Ciudad de México.- Han transcurrido dos meses desde que se anunció un alto al fuego en Gaza el pasado 9 de octubre; sin embargo, Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que las autoridades de Israel continúan perpetrando un genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, al mantener la prohibición de servicios esenciales para la supervivencia, como el acceso a alimentos, medicamentos y electricidad.
Cabe precisar que esta guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Israel declaró una ofensiva caracterizada por intensos bombardeos en la Franja de Gaza, los cuales, hasta el momento, han provocado la muerte de más de 45 mil personas. De ellas, se estima que al menos 14 mil 500 eran niñas y niños. En el caso de las mujeres, se ha documentado el asesinato de 10 mil, de acuerdo con el informe más reciente de ONU Mujeres.
Tras este escenario, Israel impuso un bloqueo que restringe el acceso a suministros básicos, siendo las mujeres y las niñas el principal sector afectado de acuerdo con ONU Mujeres, pues 1.1 millones de mujeres carecen de acceso al agua potable y más de 337 mil niñas y niños menores de cinco años están en alto riesgo de contraer enfermedades relacionadas con su consumo.
Además, más de 540 mil mujeres y niñas en edad reproductiva necesitan artículos básicos de higiene, incluidas 10 millones de compresas al mes, en un contexto donde la privacidad para la gestión menstrual es casi inexistente para más de 690 mil de ellas.
Sin embargo, pese a que el alto al fuego aparentaba culminar con el genocidio y con las múltiples violencias, AI ha documentado que se mantiene la expulsión sistémica de personas palestinas de sus hogares y de las que eran las tierras más cultivables; asimismo, el ejército israelí está desplegado en el 58% de la Franja de Gaza, por lo que se prevé que esta expulsión podría convertirse en permanente.
Cabe poner bajo la mira que la población desplazada afronta condiciones insalubres y de hacinamiento, lo que incrementa la propagación de enfermedades, pues sus sistemas inmunitarios siguen debilitados ante la desnutrición y la privación prolongada de atención médica, además de que las principales zonas de desplazamiento carecen de infraestructuras vitales.
Sumado a ello, este desplazamiento se recrudece como consecuencia de la destrucción generalizada de infraestructuras, incluidas carreteras, y la falta de transporte, lo que dificulta aún más que la población palestina llegue a los limitados servicios médicos disponibles y que las agencias humanitarias puedan distribuir efectivamente la ayuda en la Franja de Gaza.
Frente a esta realidad, AI logró entrevistar a mujeres quienes han enfrentado las graves consecuencias de este desplazamiento. Una de ellas fue Dunia al Ajrami, de 24 años, quien resultó herida en un ataque israelí el 16 de noviembre de 2024 y sufrió la amputación de una pierna por encima de la rodilla y de cuatro dedos de una mano. Ella relató las dificultades que enfrenta como persona con discapacidad:
“Soy una especialista en educación especial; tenía un empleo antes de la guerra, trabajaba con niños y niñas… La herida me arrebató mi independencia, pero, lo que es peor, la tienda me arrebata mi humanidad. Los aseos no son accesibles, me cuesta mucho moverme en la tienda, ducharme. Antes mantenía a mi familia, pero ahora dependemos totalmente de la ayuda”.
Asimismo, una enfermera desplazada, que debido a esta situación no puede regresar a la casa de su familia al este de la línea amarilla, relató a Amnistía Internacional las múltiples afectaciones que han impactado su vida cotidiana.
“Me han desplazado múltiples veces y lo he perdido todo, y ahora vivo en una tienda en condiciones que no podrían ser peores, pues estos días han llegado fuertes lluvias y todo está inundado, y con la llegada del invierno esto solo empeorará. Si al menos pudiéramos volver a nuestra tierra, podríamos refugiarnos en los escombros de nuestra casa y al menos tendríamos cierta intimidad. Al menos sería hogar”.
Ante estas movilizaciones forzadas, Israel sigue prohibiendo la entrada de indumentaria necesaria para reparar infraestructuras, remover artefactos explosivos sin detonar y retirar escombros contaminados y aguas residuales, lo que provoca daños graves e irreversibles al medioambiente y a la salud pública en Palestina.
Además, no solo se han negado a proporcionar ayuda, sino que, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre, las autoridades israelíes impidieron la entrada en Gaza —coordinada por organismos de la ONU— de más de 6 mil 480 toneladas métricas de material de ayuda humanitaria.
Frente a ello, se demuestra que no solo no ha disminuido el grado de deshumanización de la población palestina después del alto al fuego y el regreso de los rehenes, sino que se ha propuesto una nueva ley sobre la pena de muerte que, según su redacción actual, se aplicaría principalmente a las personas palestinas.
Pese a este escenario, catalogado como de “lesa humanidad”, no ha habido enjuiciamientos ni investigaciones de actos de genocidio por parte de las autoridades israelíes. Por el contrario, los crímenes atroces cometidos contra la población palestina, como violaciones y otras formas de violencia sexual, torturas y otros abusos, continúan con apoyo político de alto nivel en Israel y dentro del ejército.
