Ciudad de México.- Pese a la crisis de desaparición y forense que se atraviesa en México, la federación y los gobiernos estatales destinaron solo 0.036% de su gasto conjunto en 2024 a búsqueda e identificación, de acuerdo con el informe En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas, realizado por Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva.
El informe advierte que esta respuesta pública es mínima y profundamente desalineada con la magnitud territorial de la crisis, pues si todo el presupuesto federal y estatal fueran 100 pesos, los gobiernos no hubieran destinado ni un centavo a unas de las crisis de seguridad y paz más importantes del país
El panorama en México, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas RNPDNO, hasta el 18 de diciembre del 2025 se contabilizan más de 133 mil 516 personas desaparecidas a lo que se suma la acumulación de más de 72 mil cuerpos sin identificar en instalaciones gubernamentales así como cientos de miles de fragmentos óseos.
En cuanto a las desapariciones de mujeres el RNPDNO reporta 29 mil 611 mujeres desaparecidas hasta septiembre de 2025 y aunque en términos absolutos desaparecen más hombres las mujeres enfrentan menores probabilidades de ser localizadas pues muchas son víctimas de redes de trata y explotación sexual.
Pese a este escenario, el gobierno de México ha priorizado el gasto en otros rubros, como la publicidad oficial, cuyo presupuesto fue casi cuatro veces mayor al destinado a investigación, búsqueda e identificación de personas, con una asignación de 3 mil millones 892,013,437.93 de pesos, frente a 14 mil millones 147,942,754.98 pesos, respectivamente.
Distribución de presupuesto para búsqueda
En 2024, la inversión nacional, solo en búsqueda de personas desaparecidas ascendió a mil 330.2 millones de pesos. De este total, las 32 Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) ejercieron 786.1 millones (59 %), la Comisión Nacional de Búsqueda destinó 342.7 millones (25.8 %), y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada recibió 28.7 millones (2.2 %). El monto restante, 172.6 millones (13 %), provino de recursos asignados a fiscalías especializadas a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
De este total de presupuesto, las organizaciones apuntaron que los casos de Tamaulipas y Michoacán resultan especialmente preocupantes; pues a pesar de ser la segunda y sexta entidad con más personas desaparecidas en el país, en 2024 ocuparon los lugares 21 y 22 en inversión en búsqueda de personas.
“Esta desproporción evidencia una falta grave de correspondencia entre la magnitud de la crisis y la asignación de recursos, limitando las capacidades de las Comisiones Locales de Búsqueda para responder de manera efectiva y profundizando los rezagos en la atención a las familias”, apuntaron dentro del informe.
Por otro lado, el estado de México, Jalisco y Nuevo León fueron los estados que más invirtieron en 2024; mientras que Yucatán y Querétaro destacan porque la inversión que tienen sus CLB es marginal, ya que destinaron menos de $1.72 millones y $2.63 millones respectivamente, quedando en último lugar, incluso muy por debajo de Tlaxcala, la tercera CLB que menos invirtió con $9.85 millones de pesos.
Distribución de presupuesto para identificación forense
En cuanto a identificación humana, la inversión nacional durante 2024 asciende a $2,561.8 millones de pesos, una cifra que superó a la que se proporción en búsqueda, debido al el peso presupuestal de la infraestructura forense federal.
El componente central de este gasto es el Centro Federal Pericial Forense, que ejerció el 64%, seguido por los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para el fortalecimiento de áreas de investigación forense y pericial en las entidades, que suman el 30.8%; mientras que a nivel local, las Comisiones Locales de Búsqueda destinaron el 4.7% específicamente a tareas de identificación, a lo que se agregan los montos ejercidos por la Unidad de Especialidades Médico Forenses y la Unidad de Ingenierías Forenses.
El informe advierte que esta distribución muestra que la inversión en identificación depende de un modelo altamente centralizado en el ámbito federal, que aunque se complementa y descentraliza parcialmente mediante los recursos del FASP, este monto sigue siendo insuficiente para consolidar la infraestructura subnacional necesaria, dejando pendiente la identificación de más de 70 mil cuerpos.
Baja California, que concentra más de 13 mil cuerpos sin identificar, ocupa apenas el noveno lugar nacional en recursos combinados para identificación provenientes del FASP y las Comisiones Locales de Búsqueda. La Ciudad de México, segunda en número de cuerpos no identificados, desciende hasta la posición 30 en inversión, mientras que el Estado de México, tercer estado con mayor acumulación de restos, apenas alcanza el lugar 13 en recursos combinados.
En contraste, los estados que más recursos ejercieron en 2024 fueron Guanajuato, Baja California Sur y Durango, quienes tienen relativamente menos cuerpos sin identificar, ocupando los lugares 17, 26 y 24, respectivamente; lo cual evidencia una marcada discrepancia entre la magnitud del problema y la respuesta presupuestaria, y muestra que los estados con mayores rezagos no lideran la inversión en identificación, reflejando criterios diferenciados de priorización, escasa coordinación nacional y un riesgo de profundización de la desigualdad territorial en materia forense.
El estudio también analizó la estructura de las Comisiones Locales de Búsqueda, identificando que en 2024 contaron con 906 personas, de las cuales solo el 19 % tenía plaza de base. Aunque en estados como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y San Luis la mayoría del personal tiene contrato fijo, la mayoría opera bajo contratos temporales, de confianza o no estandarizados, lo que provoca rotación constante, limita la especialización y dificulta la continuidad en la búsqueda, afectando directamente a las familias.
Para Elementa, Fundar y Política Colectiva, la crisis no se explica solo por la violencia o los rezagos acumulados, sino por un modelo fragmentado y sin coordinación efectiva.
Por ello, exigen a las autoridades correspondientes: aumentar la inversión pública de manera proporcional a la magnitud de la crisis; fortalecer las capacidades estatales, especialmente en servicios forenses; garantizar condiciones laborales dignas y estables para el personal de las CLB; y establecer una rectoría federal que dé coherencia, previsibilidad y continuidad a la política pública.
