Ciudad de México.— A cinco años de la aprobación de la Ley 27.610 en Argentina, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, su implementación enfrenta obstáculos que amenazan el ejercicio efectivo de este derecho, una situación que se agravó durante 2025 en un contexto de avance de la ultraderecha argentina encabezada por el presidente Javier Milei.
Esta situación fue expuesta por Amnistía Internacional (AI), que informó que tan solo en el año pasado la organización recibió más de 400 denuncias por barreras en el acceso al aborto, una cifra que triplica la registrada el año anterior y que, si bien no refleja la totalidad del panorama territorial, ante la ausencia de datos oficiales, evidencia el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres.
Amnistía Internacional denunció que el desmantelamiento de derechos es consecuencia del gobierno ultraconservador de Javier Milei, quien incluso antes de asumir la presidencia ya se había posicionado en contra del aborto bajo el argumento de una supuesta protección a la vida, al sostener que, si bien las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, el producto de un embarazo sería otro cuerpo con autonomía propia.
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Entre las principales medidas encontradas está la suspensión de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona, insumos esenciales para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Como consecuencia, en hospitales públicos se informó a las mujeres que no hay medicación disponible y se les exigió adquirirla por cuenta propia, pese a que su provisión es una responsabilidad indelegable del Estado.
Paralelo a ello, se documentaron casos de consejerías disuasorias (prácticas que buscan hacer desistir a una mujer de abortar), maltratos y prácticas de hostigamiento orientadas a forzar un cambio de decisión, lo que vulnera la autonomía de las mujeres que buscan interrumpir su embarazo e interfiere directamente en su derecho a decidir y a ejercer control sobre sus propios cuerpos.
A esto se suma la ausencia de información oficial sobre este derecho, pues actualmente no hay campañas de difusión; la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley.
Del total de casos que Amnistía Internacional recibió en lo que va de 2025, casi el 60 % corresponde a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto, por lo que, sin información pública, las mujeres no saben dónde ir ni cómo exigir que sus derechos se cumplan.
A ello se suma el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), pese a su impacto comprobado en la reducción del embarazo adolescente, así como una drástica disminución en la distribución de métodos anticonceptivos, hormonales de emergencia y pruebas de embarazo, herramientas fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, sus vidas y sus proyectos.
Desde que Javier Milei subió al poder en diciembre de 2023, las políticas de género dieron un giro drástico, ya que se desmantelaron programas claves para la eliminación de la violencia por razones de género y el avance de los derechos de las mujeres. El informe «A diez años de #NiUnaMenos. Retrocesos en las políticas de género en la era de Milei», denunció la desjerarquización del «Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad» en 2019 a su transformación en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género en 2023.
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Además de la política PLAN ENIA, otras fueron desmanteladas como Programa Acompañar, que fortalecía la independencia económica de las mujeres que están en riesgo de violencia de género; la línea 144, para brindar atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género; la Ley Micaela que se deriva de la Ley 27.499 y establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres para quienes desempeñan una función pública; o la Red de Asistencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, para implementar políticas de prevención, asistencia, protección, fortalecimiento y abordaje especializado e integral de las violencias de género, entre otras.
Marea Verde: un faro para América Latina
Esta serie de retrocesos se presentan, pese a que la Ley 26.710, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, sea una victoria legislativa fue el resultado de décadas de organización, debates plurales y de la movilización del movimiento de mujeres, que logró instalar en la agenda pública la urgencia de garantizar el derecho a decidir.
A lo largo de estos años se registraron avances significativos que evidencian que el acceso al aborto, en condiciones seguras, mejora la vida y la salud de las mujeres. Datos de Amnistía Internacional señalan que, entre 2021 y octubre de 2023, más de 245 mil personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud; la disponibilidad de información, insumos y atención de calidad permitió que el 90 % de las interrupciones se realizaran durante el primer trimestre, y se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la ILE.
Estos avances en materia de derechos sexuales y reproductivos en Argentina fueron posibles gracias al movimiento feminista de la Marea Verde, cuyo origen se remonta a 1983, tras el fin de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional. A partir de 1986, los Encuentros Nacionales de Mujeres consolidaron una organización feminista con una agenda política propia, que incluyó la lucha por el aborto legal.
En 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito marcó un punto de inflexión al impulsar proyectos de ley y estrategias de incidencia política para garantizar este derecho. Posteriormente, en 2015, la adhesión del movimiento Ni Una Menos fortaleció la movilización feminista y articuló diversas agendas en una lucha común.
Tras años de activismo, en 2018 se consolidó la Marea Verde, una ola de lucha que trascendió las fronteras de Argentina y convirtió el pañuelo verde en un símbolo regional de resistencia, derechos reproductivos y justicia social
El emblema fue inspirado en la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, que en 1977 utilizaron pañuelos blancos para exigir justicia por sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura, el pañuelo verde retomó esa tradición de resistencia y defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en un ícono de la lucha feminista por el derecho a decidir y en un símbolo de unidad.
Estos hitos históricos en materia de derechos sexuales y reproductivos encabezados por Marea Verde, no solo se inscribió en una ola regional de lucha por los derechos de las mujeres, sino que se convirtió en un faro de referencia para otras mujeres de América Latina, quienes se inspiraron en esta experiencia y llevaron el movimiento a sus propios territorios.
