Ciudad de México.- El pasado 16 de diciembre, más de 20 organizaciones de la sociedad civil, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente tanto mexicanas como europeas se reunieron, para llevar a cabo el onceavo Seminario con Organizaciones de la Sociedad Civil que ocurre en el marco del XIII Diálogo de Alto Nivel de Derechos Humanos México-Unión Europea (UE), en la que expresaron su preocupación por las graves violaciones a derechos humanos, reducción del espacio cívico, securización y cambio de paradigma de la cooperación internacional, por lo que entregaron emitieron algunas recomendación para tomar acciones que reviertan la situación.
Es importante señalar que las organizaciones mexicanas y europeas emitieron recomendaciones en materia de movilidad humana, derechos de los pueblos originarios, desapariciones, fortalecimiento del Estado de Derecho, personas privadas de libertad, represión policial, protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, empresas y derechos humanos, Acuerdo Global modernizado, entre otras áreas de preocupación.
A este diálogo birregional asistieron: Amnistía Internacional, Antigone, ARTICLE 19 México y Centroamérica, Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic, Brigadas Internacionales de Paz – Proyecto México, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) , Consorcio Oaxaca, Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México (DMRKM), Educación e Investigación (PODER), EQUIS: justicia para las mujeres, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C. (INEPPA), Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI), Ligue des droits de l’Homme, Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Open Arms, Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Red EU-LAT, Saami Council, Servicios y Asesoría para la Paz – SERAPAZ, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, quienes en su conjunto solicitaron:
- Establecer un mecanismo de seguimiento conjunto entre la UE, el Estado mexicano y las organizaciones de la sociedad civil de ambos lados, de manera estructurada y permanente, que garantice avances reales y rendición de cuentas sobre los acuerdos tomados entre cada sesión del Diálogo de Derechos Humanos.
- Poner los derechos humanos en el centro de las relaciones entre México y la Unión Europea, de manera transversal y coherente, y en este sentido, fortalecer el componente de derechos humanos del Acuerdo Global México – UE, entre otros, garantizando la participación efectiva en los grupos consultivos de las organizaciones de la sociedad civil y comunidades de los territorios con actividades empresariales europeas.
- Proteger de manera activa y robusta el espacio cívico, Estado de derecho y los derechos humanos, mediante acciones y políticas públicas, y contribuir a frenar las iniciativas y narrativas globales que atentan contra el Estado de derecho y la libertad de expresión, que obstaculizan y criminalizan la labor de la prensa y las personas defensoras de derechos humanos y de ambiente, tierra y territorio y organizaciones de la sociedad civil, en México y en la UE.
- Por parte de la UE y sus estados miembros, detener los recortes en materia de cooperación internacional y priorizar recursos con el Estado mexicano y con las organizaciones de sociedad civil en materia de derechos humanos, para garantizar financiamiento estable, flexible y accesible para organizaciones, personas defensoras y periodistas tanto en México como en la UE.
- Asegurar que la estrategia Global Gateway no reemplace la cooperación tradicional ni priorice intereses geopolíticos y comerciales por sobre el bienestar humano y los intereses de las comunidades locales. Estos proyectos deben cumplir con evaluaciones de impacto ambiental y social transparentes, inclusivas e integrales, consultas públicas y comunitarias efectivas, y mecanismos de quejas accesibles y transparentes. En lo que respecta a los Pueblos Indígenas, esto también incluye el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI).
Se detalló que el objetivo es dialogar de las necesidades que existen en materia de derechos humanos, buscando aportar elementos a la conversación entre las autoridades de ambas latitudes, que abonen a ajustar las políticas públicas y alinear la cooperación para cumplir con las obligaciones de garantizar los derechos fundamentales en México y la Unión Europea.
Se dijo que en este espacio:
«Se quiere reafirmar la importancia de una red internacional de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa, protección y promoción de los derechos fundamentales».
El encuentro
A lo largo de la jornada, organizaciones de la sociedad civil compartieron análisis críticos sobre la situación de los derechos humanos en ambas regiones y formularon decenas de recomendaciones en múltiples ámbitos, entre ellos: movilidad humana; derechos de los pueblos originarios; desapariciones forzadas y la labor de las mujeres buscadoras; condiciones de las personas privadas de libertad; represión policial y criminalización de la protesta social; protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas; uso de tecnologías de vigilancia sin salvaguardas adecuadas; devastación ambiental; responsabilidad empresarial y transición energética, entre otras problemáticas urgentes.
