Ciudad de México.- Mientras el ambiente festivo se apodera de hogares y calles para despedir el año, miles de familias de personas desaparecidas viven estas fechas con el dolor de la ausencia y una silla vacía en la mesa a causa de la violencia desmedia que atraviesa el país, una realidad que persiste aun en medio de las celebraciones y que mantiene vigente su exigencia de verdad y justicia.
La crisis de desaparecidos que enfrenta México deja entrever que las fiestas decembrinas no son iguales para todas y todos. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO),al corte del 31 de diciembre de 2025 se contabilizaron 133 mil 482 personas desaparecidas.
Del total de los casos registrados, 29 mil 743 son mujeres. Aunque en el registro se abarcan edades que van de los cero a más de 80 años, el grupo con mayor incidencia corresponde a mujeres de 15 a 19 años, seguido por niñas de 10 a 14 años y mujeres de 20 a 24 años.
Asimismo, en al menos nueve entidades del país la desaparición de mujeres supera a la de hombres: Estado de México, Puebla, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.
A pesar de esta creciente problemática, la justicia para las víctimas en México es casi inexistente, pues según Impunidad Cero, entre 2019 y 2022 la impunidad por el delito de desaparición alcanzó el 99.6 por ciento a nivel nacional. Esto coincide con datos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), que indican que, solo entre 2 y 6 por ciento de los casos fueron judicializados y que apenas se emitieron 36 sentencias, hasta 2021.
Una crisis que se esconde
Tan solo en 2025, se registraron diversos episodios que dejaron una herida profunda en la historia reciente del país, como el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizadas alrededor de 400 prendas de vestir, pares de zapatos y objetos personales en lo que colectivos identificaron como un campo de exterminio, así como la acumulación de más de 300 cuerpos en un crematorio de Ciudad Juárez.
A estos hechos se suman la modificación de la Ley General en Materia de Desaparición para crear una nueva plataforma de datos sin incorporar las propuestas de las colectivas de búsqueda, así como la revictimización de los cuerpos por parte del personal del INCIFO y el mandato de quitar fichas de búsquedas en pueblos mágicos en Veracruz, situaciones que han demostrado el nulo compromiso por parte del Estado.
Este año, varios casos de desaparición de mujeres han sacudido al país. Uno de ellos fue el de Ana Amelí, quien desapareció el 12 de septiembre, tras realizar una caminata en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Un mes después, en el Estado de México, la joven estudiante Kimberly Moya González desapareció el 2 de octubre después de salir de su casa para ir a la papelería, y desde entonces se desconoce su ubicación en el municipio de Naucalpan; en ambos casos la información sobre su paradero es nula, por lo que sus familiares siguen clamando por justicia.
Crónica. Buscar en el Ajusco a Ana Ameli, su hija desaparecida
Asimismo, este año se localizaron mujeres víctimas de feminicidio que habían estado desaparecidas durante meses. Tal fue el caso de la defensora Sandra Domínguez, encontrada muerta en abril tras seis meses de ausencia; de manera similar, en agosto se denunció la desaparición de la madre buscadora Karina Juárez en Zacatecas, quien fue hallada muerta un mes después.
Pese a esta realidad, el pasado 27 de octubre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las desapariciones en el país están “vinculadas con la delincuencia organizada en la gran mayoría de los casos”, una declaración que deja entrever la negativa del Estado a reconocer su posible participación en este delito.
Sin embargo, en entrevista con Cimacnoticas con la periodista Sandra Romandía, el pasado mes de noviembre, explicó que el crimen organizado no puede desaparecer a más de 130 mil personas sin colusión, amparo o protección de las autoridades.
Esta postura del gobierno, añadió, no solo perpetúa la impunidad, sino que también revictimiza, ya que “al negar, omitir o minimizar la colusión, la negligencia o la incapacidad para frenar estas desapariciones, el Estado está volviendo a desaparecer a los desaparecidos, además se les niega a las familias buscadoras, el reconocimiento como víctimas».
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Cabe señalar que no es la primera vez, en lo que va del año, que el Estado mexicano intenta negar su participación. En abril pasado, luego de que el CED activó el artículo 34 al considerar que las desapariciones en México son sistemáticas y generalizadas, el entonces presidente del Senado, Gerardo Noroña, declaró que era “falsa e injusta” la especulación sobre la existencia de una crisis de desapariciones en el país.
Esta postura de oposición resulta especialmente crítica, ya que la decisión de activar dicho artículo fue histórica incluso para el propio CED, al tratarse de la primera vez que estas medidas se aplican a un país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, implica un reconocimiento de que México ha sido incapaz de contener esta problemática, lo que ha dado lugar a la intervención de organismos internacionales.
Esta negación de la crisis de desapariciones que atraviesa México se refleja en el presupuesto limitado destinado a la búsqueda de personas desaparecidas, pues de acuerdo con Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva, en 2024 la federación y los gobiernos estatales asignaron apenas 0.036 por ciento de su gasto conjunto a tareas de búsqueda e identificación.
Madres buscadoras
Esta realidad por la que atraviesa el país, recae principalmente en las madres buscadoras, quienes no solo continúan sosteniendo y cuidando sus hogares, sino que también permanecen al frente de las labores de búsqueda e investigación de sus hijas e hijos, pese al riesgo constante al que se enfrentan todos los días y sin el respaldo del gobierno en turno.
Cabe señalar que, de acuerdo con Amnistía Internacional, el ser buscadora ha sido catalogado como una actividad de “alto riesgo”. Entre febrero de 2011 y mayo de 2025 se registraron 30 asesinatos de personas buscadoras, de las cuales 16 fueron mujeres (once madres, dos hermanas, dos esposas y una activista). Estos crímenes ocurrieron después de que las víctimas reportaran amenazas, ya sea de forma pública o ante las autoridades, y en varios casos tras el hallazgo de fosas, la identificación de restos o la detención de presuntos responsables.
Entre las afectaciones reportadas por estas mujeres buscadoras se encuentran diversos derechos como la vida (amenazas); a la integridad (secuestros, ataques físicos), a la circulación y residencia (desplazamiento interno); a la igualdad y no discriminación; así como a derechos económicos, sociales y culturales (problemas de salud y empobrecimiento)
En medio de la crisis de desapariciones, de la violencia sistemática contra las madres y familias buscadoras y de la negativa del Estado a atender esta realidad de manera oportuna, México llega a 2026 con cientos de sillas vacías y familias exhaustas por la revictimización institucional, atrapadas en la espera de que ese integrante ausente pueda, algún día, volver a casa.
