Ciudad de México.— El pasado 23 de noviembre, vecinos del residencial Palmaris en Cancún, Quintana Roo, documentaron el momento en el que el juez José Luis Jonathan Yong Mendoza ejerció violencia de género contra su pareja. A partir de la actual difusión de las imágenes, colectivas feministas como 50+1 y el Colectivo Femenil Xtabay exigieron la investigación inmediata del caso, la destitución del funcionario y la protección integral de la víctima, así como garantías de acceso a la justicia con perspectiva de género.
En la fotografía que circula en redes sociales se observa a la mujer sentada en el suelo de una calle, descalza y con los brazos alzados en actitud defensiva, mientras el juez Jonathan Yong permanece de pie frente a ella sosteniendo un arma de fuego. La escena, registrada en un espacio público, fue señalada por organizaciones feministas no solo como un caso de violencia familiar, sino como un posible intento de feminicidio, al tratarse de una agresión que reúne elementos de riesgo extremo y que representa la expresión más grave de la violencia de género contra las mujeres.
La difusión del material provocó una amplia indignación social, alimentada por el historial de señalamientos por abuso de poder, violencia y corrupción que precede a Jonathan Yong. No obstante, uno de los aspectos que mayor alarma generó es que el funcionario fue electo recientemente como juez, en el marco de la primera elección judicial realizada en junio de este año. Dicho proceso consistió en la selección, mediante voto popular, de 881 cargos judiciales, entre ellos 386 personas juzgadoras, de las cuales Yong Mendoza resultó electo. Durante su campaña, promovió su supuesta especialización en justicia penal para adolescentes.
Antes de asumir funciones como juez, Jonathan Yong se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, Cancún, en 2016, cargo del que fue destituido en mayo de 2017. Al mismo tiempo más de 150 elementos policiacos denunciaran irregularidades, anomalías administrativas y la ausencia de procedimientos adecuados dentro de la corporación en ese periodo. Posteriormente, en 2021, ocupó el cargo de director de la Policía de Cancún.
Diversos medios de comunicación, entre ellos la Agencia SIM, han señalado que el nombre de Jonathan Yong aparece mencionado en el expediente 217/2021 de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en el que fue investigado por presunto lavado de dinero, derivado de la llamada “Operación Caribe”, ejecutada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR). En dicha operación se incautaron cajas de seguridad pertenecientes a una empresa financiera señalada como parte de una organización criminal con integrantes de nacionalidad rumana y mexicana que operaba en Cancún.
Más allá de los señalamientos que rodean su trayectoria, el caso de violencia de género contra su pareja evidenció las fallas estructurales del proceso de elección judicial, particularmente en lo relativo a los mecanismos para impedir que personas agresoras accedan a cargos de poder. Durante el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) implementó la Medida 8 de 8, un conjunto de lineamientos que buscaban garantizar que las personas candidatas a juzgadoras no contaran con antecedentes de violencia de género.
Sin embargo, la aplicación de esta medida resultó insuficiente. Para comprender su fracaso es necesario recordar que la 8 de 8 deriva de la Ley 3 de 3 contra la violencia, impulsada por la colectiva Las Constituyentes, con el objetivo de impedir que agresores de mujeres —incluidas personas deudoras alimentarias morosas y responsables de violencia sexual, familiar, política, psicológica o física— ejercieran cargos públicos. En su reinterpretación, el INE estableció como requisito la existencia de una sentencia condenatoria firme, dejando fuera de consideración procesos judiciales en curso, denuncias activas y señalamientos documentados.
Como resultado, días después de la elección, el Consejo General del INE informó la existencia de 26 expedientes abiertos para investigar a candidaturas que incumplieron la Medida 8 de 8. De estos, solo 11 derivaron en casos vinculados directamente con violencia de género, pese a que desde meses antes organizaciones feministas habían advertido la ausencia de filtros efectivos para detectar agresores de mujeres e infancias. A este fenómeno lo denominaron “el clan de las togas”, una red de perfiles cuestionables que logró colarse al sistema judicial.
Cabe señalar que México atraviesa una crisis estructural de violencia de género, que incluye casos que involucran a hombres que ocupan posiciones de poder. El caso de Jonathan Yong no es un hecho aislado, sino un síntoma de un sistema que privilegia acuerdos políticos y trayectorias opacas por encima de la vida, la seguridad y los derechos de las mujeres, incluso dentro de los espacios encargados de impartir justicia.