Alice
Alice Wiesholler, quien lucha por una agricultura solidaria que permita mantener la vida también para las futuras generaciones y quien a su vez forma parte de la Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia e.V. en Múnich, Alemania, donde trabaja en el área de los derechos humanos en México, habló desde su perspectiva personal, como pequeña agricultora en ese país europeo donde está a punto de hacerse cargo de la granja familiar, una situación que apunta, es poco vista:
«El acceso a la tierra sigue siendo limitado para las mujeres y las personas queer. Los roles patriarcales forman parte de un sistema agrícola que se basa en la fuerza, el crecimiento y la competencia».
Resaltó la importancia de las mujeres para la supervivencia de la economía ecológica, el cuidado de las semillas y la defensa de los territorios y la tierra. También para la preservación de saberes ancestrales sobre plantas medicinales. Precisamente por eso, muchas defensoras de la tierra y los territorios son mujeres. Por eso, su papel como mujeres y defensoras esta aún más amenazado y oprimido.
Wiesholler, pidió un cambio agrícola radical, para pasar de una industria agrícola explotadora a un sistema agrícola solidario y ecológico que anteponga los intereses de las y los pequeños agricultores a los de las empresas multinacionales, por lo cual hoy, dijo, ella y defensoras de la tierra resisten desde la fundación de cooperativas agrícolas locales al colectivizar la tierra y de este modo, sustraerla del mercado capitalista.
Cirenia
Por su parte, Cirenia Celestino Ortega, integrante de Comunicación e Información de la Mujer A.C., abrió su participación con un recuento de las y los periodistas violentados y asesinados por el ejercicio de su labor en México, destacando los informes presentados por su organización que apuntan a un riesgo agudizado contra mujeres.
De acuerdo con la documentación de CIMAC, durante el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró un patrón sostenido de hostilidad institucional y sociopolítica el cual registró el doble de agresiones que el periodo anterior acumulando mil 189 casos, de los cuales 47 ocurrieron durante su conferencia Mañanera, un aumento de 117% respecto a los 548 casos presentados durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Celestino Ortega destacó 22 casos de feminicidio de mujeres periodistas, 13 casos de desplazamiento forzado, tres casos de exilio y cinco casos de desaparición de mujeres periodistas. Asimismo reiteró la violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, así como periodistas en contextos particulares como lo es el estado de Michoacán.
Mencionó las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales, lo que afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos.
Situación que se suma a la crisis humanitaria de desaparición de personas en México, al 19 de diciembre de 2025, el país registra 133 mil 493 personas personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 603 son mujeres, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). A esto se suma una crisis forense con más de 72 mil 100 cuerpos sin identificar y 5 mil 696 fosas clandestinas. Así como la condición de riesgo para las buscadoras, dijo, quienes son «doblemente víctimas, víctimas indirectas de la desaparición, pero son también víctimas directas al ser amenazadas por buscar a sus desaparecidas y desaparecidos».
Por lo que Celestino Ortega, propuso:
- Implementar un Plan de Fortalecimiento del Mecanismo para 2026, construido con participación de la sociedad civil, que responda a los retos identificados en atención, suficiencia de personal, medidas y planes de protección idóneos, así como la incorporación de enfoques diferenciados como género, protección colectiva y comunitaria.
- Aprobar y difundir el protocolo de investigación de delitos contra personas defensoras, elaborado con la participación de organizaciones de la sociedad civil y con asesoría técnica de la Oficina de la ONU-DH en México.
- Impulsar una campaña de reconocimiento a nivel nacional sobre la labor de personas defensoras y periodistas que fortalezca las acciones de prevención y sensibilización, y contribuya a contrarrestar los discursos de odio y descrédito hacia su labor.
- En el marco del Acuerdo de Escazú, implementar medidas dirigidas a las y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en materia de reconocimiento, protección y promoción de su labor.A la Unión Europea: mantener el financiamiento a organizaciones y a acciones de protección de personas defensoras y periodistas mediante proyectos para el periodo 2026 y reconocer, así como dar continuidad al proyecto “Protejamos sus voces”, fortaleciendo su implementación por parte de las Embajadas de la Unión Europea en México.
