Ciudad de México.— Más de 50 medios comunitarios, indígenas y organizaciones en Veracruz denunciaron el uso indebido sobre la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPMRG) por parte de partidos políticos para censurar y criminalizar su labor periodística, pese a que tribunales electorales determinaron que no se configuró dicha conducta en su contra.
Cabe señalar que, la VPMRG representó un avance histórico impulsado por el movimiento feminista al permitir, a partir de las reformas aprobadas en 2020, reconocer, nombrar y sancionar la violencia ejercida contra mujeres candidatas o en el ejercicio de cargos públicos por motivos de género; no obstante, actualmente esta figura jurídica está siendo utilizada desde las esferas del poder como un mecanismo de censura hacia la ciudadanía, especialmente contra las y los periodistas.
El uso indebido de la VPMRG se concentra principalmente en Veracruz, con más de 10 casos documentados en el transcurso de este año, de acuerdo con Articulo 19, organización que documentó las denuncias promovidas por una misma figura política contra personas, medios y organizaciones civiles por menciones de presunto nepotismo.
“A la fecha, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE Veracruz) sigue enviando notificaciones, resaltando como una misma persona puede silenciar a grupos enteros abusando de estas herramientas”, expresa en su reporte Artículo 19.
Esta situación que atraviesa la región ya alcanzó a medios y organizaciones indígenas y comunitarias, que desde hace dos años fueron acusados por apoyar a Radio Teocelo, medio de comunicación indígena, que cuenta con varios de intentos de silenciamiento mediante denuncias por presunta VPMRG promovidas por una candidata que perdió las elecciones municipales en el estado.
No obstante, la organización Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. (REDES A.C.) informó que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de acuerdo con la resolución (SX-JDC-767/2025), resolvió que los medios y colectivos que acompañaron públicamente a Radio Teocelo no incurrieron en VPMRG, al tratarse de expresiones protegidas por la libertad de expresión y el interés público.
No obstante, REDES sostuvo que se trata de un logro parcial, ya que, pese a este fallo, la criminalización y el hostigamiento judicial contra Radio Teocelo, así como el asedio contra uno de sus integrantes, aún continúan; por ello, insistió en que la justicia en este caso no es plena y que la búsqueda de una resolución favorable por parte de los tribunales sigue pendiente.
Ausencia de investigaciones
Actualmente, los partidos políticos instrumentalizaron una figura conquistada por las mujeres como mecanismo de control. En este contexto, recurren a dicha herramienta sin investigaciones claras ni transparentes y sin garantizar el debido proceso, ya que su objetivo no es impartir justicia para sus militantes, sino silenciar a quienes cuestionan o se oponen a su gestión.
En el caso del medio comunitario Radio Teocelo, REDES señaló que ni el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ni la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizaron visitas para conocer el contexto en el que opera la emisora ni las especificidades culturales de las comunidades y municipios que atiende.
Cabe precisar que Radio Teocelo es la radio comunitaria más antigua de México, con seis décadas de trabajo informativo desde y para las comunidades del centro de Veracruz, por lo que enfatiza REDES, que censurar a uno de sus integrantes, equivale a silenciar la comunicación comunitaria, enviando un mensaje de intimidación a medios que ejercen crítica política legítima.
Las organizaciones informaron que presentaron un recurso de reconsideración ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al considerar que persisten violaciones a derechos humanos, constitucionales y convencionales en contra de la comunicación comunitaria e indígena, particularmente en perjuicio de Radio Teocelo
Asimismo, señalaron que activaron medidas de seguridad y acompañamiento con aliados internacionales, ante los riesgos que implica ejercer la comunicación comunitaria e indígena en México, y advirtieron que, de no obtener justicia plena, acudirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Finalmente, hicieron un llamado a los partidos políticos, a los tribunales electorales y a candidatas y candidatos a cargos públicos a no instrumentalizar la figura de la Violencia Política en Razón de Género con fines partidistas, al advertir que este uso indebido vulnera la lucha histórica de las mujeres, atenta contra la libertad de expresión y afecta de manera particular a los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, generando censura, incertidumbre y riesgos para la integridad de comunicadores y periodista.
Mujeres silenciadas por VPRG en otras entidades
Otro caso ilustrativo, ocurrió el 19 de febrero de 2025, cuando la periodista independiente Ruby Soriano recibió una notificación del Instituto Estatal Electoral de Puebla (IEE), en la que se le solicitaba contextualizar una publicación realizada en X, antes Twitter. En dicha publicación, Soriano señalaba que Elvira Graciela Palomares, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de Puebla, había formado parte de distintos partidos y alianzas políticas a lo largo de su trayectoria.
Aunque la periodista respondió que su publicación se limitaba a describir la carrera política de una funcionaria pública, el 25 de febrero el INE ordenó eliminar todas las publicaciones relacionadas con el tema como medida cautelar. Posteriormente, el 8 de marzo, Soriano fue citada para el desahogo de pruebas y alegatos, aun cuando la propia institución reconoció que no se había ejercido directamente violencia política en razón de género, sino que existían comentarios de terceros dentro de la publicación, por los cuales se le responsabilizó.
Este tipo de censura no solo ha arremetido contra periodista, Artículo 19 denunció que también se ha perpetuado contra ciudadanía crítica del poder. Tal es el caso de Sonora, donde la ciudadana Karla Estrella fue sancionada por el INE luego de publicar un tuit que cuestionaba posible nepotismo en favor de la diputada Diana Karina Barreras.
Como consecuencia, Barrera interpuso una denuncia por VPEG, y Karla fue sancionada obligada a disculparse por treinta días en sus redes sociales, debió tomar un curso sobre violencia de género y además fue registrada como agresora e infractora en el sistema electoral
Este uso indebido de la VPMRG, evidencia que, pese a los múltiples logros feministas alcanzados para frenar las violencias y desigualdades dentro de los espacios políticos, estas herramientas han sido utilizadas de manera distorsionada por hombres desde el poder y empleadas para beneficios individuales, quebrantando e ignorando los esfuerzos colectivos que durante años se llevaron a cabo para alcanzar una mayor igualdad sustantiva.
