Ciudad de México.- Este 22 de diciembre, se cumplen 28 años de la matanza de Acteal en Chiapas donde mujeres y niñas indígenas tzotziles fueron asesinadas por paramilitares; sin embargo, la organización civil Las Abejas de Acteal acusó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún no ha dictado el informe de fondo pese a ser notificados de que dicho documento ya estaba listo para su emisión años atrás.
Durante el encuentro por la conmemoración de los 28 años de la matanza de Acteal, Las Abejas señalaron que la represión contra las comunidades indígenas se extendió desde el gobierno priista hasta el panista con la represión en San Salvador Atenco, la guerra contra el narcotráfico, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el gobierno actual morenista con el asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, el padre Marcelo Pérez Pérez y el representante agrario Marcos Aguilar Rojas.
Remarcaron que este último gobierno ha utilizado el apoyo a las comunidades indígenas en la narrativa. Ejemplo de ello fue la llegada del primer ministro indígena como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); sin embargo, expresaron que el sistema de justicia continúa teniendo deficiencias pues el caso de Acteal aún no tiene justicia.
Recordemos que en punto de las 11 de la mañana de aquel 22 de diciembre de 1997, un grupo de 80 a 90 paramilitares abrió fuego hacia las y los integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal quienes se encontraban haciendo oración en la capilla de la comunidad para pedir paz en el municipio de Chenalhó, Chiapas. Los elementos del ejército asociados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) local portaron ropa azul y negra para poder internarse en la comunidad y se ubicaron en puntos estratégicos con la finalidad de seguir a quienes salían del recinto.
El motivo de la agresión fue «terminar con la semilla» como más tarde relataría una de las sobrevivientes quien escucho ese comentario de los paramilitares, es decir, el exterminio de los pueblos indígenas. Cabe recordar que, en la década de 1970 y 1980 las comunidades indígenas se vieron obligados a organizarse para defender el derecho a la tierra y la autonomía. Más tarde, el 1 de enero de 1994 estallaría el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas contra el gobierno mexicano, un conflicto que asumió el expresidente Ernesto Zedillo debido a la entrada en vigor del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Ernesto Zedillo, «principal responsable» de matanza de Acteal – cimacnoticias.com.mx
Para ese momento, Las Abejas de Acteal llevaban un año laborando desde su fundación el 9 de diciembre de 1992. Se trata de un colectivo integrado por 22 comunidades que buscaban el bienestar mediante la lucha pacífica y sin violencia. Aunque la organización no se integró a la lucha del EZLN, ambos grupos querían la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y la preservación de la cultura.
Para el 16 de febrero de 1996, se firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena, no obstante, el gobierno de Ernesto Zedillo desconoció los documentos y en 1997 se intensificó la militarización provocando violaciones a derechos humanos. Asimismo, los miembros de La Abejas se encontraban en medio del conflicto ya que en su territorio estaba la disputa entre el EZJN y las tropas militares.
Aunque buscaron solucionar el conflicto con el dialogo, la violencia en el territorio incrementó y se llevaron a cabo homicidios, desapariciones forzadas, robos a casas y despojos de tierras en las comunidades de Los Chorros, Polhó y Majomut. Ese mismo año, ocurrió un desplazamiento forzado de más de 2 mil 500 personas integrantes de Las Abejas quienes tuvieron que refugiarse en cuatro campamentos.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el ataque del 22 de diciembre, el cual se prolongó ocho horas, el expresidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz informó al entonces gobernador Julio Cesar Ruiz Fierro el desarrollo de la agresión. Para llevar a cabo esta matanza se ingresaron armas de fuego a determinadas comunidades con el permiso de la policía municipal, mismos que se encontraban a 200 metros de la matanza y no intervinieron por orden del capitán Ricardo García Rivas.
Posterior al ataque, se orquestó el encubrimiento del episodio violento: el entonces secretario de Gobierno Homero Tovilla Cristiani y el subsecretario Uriel Jarquín declararon que la situación estaba controlada cuando la diócesis de San Cristóbal de las Casas solicitó información sobre el ataque.
Por otro lado, Jorge Enrique Hernández secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado, ordenó el levantamiento de los cadáveres con el propósito de que no fueran observados por los periodistas que llegarían posteriormente; mientras que Uriel Jarquín declaró a la prensa que no existía evidencia de dicho enfrentamiento.
No obstante, pronto se dio a conocer que resultaron heridas 25 personas y 45 indígenas tzotziles asesinadas, entre ellas 15 niñas y niños, 9 hombres y 21 mujeres, cuatro de ellas estaban embarazadas. De acuerdo con la CNDH, la agresión violó los derechos a la vida, seguridad, integridad personal, libertad y autonomía; sin embargo, la violencia ejercida contra las indígenas fue atroz, pues ellas más que nadie fuerom castigadas por su lucha.
El cuerpo femenino en el medio
En el libro de la antropóloga Rosalva Aída Hernández titulado «La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas antes y después de Acteal» recupera un testimonio clave que evidencia la experiencia de las mujeres durante la masacre. Es una niña quien, un año después de los acontecimientos, expresa la extrema violencia empleada en los cuerpos de las indígenas que ya habían sido asesinadas y cuyos ataques se dirigieron hacia la sexualidad y maternidad.
Las dos autopsias disponibles que se realizaron por médicos forenses del Estado y del entonces Procuraduría General de la República (PGR) documentaron que las mujeres no fueron entregadas con signos de tortura y mutilaciones corporales, pese a la insistencia de varios testimonios recogidos por organizaciones como el Fray Bartolomé de las Casas.
«Cuando se fueron los hombres Micaela se fue a esconder a la orilla del arroyo. Ahí vio cómo regresaron con machetes en la mano; “eran los mismos y también eran otros; hacían bulla, se reían, hablaban entre ellos, “hay que acabar con la semilla”, decían.» -Rosalva Aída Hernández
De acuerdo con Erika Linding Cisneros en su artículo «Cuerpo, sobre determinación de la violencia, memoria y resistencia», este comentario se trató de una amenaza contra el aniquilamiento de los pueblos indígenas que apoyaban el zapatismo y de las mujeres por su participación política. También señala que, a partir del testimonio de la niña, el Estado mexicano inventó una versión oficial que presentó como el efecto de «conflictos intercomunitarios» y negó la violencia ejercida contra las mujeres, sobre todo las que se encontraban embarazadas.
Erika Linding Cisneros apunta que el cuerpo de las mujeres fue el blanco central de la violencia en la masacre de Acteal y que esto no ocurrió de forma accidental, pues había una intención política: atacar el cuerpo femenino como lugar simbólico de la reproducción de la vida, de la comunidad y de la continuidad del pueblo indígena.
Con ello, lograron instalar terror colectivo y enviar un mensaje de dominación, castigo y humillación. Y es que, a lo largo de los años, el cuerpo de las indígenas se ha percibido como prescindibles y legítimamente violentables donde se condensa el colonialismo, racismo, patriarcado, violencia de Estado y el castigo a su lucha activa.
Por ello, a 28 años de la matanza de Acteal, el Estado mantiene una deuda con las mujeres tzotziles.
