Ciudad de México.- El pasado 7 de enero, la ciudadana Renee Nicole Good fue asesinada en Mineápolis, Estados Unidos, por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de una redada migratoria. Ahora, su muerte se suma a otros casos documentados donde mujeres detenidas fueron sometidas al uso de la fuerza excesiva durante los operativos migratorios.
La noche en que Renee Nicole Good fue asesinada, en Estados Unidos se desplegaron diferentes manifestaciones por las ciudades de Mineápolis, Seattle, Nueva York, Chicago, Evanston, Boston, Ventura, Tucson, Phoenix, Columbus, Portland y San Antonio contra los agentes de ICE. La población estadounidense mostró su descontento ante la criminalización de quienes protegen a las personas migrantes y a estos mismos de las redadas migratorias.
De acuerdo con los videos e imágenes difundidos en medio de un altercado con las autoridades migratorias, la mujer conducía su camioneta cuando un agente de ICE trató de bloquear el paso al vehículo y la asesinó con un arma de fuego.
Renee Nicole Good de 37 años no era activista ni defensora, sino una ciudadana estadounidense que protegía a sus vecinos de la redada. Estudio la carrera de escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk en Virginia y también se graduó de la Facultad de Artes y Letras de la misma universidad. Tras su muerte, su hijo de seis años quedo al cuidado de su pareja.
Desde su cuenta de Truth Social, Trump calificó a Renee Nicole Good como una «agitadora social» y también por haber atropellado a un oficial de ICE, aunque dicho acto no se muestra en los videos y fotografías capturados del incidente. De la misma manera, Kristi Noem, secretaría del Departamento de Seguridad Nacional, la señaló por «terrorismo doméstico».
En el mismo estado en que fue asesinada, también ocurrió la muerte del afro estadounidense George Floyd el 5 de mayo de 2020 cuando el agente Derek Chauvin esposó al hombre reteniéndolo en el suelo y la presión ejercida sobre el pavimento terminó con su vida. Esto ocurrió durante la primera gestión del presidente Donald Trump (2017-2021) y desató una serie de manifestaciones ante casos similares de racismo y xenofobia. La historia se repite en su segunda administración, esta vez contra una mujer.
Debajo de la bota militar, estarán mujeres, niñas y adolescentes migrantes – cimacnoticias.com.mx
Cuando la persona arrestada es una mujer migrante
La violencia a mujeres por parte de autoridades como la CBP, la Patrulla Fronteriza y ICE no es menor y se recrudece cuando son migrantes y el territorio esta militarizado. Diversos informes como el de Human Rights Watch advierten casos de abuso físico durante la detención, abuso sexual, trato discriminatorio y deshumanizante, negación de alimentos y atención médica, así como intimidación de solicitantes de asilo y denegación del debido proceso.
De acuerdo con Paulina Córdoba Cantú de la Universidad Iberoamericana en su investigación ‘Impacto de la militarización de las políticas migratorias en las mujeres migrantes en el territorio mexicano’, el sistema patriarcal provoca que las mujeres sufran violencia de matera diferenciara debido al factor de género. A esto se suma que, por su situación de movilidad, la búsqueda de mejores oportunidades sea otro elemento determinante para exponerse a dicha violencia durante su trayecto.
Las omisiones e inacciones del Estado mexicano y de sus instituciones permiten la vulnerabilidad de las mujeres migrantes desde la negación a servicios de atención médica, asistencia legal y refugios seguros. «Con frecuencia, las autoridades no solo desatienden los derechos humanos fundamentales de las migrantes, sino que también contribuyen activamente a su victimización a través de detenciones arbitrarias y maltratos», menciona Paulina Córdova.
Migrar en territorio militarizado, consecuencias para mujeres – cimacnoticias.com.mx
Lorena Cano, coordinadora de la clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), documentó que entre 2021 y 2022 se contabilizaron 5 mil 382 delitos cometidos contra personas migrantes en Estados Unidos, y el 20 por ciento fueron contra mujeres. Los delitos más frecuentes fueron el abuso sexual, la violencia familiar, el secuestro y el feminicidio.