A la Unión Europea: mantener el financiamiento a organizaciones y a acciones de protección de personas defensoras y periodistas mediante proyectos para el periodo 2026 y reconocer, así como dar continuidad al proyecto “Protejamos sus voces”, fortaleciendo su implementación por parte de las Embajadas de la Unión Europea en México.
Martha Carlota
También estuvo presente Martha Carlota Aguirre, originaria de Tahuichopa municipio de Arizpe, Sonora, quien se presentó como madre de familia y defensora de los derechos humanos quien compartió un relató de violencia contra su comunidad que ha afectado la vida, salud e integridad de quienes viven en su territorio, incluida a su hija quien vive secuelas por el derrame provocado por Grupo México, en los ríos Sonora y Bacanuchi, en los que vertieron cobre y metales pesados afectando a más de 22 mil personas de los 8 municipios a lo largo de la cuenca.
Cabe señalar que este derrame fue declarado por el Gobierno Federal como el desastre ambiental más grande de la historia de la minería en México.
La defensora Aguirre señaló que a pesar del daño provocado y la magnitud de lo vivido, hasta hoy en sus comunidades siguen sin reparación y justicia, por lo que hizo un llamado de auxilio más dirigido a las autoridades de gobierno, instituciones financieras, e inversionistas que con su capital, avalan las acciones violatorias de sus derechos humanos, dijo.
Tras el derrame contaminante en estos ríos, Martha Carlota Aguirre, recordó que el gobierno mexicano anunció la creación del Fideicomiso Río Sonora, para limpiar el río, pagar daños económicos, construir plantas de agua separadoras de metales pesados y un hospital, no obstante, ese beneficio monetario fue cerrado unilateralmente en el 2017 y devolvieron el dinero a la empresa sin haber cumplido una sola de las promesas.
Aguirre reiteró que hoy en su territorio y a once años de la tragedia, no hay ninguna planta potabilizadora que separe metales pesados. El río y los pozos siguen contaminados y el hospital no existe. Además, aseveró que la atención médica que les ofrecieron nunca fue especializada en toxicología, por el contrario, la calificó de deficiente, selectiva y temporal, porque ese personal médico solo culpó a los enfermos de no cuidar su salud y a la fecha las comunidades siguen enfermando y muriendo sin respuestas ni atención.
Así fue como a lo largo del evento, periodistas y defensoras alertaron sobre el cierre progresivo del espacio cívico, la criminalización de la solidaridad y la erosión del Estado democrático de Derecho, tanto en países de la UE como en México, y el avance de marcos normativos que obstaculizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y atentan contra el goce de los derechos humanos y las libertades.
A ello se sumó a la conversación, los recortes a la cooperación internacional, su creciente securitización e instrumentalización y los impactos de políticas europeas, como el Global Gateway, que pueden tener impactos directos en comunidades y territorios fuera de Europa como México.
Ausencia de funcionarios de alto nivel
Es importante resaltar que a lo largo del Seminario se observó la ausencia de altos funcionarios por parte de la UE, lo cual «resulta preocupante», para defensoras y periodistas, porque dijeron: transmite la impresión de que ese espacio se reduce a un ejercicio meramente formal o de cumplimiento, sin reflejar un compromiso genuino con la escucha activa, el intercambio sustantivo de recomendaciones ni la rendición de cuentas; así como la ausencia de funcionarios de la UE que puedan responder y prestar cuentas sobre el cumplimiento de derechos humanos y fundamentales al interno de la Unión.
Por lo cual reiteraron que la presencia, tanto de las autoridades mexicanas como europeas de alto nivel en este tipo de espacios es fundamental porque su participación e interlocución con las organizaciones «es un componente indispensable para garantizar que las preocupaciones, evidencia y propuestas de la sociedad civil sean tomadas en cuenta en los procesos de toma de decisión».
Por lo que periodistas y defensores reiteraron que defienden, valoran y reinvidican espacios como este porque constituyen un canal imprescindible de diálogo directo entre autoridades y sociedad civil, fortalecen la confianza institucional y permiten construir respuestas conjuntas basadas en evidencia frente a los desafíos en materia de derechos humanos.
