una obligación por parte de los gobiernos, en el ámbito de sus competencias, para garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.
El 24 de junio del 2019, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Marisela Escobedo Ortiz, asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo.
A partir de la solicitud al órgano interamericano, las organizaciones y la familia de Marisela buscan superar los obstáculos impuestos en México en la búsqueda de justicia y en evitar que situaciones de esta naturaleza se presenten.
Entonces, las defensoras afirmaron que Lla petición emitida a la CIDH permitirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones de derechos humanos cometidas las violaciones de DDHH que han implicado para Rubí, Marisela y 17 miembros de su familia. Entre ellas cuentan la falta de protección que desencadenó la violencia machista en su contra y el posterior asesinato y desaparición de la joven; la falta de investigación de estos hechos. A esto se suma la falta de garantías para que Marisela Escobedo ejerciera su rol de defensora de derechos humanos de manera segura, lo que facilitó su asesinato y desencadenó el desplazamiento forzado de su familia.
Sin embargo pese a esa obligación, en el caso de Marisela Escobedo, en 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano la existencia de una denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí Frayre Escobedo y el asesinato de Marisela Escobedo, otorgándole un plazo de tres meses para remitir sus observaciones, sin embargo 5 años después no se han anunciado avances significativos.
Frente a este caso de total impunidad, año tras año colectivos feministas, organizaciones y diversos sectores de la sociedad han buscado visibilizar con mayor ímpetu el caso a través de documentales, informes, pronunciamientos, actividades y homenajes; sin embargo, pese a estos esfuerzos, la atención al caso de Marisela Escobedo y a las miles de víctimas de feminicidio en la entidad no ha sido una prioridad en la agenda pública regional.
Caso de Marisela Escobedo
La noche del 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 21 horas, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, levantaba pancartas para denunciar la impunidad en el feminicidio de su hija, Rubí Marisol Frayre, cuando un hombre descendió de un vehículo y abrió fuego contra ella. Aunque ella intentó huir, el agresor la persiguió y le disparó en repetidas ocasiones, quitándole la vida en el lugar.
Rubí Marisol Frayre, de 16 años, había sido asesinada en agosto de 2008 en Ciudad Juárez por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza.
Tras la desaparición de su hija, Marisela Escobedo emprendió una lucha para exigir justicia: repartió volantes, se integró a colectivos de madres que buscaban a sus hijas desaparecidas y acudió de manera constante a los medios de comunicación para visibilizar el caso.
El 30 de enero de 2009, Marisela recibió una llamada de Ángel Valles, quien aseguró haber escuchado a Barraza confesar el asesinato. Meses después, en junio de ese mismo año, el propio Sergio Barraza admitió su responsabilidad y señaló el lugar donde había enterrado el cuerpo de Rubí. Las pruebas de ADN confirmaron que los restos óseos encontrados correspondían a la joven.
Pese a la confesión y a las pruebas científicas, el asesino fue liberado meses después, al considerar un tribunal que la Fiscalía de Chihuahua no había logrado acreditar el delito. La decisión provocó indignación y llevó a Marisela Escobedo a presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En 2013, la CNDH emitió la Recomendación 44/2013, en la que documentó graves irregularidades y fallas estructurales del sistema judicial en Chihuahua. El organismo condenó la actuación de la Fiscalía General del Estado, señaló la revictimización sufrida por Marisela y su familia y determinó la violación de diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno, la debida procuración de justicia y el derecho a la verdad. Además, solicitó la investigación de los servidores públicos involucrados y una disculpa pública por parte del Estado.
Días después de emitida la recomendación, un tribunal superior modificó la sentencia que había permitido la liberación de Barraza; sin embargo, el feminicida ya se encontraba prófugo. A partir de ese momento, Marisela Escobedo se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la impunidad. Realizó protestas, marchas y plantones, y exigió públicamente la recaptura del asesino de su hija.
Tras huir de la justicia, Sergio Rafael Barraza se integró al grupo criminal los zetas, una de las organizaciones delictivas más violentas del país, conformada en sus orígenes por exintegrantes de las Fuerzas Especiales. En ese mismo grupo militaba José Enrique Jiménez Zavala, alias el Wicked, quien fue identificado como el autor material del asesinato de Marisela Escobedo, un crimen que marcó a México y evidenció la profunda crisis de impunidad en los casos de feminicidio.
