Ciudad de México.- Las mujeres jornaleras, pilares de la economía y seguridad alimentaria de México, continúan enfrentada precariedad laboral, violencia, brechas salariales, negación de servicios de salud, una carga de trabajos de cuidados no remunerados, así como barreras estructurales que fueron documentadas por la Red de Mujeres por el Trabajo Justo, en su más reciente informe “Sembrando cambio”.
De acuerdo con cifras documentadas, se estiman que hay 368 mil trabajadoras agrícolas que representa el 12.7% de la población total en el sector, de las cuales el 48% de las trabajadoras se encuentra en situación de pobreza multidimensional, 33.9% en pobreza moderada y 14.5% en pobreza extrema.
Este panorama es consecuencia de la violación de los derechos laborales de las trabajadoras agrícolas, el cual comienza desde su “proceso de reclutamiento”. Las entrevistadas comentaron que, generalmente, pactan verbalmente sus condiciones laborales con diversos tipos de intermediarios como camioneros, anotadores, mayordomos, jefes de cuadrilla; sin embargo, en muy pocas ocasiones se les entrega un contrato a firmar.
Las empresas agrícolas que emplean a las trabajadoras se aprovechan de su inexperiencia y necesidad para ofrecer pésimas condiciones laborales o mentir sobre estas, por lo que mayoría en el sector no accede a vacaciones, pago de prima vacacional, aguinaldo y utilidades (o parte proporcional, según corresponda).
La carencia de contratos se replica en todo el país, se estima que alrededor del 90% de las personas trabajadoras en el campo no cuentan con un contrato, según datos recopilados por el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Esta problemática es aún más común para las trabajadoras migrantes e indígenas, pues las empresas se aprovechan de su situación de vulnerabilidad, el desconocimiento de sus derechos laborales y la carencia de otras oportunidades laborales.
Asimismo, las empresas no cumplen con su obligación de brindar seguridad social a sus trabajadoras; por ello, a lo largo de su trayectoria laboral, las mujeres jornaleras, tienen más empleos sin seguridad social. Incluso cuando los empleadores ofrecen brindan seguridad social, en realidad otorgan “pases” u “órdenes” para la atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), crenado una falsa sensación de aseguramiento, ya que solo proporciona atención médica eventual y no cuentan con cotizaciones para pensión, según denunció la Red.
Feminización de sus labores y brecha salarial
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio del pago del jornal es de 228 pesos para hombres y 201 pesos para mujeres. Esta desigualdad se presenta, aunque las mujeres trabajan igual que los hombres. Aunque ellas tienen que demostrar constantemente su valía, creando un ciclo constante de presión para mantener o superar su productividad.
Esta persistencia de brecha salarial, explica el informe, es consecuencia de la distribución diferenciada de tareas según el género. De acuerdo con los testimonios, el acceso a determinados puestos o actividades está condicionado por estereotipos sobre las habilidades “naturales” de hombres y mujeres.
Por ejemplo, a los hombres se les asignan labores que implican fuerza física o el uso de maquinaria, mientras que a las mujeres se les excluye de estas funciones y se les destina a tareas como la recolección de frutas o la limpieza, bajo el argumento de que su “delicadeza” las hace más aptas para ese tipo de trabajo. Ante ello, las trabajadoras relatan que las tareas que realizan los hombres son más valoradas y, por tanto, mejor pagadas; mientras tanto, las actividades reconocidas como “feminizadas” y “aptas” para mujeres tienen menor remuneración.
Además, dentro de sus hogares los trabajos asignados por su género no terminan. Las trabajadoras agrícolas, en su mayoría, tienen a su cargo el cuidado de sus hijas e hijos y, algunas veces, también cuidan de sus madres o padres, lo cual les genera una doble jornada de trabajo, afectando su crecimiento en la empresa y sus ingresos económicos. La inasistencia de las niñas y niños a las guarderías debilita sus oportunidades de desarrollo y de inserción en educación inicial, incrementando el riesgo de que se inserten en dinámicas de trabajo infantil, perpetuando ciclos de pobreza.
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Asimismo, ante la ausencia de políticas de cuidado, hay mujeres que no logran compaginar sus responsabilidades domésticas y laborales, por lo que suelen renunciar a sus trabajos para dedicarse por completo al cuidado. Cabe señalar que de 2012 a 2024 el número de guarderías de campo se redujo en un 50%, pasando de 13 guarderías en enero del 2012 a 7 guarderías en enero del 2024, según indica el informe de la Red.
Violencia y acoso
Sumado al incumplimiento de sus derechos laborales, el informe refiere que las mujeres jornaleras entrevistadas denunciaron la existencia de un ambiente generalizado de acoso y hostigamiento en sus lugares de trabajo. Se trata de una consecuencia ante la ausencia de medidas efectivas por parte de las empresas para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, situación que ha marcado el trabajo agrícola por casos de acoso laboral y sexual constantes.
“Le digo a mi esposo que a mí me da miedo que vaya a trabajar por eso, le digo de que a veces los hombres malinterpretan las cosas y eso, pero me dice él que no”, declaró una trabajadora agrícola de manera anónima.
Las jornaleras refieren que esta problemática la enfrentaron en distintos momentos de su vida laboral y en diversas empresas. Muchas de las trabajadoras no recurren a mecanismos de justicia oficiales, ya sea por desconfianza, miedo, desconocimiento o inexistencia de protocolos adecuados de atención o debido al riesgo que implica para la continuidad de sus labores.
Asimismo, se enfrentan a la indiferencia y omisiones de sus compañeros de trabajo y supervisores, ya sea porque estos son los sus agresores o asumen que no habrá consecuencias. El temor se agrava ante las amenazas de represalias, que pueden ir desde la asignación de tareas más pesadas o traslados a zonas lejanas, hasta despidos injustificados, siendo las trabajadoras más jóvenes o con menor antigüedad quienes suelen estar más en riesgo de estas situaciones de vulnerabilidad.
La obligación patronal bajo vigilancia
Para abordar estas barreras y garantizar el trabajo justo, la Red de Mujeres por el Trabajo Justo exige vigilar y sancionar el incumplimiento de la obligación patronal de entregar contratos escritos y de llevar el padrón de trabajadoras temporales; además de realizar campañas informativas masivas y culturalmente pertinentes (incluyendo lenguas indígenas) sobre los derechos laborales (contrato, seguridad social, salario, jornada, etc.) y los mecanismos existentes para denunciar violaciones (incluyendo canales para denunciar corrupción de funcionarios).
Además, investigar a fondo y sancionar la práctica de emitir “pases” de salud en lugar de afiliación formal, incluyendo la colusión de funcionarios del IMSS, así como capacitar al personal del IMSS en derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad para brindar atención digna y de calidad, eliminando barreras lingüísticas y discriminación.
Junto con ello, aumentar significativamente la oferta y cobertura geográfica de las “Guarderías de Campo” del IMSS, asegurando que sus horarios y calendarios se adapten a los ciclos agrícolas. Promover activamente su uso entre padres y madres trabajadoras, eliminando sesgos de género en la comunicación.
Para erradicar la violencia, recomendaron solicitar que las empresas agrícolas desarrollen e implementen protocolos basados en el Convenio 190 de la OIT, para prevenir, atender y sancionar el acoso y la violencia contra las mujeres, con canales de denuncia confidenciales, seguros, accesibles y considerando diversidad lingüística.