Del total de delitos, solo 116 resultaron con una sentencia definitiva, aunque no necesariamente condenatoria, es decir, el acceso a la justicia apenas tuvo una efectividad del 2 por ciento. Algunos delitos son cometidos por las propias autoridades, tanto federales como estatales. Por lo que, en casi ningún escenario, la justicia y la reparación del daño se ha hecho efectiva para las migrantes.
Los arrestos de ciudadanas ante redadas de ICE
Las deportaciones masivas han sido una de las estrategias fundamentales de la política migratoria de Donald Trump desde que inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025. Gracias a una serie de ordenes ejecutivas se determinó la suspensión de programas para el reasentamiento de refugiados; la cancelación de las citas en la aplicación CBP One; la catalogación de pandillas y carteles como terroristas; retomar la construcción del muro fronterizo; implementar la política pública “Quédate en México”; la detención de vuelos migratorios; el cierre de la frontera junto a su militarización; y el uso de redadas simultaneas, para expulsar a las personas migrantes del país.
De acuerdo con un informe del medio independiente ProPublica, ante la ausencia de datos y registros por parte del gobierno, el medio logró mapear al menos 170 casos de detenciones durante una redada o protesta ocurrida durante los primeros nueve meses de la segunda gestión de Trump. De estos, al menos 20 personas permanecieron más de un día sin poder llamar a sus familiares o pedir defensa legal.
La información señala que, la violencia se intensificó cuando en septiembre de 2025 la Corte Suprema de los Estados Unidos accedió a que los agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con ese permiso, no solo llevaron a cabo a cabo las detenciones sino una serie de violaciones a derechos humanos que implicó casos extremos de violencia física.
Las detenciones no solo se llevaron a cabo contra quienes posiblemente se encontraban habitando el territorio estadounidense de forma indocumentada, sino a aquellos señalados por interferir o agredir a los oficiales de ICE. De los 170 arrestos, 130 fueron en contra de personas funcionarias y aquellas acusadas de agredir u obstaculizar a las autoridades migratorias.
A Sabrina Medina de 28 años la arrestaron en Huntington Park, Los Ángeles, mientras los agentes de ICE buscaban a su marido quien es indocumentado. En el caso de Cary López Alvarado de 28 años fue detenida en un aparcamiento privado en la ciudad de Hawthorne, California. De la tercera mujer que completa la lista no se sabe su nombre, pero los medios locales reportaron que la sacaron de un auto estacionado frente a un restaurante mexicano.
Todas ellas se encontraban embarazadas en el momento del arresto, una de ellas ya la habían enterregado en su hogar con la presencia de la propia Kristi Noem, secretaría del Departamento de Seguridad Nacional. ProPublica también detectó 10 niñas y niños arrestados, dos de ellos con padecimientos de cáncer y cuatro retenidos con sus madres indocumentadas sin poder acceder a la asistencia legal.
Otro caso particular expuesto en el informe es el de Andrea Vélez, acusada de agredir a un agente mientras llegó a su trabajo, en el cual se estaba llevando una redada contra vendedores ambulantes en el centro de Los Ángeles. Los agentes de ICE dieron por sentado que no hablaba inglés y le quitaron su teléfono acusándola de colaborar con otro ciudadano detenido ese día acusado por agresión.
La mujer pasó dos días detenida, siendo este el tiempo máximo que los funcionarios federales pueden retener a una persona sin imponer un cargo en cumplimiento con lo establecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos. En ese tiempo, no le permitieron llamar a un familiar o solicitar asistencia legal y más tarde, un juez desestimo las acusaciones en su contra.
El informe también refiere que no hay espectadoras para que agentes de ICE rindan cuentas por su conducta incluso cuando detienen a la ciudadanía estadounidense. Las vías para demandar son limitadas tomando en cuenta que la persona pueda identificar a quien la detuvo: “De hecho, el gobierno desmanteló la oficina que investigaba las denuncias de abusos por parte de los agentes”, señala ProPublica.
