Cada 18 de diciembre, el Día Internacional de las Personas Migrantes, se convierte en un recordatorio necesario de las dificultades, los desafíos y las vulnerabilidades que enfrentan millones de personas migrantes en todo el mundo. Para las mujeres, esta fecha no solo es un espacio para reconocer su contribución a las economías y a las sociedades que las acogen, sino también un momento crucial para reflexionar sobre las múltiples formas de violencia, exclusión y precariedad que enfrentan, tanto en su trayecto como en los países de destino.
Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, las mujeres representaban el 48% de las personas migrantes internacionales; y en México 3 de cada 10 eventos de detención migratoria y 4 de cada 10 solicitudes de asilo son de mujeres.
Este número no es solo una cifra, sino un reflejo de los diversos procesos migratorios que se dan en condiciones marcadamente desiguales. Las mujeres migrantes no solo enfrentan la vulnerabilidad económica y la discriminación laboral, sino que además están expuestas a situaciones de violencia basada en género y explotación.
Una de las características que hace aún más grave la situación de las mujeres migrantes es la interseccionalidad. Las mujeres que migran por motivos de trabajo, familia o violencia, particularmente aquellas que provienen de contextos de pobreza, indígenas y afrodescendientes, son más vulnerables a ser víctimas de trata, explotación laboral y otras formas de violencia estructural.
Según un informe de Human Rights Watch, más de 70% de las mujeres migrantes en tránsito por Centroamérica reportaron haber sido víctimas de algún tipo de agresión, que va desde el acoso sexual hasta la violencia física, psicológica y comunitaria. Mientras que un estudio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de 2024 reveló que las migrantes han sufrido algún tipo de violencia, ya sea como causa de su salida o durante su trayecto migratorio.
Además de las dificultades económicas, laborales y la violencia, las mujeres migrantes también se enfrentan a una doble exclusión en las políticas migratorias. Si bien en muchos países se han hecho esfuerzos para reconocer los derechos de las personas migrantes, las políticas migratorias tienden a invisibilizar las necesidades particulares de las mujeres.
Por ejemplo, las políticas de detención migratoria a menudo no contemplan los derechos específicos de las mujeres, lo que las expone a situaciones de vulnerabilidad, incluidas la violencia institucional y la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre las condiciones de riesgo para las migrantes detenidas en la frontera sur de Estados Unidos, donde muchas se ven obligadas a enfrentar abusos y discriminación dentro de los centros de detención.
En este contexto, es fundamental un enfoque de derechos humanos que reconozca a las mujeres migrantes no solo como víctimas, sino como agentes de cambio. Las migrantes han sido clave en la dinamización de las economías y en la construcción de comunidades más resilientes, tanto en sus países de origen como en los de destino.
La pandemia de COVID-19 demostró, de manera aún más clara, el papel esencial de las trabajadoras del hogar y en sectores clave de los países receptores, aunque este reconocimiento se mantuvo en gran medida ausente en las políticas públicas implementadas en ese contexto.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración hacemos un llamado urgente a los gobiernos para que prioricen los derechos de las mujeres migrantes en todas las políticas migratorias. Es necesario garantizar su acceso a la justicia, a servicios de salud adecuados, a la educación y a la protección frente a la violencia basada en género. Además, instamos a reconocer el papel fundamental que juegan en la economía global y a generar un entorno más inclusivo y seguro para ellas.
El Día Internacional de las Personas Migrantes no es solo una fecha para reflexionar sobre la migración, sino para actuar en favor de la justicia, la igualdad y la dignidad de todas las migrantes. Las mujeres migrantes no deberían ser vistas como vulnerables en un contexto de movilidad, sino como personas que merecen respeto y protección, y cuya participación es indispensable para la construcción de sociedades más justas y equitativas.
